Argentina se rebela contra los jueces

La puesta en libertad provisional con pocos días de diferencia de los protagonistas de dos de los procesos penales más importantes que se siguen en Argentina (el dueño de la discoteca donde fallecieron 193 personas a finales de 2004 y una ex ministra del Gobierno de Carlos Menem acusada de corrupción) ha causado una fuerte polémica sobre el funcionamiento de la justicia en este país y ha permitido el conocimiento de otras actuaciones que han comprometido gravemente el prestigio, ya bastante afectado, de la justicia en Argentina. El debate sobre la reforma del sistema judicial se ha intensificado.

Ni las multitudinarias manifestaciones callejeras ni los desgarradores testimonios de familiares de los 193 muertos en diciembre en la discoteca porteña llamada República Cromañón pudieron evitar que un tribunal haya decretado la libertad provisional bajo fianza para Omar Chabán, el propietario del local, que en los primeros momentos del incendio salió corriendo sin intentar siquiera abrir las puertas de emergencia y no se entregó a la policía hasta pasados varios días.

Tres días antes otro magistrado puso en libertad a María Julia Alsogaray, una colaboradora del ex presidente Carlos Menem, implicada en casos de corrupción, fraude y enriquecimiento ilícito. El jueves, otro implicado en el incendio de la discoteca, Daniel Villarreal, fue liberado, aunque pesan contra él cargos por 193 "homicidios simples". Esa misma noche, unas 5.000 personas gritaban frente al Palacio de Justicia "contra la impunidad" convocadas por Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en 2004.

"Desde la década de los noventa se han dado una serie de episodios especialmente en el campo penal en los que la respuesta judicial ha sido insuficiente o prácticamente inexistente, lo que lleva a que la gente desconfíe del sistema penal en cuanto a los expedientes criminales", señala el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, para quien en la justicia argentina hay defectos estructurales. "Se pueden eternizar los sumarios, sobre todo en las causas complejas, y también hay jueces cuyas actuaciones o sus relaciones con el poder político levantan sospechas", añade.

Necesidad de reforma

La reforma de la justicia es un asunto recurrente en la política argentina. De hecho, la Administración del presidente Néstor Kirchner se había comprometido, entre otras medidas, a descentralizar las fiscalías, agilizar los procesos de las personas detenidas mientras cometían un delito, limitar las excarcelaciones o reorganizar el Consejo de la Magistratura, nada de lo cual se ha realizado. Diversos sectores acusan al Ejecutivo de actuar con falta de transparencia a la hora de realizar esta reforma y el mismo Blumberg, que goza de una gran popularidad, denuncia la existencia de altos magistrados "que encarnan el abolicionismo en el derecho penal". "No tenemos jueces adictos ni escribimos sus nombres en una servilleta ni los llamamos para que saquen un fallo", se defendía ayer el ministro de Justicia, Horacio Rosatti.

Las decisiones polémicas se combinan con los hechos escandalosos. El pasado lunes, por primera vez en la historia de Argentina, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó por "ociosidad y pereza" a un juez en cuyo juzgado se acumulaban más de 10.000 causas, mientras él dedicaba sus horas de trabajo a estudiar la carrera de filosofía.

El juez debía vigilar las condiciones de miles de reclusos cuyas cárceles nunca visitó. El martes, el secretario de un juzgado fue sorprendido en el depósito de seguridad donde se guardan las pruebas de varios casos de asesinato relacionados con mafias policiales. En el depósito había puertas y candados forzados, pero el fiscal encargado de investigar el caso no ordenó la detención del secretario porque todavía se desconoce qué se llevó, aunque ya se haya constatado que faltan armas utilizadas en asesinatos o sobres con los nombres de testigos protegidos.

La situación está salpicada de roces entre el Ejecutivo y el poder judicial. El presidente Kirchner apenas tardó unas horas para criticar durante un discurso oficial la orden de liberación para Chabán. "Es una bofetada en la cara de las víctimas y de los argentinos". Sobre el caso Alsogaray tampoco se anduvo por las ramas y achacó su liberación "a que algunos tienen miedo de que hable".

Los jueces señalan que no hacen otra cosa que aplicar el Código Penal vigente, aunque algunos, como los dos magistrados del caso Cromañón, Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigos de Rébori, defienden la presunción de inocencia y creen que no se puede negar la excarcelación de una manera sistemática.