Toxicología ve un "riesgo inaceptable" para la salud en las tierras de Abandoibarra contaminadas

El Instituto Nacional de Toxicología ha concluido que la existencia de tierras tóxicas en Abandoibarra, el área de expansión urbana en el centro de Bilbao, supone un "riesgo inaceptable" para su utilización como zona residencial "en lo que a la protección de la salud se refiere". El informe, aportado el pasado 19 de mayo al juzgado de Bilbao que investiga este caso desde hace un año, confirma altas concentraciones de cadmio en el suelo y, en una de las cuatro muestras, detecta también la presencia de cromo. Concluye por ello la peligrosidad que representan estas concentraciones en áreas de juegos infantiles o de parques y huertas, aunque no se pronuncia sobre el efecto que pueden tener en los edificios y las zonas urbanizadas.

Este organismo ya certificó, en otro estudio realizado en noviembre, que el solar de Abandoibarra superaba hasta diez veces los niveles tolerables establecidos por el Gobierno vasco para el cadmio. Entonces aseguró que esos valores podían requerir una intervención dependiendo del uso al que se destine el suelo.

La existencia de suelos contaminados en Abandoibarra, donde se está terminando el movimiento de tierras para construir los principales edificios de la zona, fue objeto de una denuncia por parte de la asociación ecologista Lur Maitea en junio de 2004. Alegó un presunto delito contra el medio ambiente en el traslado de materiales tóxicos desde el solar bilbaíno hasta una finca rural en Zamudio por parte de la empresa constructora Enrique Otaduy. La asociación aportó dos informes técnicos elaborados por la empresas Idom y Adirondack, que concluían la existencia de diez productos tóxicos, como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo, zinc y sulfuros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, encargado del caso, llegó a paralizar, durante unos días en julio de 2004, el traslado de tierras desde Abandoibarra a la finca de Zamudio y ordenó a la Policía Municipal de Bilbao y la Guardia Civil que investigasen los hechos. La Ertzaintza también intervino en las diligencias cuando estuvieron en otro juzgado bilbaíno y, como público este periódico, zanjó la investigación con únicamente dos llamadas telefónicas a la constructora denunciada.

Las muestras que tomaron agentes de la Policía Municipal bilbaína son las analizadas en su último informe por el Instituto Nacional de Toxicología. El organismo asegura en su valoración de los resultados que, basándose en los índices de evaluación de la calidad del suelo de la sociedad pública ambiental vasca Ihobe, "cabe destacar la concentración de cadmio en todas las muestras", a lo que se añade el cromo en una de las cuatro extraídas en la zona.

En consecuencia, concluye que estas tierras presentan "un riesgo inaceptable" para su utilización como "área de juego infantil o para una zona residencial con huerta" en lo referente a la "protección de la salud". Añade que, sobre la protección de los ecosistemas, se mantiene la existencia de riesgo "si bien éste es aceptable".

El Instituto de Toxicología no ofrece una valoración sobre otra de las cuestiones planteadas por el juzgado, que le preguntó si la construcción sobre un terreno contaminado puede afectar, además de la salud de las personas y el medio ambiente, a la estructura de los edificios. "Consideramos que dicha cuestión excede de lo que nuestra capacitación como toxicólogos nos permite responder", dice el informe.

Continuan los traslados

La asociación ecologista Lur Maitea ha asegurado que en este caso hay una "connivencia" para obtener "pingües beneficios" entre varias entidades públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Bilbao, la sociedad Bilbao Ría 2000 que vendió los terrenos, la constructora Otaduy y la sociedad pública ambiental Ihobe. A juicio de la organización denunciante, existe un "gran pelotazo inmobiliario" del que se benefician empresas como la constructora Vallehermoso, a la que le ha reprochado que haya continuado con el traslado de materiales tóxicos a otros lugares que desconocen.

La sociedad Bilbao Ría 2000 ha declinado cualquier responsabilidad en este caso. Ha aducido que, según los datos proporcionados por el Gobierno vasco, el área estaba limpia y no figuraba en el censo de suelos potencialmente contaminados que realizó el Ejecutivo.

La sociedad Ihobe afirmó, cuando se destapó este asunto en el verano del pasado año, que desconocía el traslado de tierras contaminadas a una finca de Zamudio y que el Ayuntamiento de esta localidad sólo le pidió datos para acondicionar el vertedero donde dejaron las tierras.