Unas 1.600 mujeres se prostituyen en locales de alterne de las carreteras
Valencia, con 86, lidera el número de prostíbulos por delante de A Coruña, Almería y Alicante
El territorio valenciano registra uno de los mayores índices de clubes de alterne de todo el Estado, con 168 locales, donde se prostituyen cerca de 1.600 mujeres, el 99% extranjeras. Según un estudio de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc), Valencia, con 86 de estos establecimientos, lidera el listado de provincias con mayor número de ellos, seguidade A Coruña (68), Almería (64) y Alicante (58). La ausencia de normas administrativas sobre la prostitución facilita este mercado humano. El apoyo policial por sí solo resulta insuficiente para combatirlo.
14 adolescentes denunciaron en 2004 su explotación sexual en estos locales
En el informe Tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, realizado a partir de las inspecciones en clubes de carreteras en 2003 y 2004, la asociación del instituto armado indica que se estima que ocho de cada diez mujeres que se prostituyen lo hace en estos establecimientos. Mediante entrevistas con las mujeres dedicadas a las relaciones sexuales pagadas, en 2004, al menos 1.590 eran víctimas de la explotación sexual en la Comunidad Valenciana. El 99% del total es extranjera. Según sus cifras, el número de mujeres que se prostituyen se redujo el pasado año en 200 con respecto a 2003.
En cuanto a menores, el pasado año 14 adolescentes denunciaron ser víctimas de la explotación sexual en los citados locales. De ellas, 11 eran extranjeras; y el resto, españolas. Castellón fue la provincia con más denuncias, 10 en total (nueve extranjeras); en Alicante, cuatro. Este sindicato remarca las extraordinarias dificultades a las que se enfrentan las mujeres extranjeras para denunciar su condición de víctimas de la explotación sexual. Pese a los beneficios que acarrea a las víctimas denunciar a sus proxenetas, la Asigc lamenta que en la práctica es "costoso" en tanto que las mujeres deben aportar información esencial que contribuya a desmantelar la red. Además, la situación de "necesidad económica" que padece la gran mayoría de las víctimas inmigrantes, acuciadas por las cargas familiares en sus países de origen, las disuade de recurrir a los cuerpos de seguridad del Estado. "Esto hace que las víctimas consideren poco realista las alternativas que les oferta el Gobierno español", apunta el estudio del sindicato de la Guardia Civil. Con la reforma del Código Penal en 2003, la Justicia castiga a aquellos que empleen violencia, intimiden o engañen a mujeres para ejercer la prostitución, aunque los autores cuenten con el consentimiento de las víctimas.
La asociación considera que se ha producido un cambio: "Hace pocos años se engañaba totalmente a las mujeres en los países de origen con el argumento de que vendrían a trabajar como camareras o asistentes de hogar. Una vez en España se encontraban encerradas en clubes obligadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Ahora muchas de las mujeres se captan e incluso se ofrecen ellas mismas a las organizaciones, sabiendo desde el primer momento que van a trabajar como prostitutas.
El informe del sindicato de la Guardia Civil señala que el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual es un fenómeno cuya dimensión es difícil de evaluar, debido a que sus características hacen imposible acumular datos suficientes para describirlo con exactitud.
Del análisis de los datos de que se dispone aprecia que es un fenómeno relevante debido sobre todo a la gran implantación de establecimientos en los que es posible ejercer la prostitución, lo que facilita la llegada de víctimas extranjeras.
La ausencia de normas administrativas sobre la prostitución también facilita este mercado humano, mientras que el estado de vulnerabilidad de las mujeres explotadas dificulta la formalización de denuncias, por lo que el apoyo policial por sí solo resulta insuficiente para combatirlo. En el ámbito de lo penal, en España este fenómeno no está contemplado como tal en el ordenamiento jurídico, pero las diferentes conductas que lo integran sí que están recogidas por separado.
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