La violencia en las escuelas se ha duplicado en los dos últimos años, según el grupo municipal socialista

El concejal socialista de Madrid Rafael Merino alertó ayer del importante incremento de la violencia en las escuelas de la ciudad, donde, según datos del PSOE, las denuncias se han duplicado desde 2002, año en el que se registraron 110 casos graves, frente a los 250 del curso académico pasado.

Merino cree que el decreto elaborado por Educación hace tres años, que establecía las normas de convivencia en los colegios públicos y privados de la región, "no se ha puesto en marcha y, por tanto, no ha servido para nada".

Los datos de los socialistas indican que la mayor parte de la violencia se da en colegios públicos y concertados, en la ESO y Bachillerato y, sobre todo, en distritos con menor nivel de renta y mayor fracaso escolar, como Puente de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro o San Blas.

"Es en esas zonas donde se comete el 80% de las peleas, agresiones y robos y, por tanto, es ahí donde la Comunidad y el Ayuntamiento deben prestar una atención especial", precisó.

Además, señaló que la inseguridad en los centros, el acoso escolar y las amenazas, injurias y daños a maestros por parte de alumnos están aumentando en las escuelas "de forma muy preocupante". Merino también alertó de que la seguridad de estudiantes y profesores también está en peligro en el exterior de los colegios. Acusó al gobierno de Gallardón de poner dispositivos de vigilancia en las entradas y salidas de los centros más conflictivos "sólo la primera semana del curso, para olvidarse después".

"Es muy grave esta falta de actuación municipal, sobre todo en lugares donde hay bandas organizadas de chicos violentos que roban e intimidan a los alumnos. Muchas veces, tienen elementos infiltrados en las escuelas para saber quiénes tienen dinero, teléfono móvil y cosas de valor para quitárselos al salir", explicó.

El edil socialista denunció que las Comisiones de Convivencia previstas en un decreto del Ejecutivo regional no están funcionando. Estas comisiones "deberían estar integradas por el director, el jefe de estudios y representantes de padres y alumnos", por lo que Merino pidió la formación "urgente" de estos órganos, y la contratación de 100 educadores juveniles especialistas en prevenir conductas agresivas y antisociales.