La Comunidad impartirá cursos de conducción ecológica como parte de un plan para mejorar la calidad del aire

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó ayer un plan destinado a mejorar la calidad del aire en la Comunidad. El nuevo plan comprende, entre otras las siguientes actuaciones: la reforestación de 8.000 hectáreas de monte, lo que equivale a una superficie de casi cinco veces la Casa de Campo; la incorporación de 82 nuevos kilómetros de carriles-bici en los nuevos desarrollos urbanísticos y 10.000 cursos gratuitos a conductores para ahorrar combustible.

El plan presentado ayer consta de 30 medidas que, a corto y largo plazo, según la Comunidad, serán aumentadas hasta 100 encaminadas a limpiar el cielo de Madrid. Estas 30 primeras medidas tienen un presupuesto de 73,6 millones de euros, "sin contar con los 4.000 millones de euros que costará la ampliación de la red de metro que permitirá que circulen cada día 22.000 vehículos menos que dejarán de emitir 30 toneladas diarias de CO2 a la atmósfera".

Entre las 30 medidas se incluye la renovación de la flota de la Comunidad de Madrid con vehículos ecológicos. Un portavoz de Medio Ambiente afirmó ayer que la Comunidad ya está en conversaciones con las empresas adjudicatarias de las líneas de autobús que dependen directamente de la Comunidad para que vayan adecuando su parque móvil a vehículos menos contaminantes.

El plan de Aguirre se ha realizado sin contar con el Ayuntamiento de la capital, que tiene competencias en la mayoría de los transportes públicos terrestres más contaminantes como los autobuses de la EMT y los taxis. Además, el Consistorio tiene la facultad de cerrar calles al tráfico y crear zonas peatonales.

Aguirre también aseguró que quiere ayudar a los municipios a mejorar la movilidad urbana y evitar atascos. Para ello la Comunidad creará una oficina técnica, una guía de movilidad y se fijarán ayudas para elaborar 20 planes de movilidad anuales.

En el sector industrial, la Comunidad impulsará incentivos fiscales de un 10% para aquellas empresas que reduzcan sus emisiones de CO2 a pesar de no estar obligadas por la directiva comunitaria correspondiente.