La Generalitat pide cautela sobre el reconocimineto del catalán en la UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tendrán hoy la última palabra sobre el reconocimiento del catalán en Europa. Tras una primera reunión que los Veinticinco celebrarán a nivel de representantes permanentes ante la UE, los ministros deben decidir si dan categoría de "idioma de uso oficial" en la Unión al catalán, al gallego y al euskera. La delegada del Gobierno de la Generalitat en Bruselas, Anna Terrón, pidió ayer "cautela" ante la cita, y recordó las reservas expresadas al respecto por Holanda.
Las reservas holandesas han causado "una semana de retraso" en la decisión, y Terrón admitió que el no de Francia y Holanda a la Constitución europea todavía "ha complicado" más el reconocimiento del catalán. La posición de La Haya consiste en no complicar más el proceso de construcción europea. En los Países Bajos existe el frisón como lengua minoritaria.
La presidencia luxemburguesa de turno someterá una propuesta de compromiso que recoge en lo sustancial las aspiraciones españolas, aunque no mediante la reforma del reglamento lingüístico 1/58 de la UE, porque ello conllevaría la modificación del Tratado, según fuentes comunitarias.
España solicitó el 13 de diciembre, vía memorando, "el reconocimiento oficial en la UE de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España". El documento citaba "el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la de las Islas Baleares y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana".
Para reconocer el uso de estas lenguas, el Gobierno proponía que se realizara una "modificación del vigente Reglamento 1/1958, en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión". Tras estudiar la petición española, la presidencia luxemburguesa ha llegado a la conclusión de que no es jurídicamente posible modificar el reglamento sin cambiar el Tratado, pero ha presentado una vía alternativa que permitiría el uso de esas lenguas en las instancias europeas en las condiciones prácticas apuntadas por España.
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