El polígono de la discordia

No es habitual que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián se pongan de acuerdo sin discusión. Y menos cuando implica que algunos concejales, en este caso los del PNV y EA, tienen que volver la cara a sus propias formaciones. Pues ha ocurrido.

El pleno municipal ha acordado por unanimidad interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por los nacionalistas, por suspender la construcción del polígono industrial Belartza II, un equipamiento que la corporación considera "necesario para la ciudad".

"El problema de fondo es que la Diputación se ha propuesto en este mandato robar las competencias en materia de urbanismo al Ayuntamiento", afirma el concejal de Urbanismo, el socialista Jorge Letamendia, quien asegura que la institución foral ha dado luz verde a expedientes similares en otras ocasiones. Las discrepancias en este caso comenzaron hace dos años. El consistorio donostiarra aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián de 1995 -ahora en proceso de revisión- para ampliar el polígono Belartza I, ubicado en Añorga. Se trata de recalificar unos terrenos urbanizables como industriales, a fin de paliar la escasez de suelo para nuevas empresas y para reubicar negocios ya existentes. Pero el Departamento foral para la Ordenación y Promoción Territorial, encargado de la aprobación definitiva de los planes generales y de sus modificaciones, suspendió el acuerdo municipal. Una suspensión que ratificó a principios de este mes de marzo.

El PNV ha apoyado un recurso contra su propio partido ante la necesidad de suelo para empresas en la ciudad

La Diputación argumenta que la decisión municipal incluye aspectos que "no se ajustan a la corrección jurídica" que deben tener todas las iniciativas urbanísticas. Y subraya que la modificación que propone el consistorio debe abordarse en la revisión del Plan General, y no con su cambio parcial, pues eso supondría ir "en contra de la estructura territorial que definió" el propio Ayuntamiento en su día.

La institución foral añade que está elaborando "un proyecto integral de ordenación estratégica" del corredor Rekalde-Hernani - en el que se enmarca Belartza I y II y en el que confluyen los términos municipales de San Sebastián, Usurbil, Lasarte-Oria y Hernani-, para responder a la creciente demanda de suelo industrial de estas localidades con una visión comarcal, lo que requiere la participación de todas las administraciones urbanísticas implicadas.

Ante la reiterada suspensión del proyecto municipal, el Ayuntamiento trató de quemar todos los cartuchos antes de acudir a los tribunales y solicitó a la Diputación a finales de marzo que derogara la citada suspensión. El Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial no sólo no anuló su decisión, sino que ni siquiera contestó al requerimiento del consistorio. Ante el silencio administrativo de la institución foral, el Ayuntamiento ha decidido recurrir a la vía judicial para tratar de sacar adelante el polígono industrial según sus planes iniciales.

Todos los grupos municipales sin excepción apoyan la decisión. Letamendia lo hace atacando a la Diputación: "No tiene competencias" para actuar como lo está haciendo, recalca. El portavoz del PNV, Román Sudupe, no entra en críticas y se limita a señalar que, al no haber respuesta a los requerimientos municipales, hay que acudir a la vía contencioso-administrativa. El edil peneuvista insiste en que es preciso que se levante la suspensión de Belartza II porque "la ciudad necesita disponer de suelo para implantar industrias".

Mientras, su compañero de partido Koldo Azkoitia, diputado para la Ordenación y Promoción Territorial, ya ha dicho que el Ayuntamiento donostiarra tiene "perfecto derecho" a recurrir ante los tribunales y que la Diputación "asumirá" el pronunciamiento judicial.

"Todos los ayuntamientos tienen capacidad de acudir a los tribunales cuando consideran que las decisiones de la Diputación no se ajustan a sus intereses, pero la obligación del Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial es velar por la garantía jurídica", manifiesta el diputado. "Está bien que haya un árbitro para dilucidar este tipo de discordancias. Nosotros asumiremos lo que los tribunales digan", apostilla.