Contra el Gobierno

La manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo para expresar su rechazo a una eventual negociación entre el Gobierno y ETA, consigna que el PP ha convertido en el eje central de su más reciente oposición a Zapatero, tuvo ayer un seguimiento masivo. Es la primera vez que se celebra una movilización de esa naturaleza: no sólo contra ETA, sino contra quien dirige la contra ETA. En ese sentido sienta un precedente inquietante.

Pero sería un error que el Gobierno respondiera al desafío con iniciativas o gestos que ahondasen las divergencias entre los dos grandes partidos, cuya cooperación es necesaria para convertir la derrota política de ETA en su final definitivo. Fase en la que estamos, según opinión compartida por quienes creen que hay que mantener la política que ha provocado esa derrota y por quienes piensan que precisamente el éxito de esa política permite hoy explorar vías que faciliten y aceleren la disolución de la banda.

El Gobierno ha desmentido que existan contactos con ETA, e insistido en que el abandono de las armas sería condición en todo caso para iniciar un diálogo. Es exactamente eso lo que dice la moción parlamentaria aprobada con el único voto en contra del PP. Pero sin decirlo expresamente, se ha trasmitido el mensaje de que ese diálogo versaría sobre la concesión de medidas de gracia a los presos y activistas clandestinos. Esa posibilidad es rechazada por buena parte de las víctimas. Tiene lógica que se pronuncien, que exijan ser escuchadas. El Gobierno tendrá que tener en cuenta esa opinión; aunque no sólo esa.

También deberán tenerla en cuenta los valedores de la banda, que ayer se manifestaron en Bilbao en favor de la negociación política, presentada bajo diversos eufemismos. En ese mundo suele considerarse que la liberación de los presos es algo con lo que contarían de entrada. Es una fantasía sin fundamento, a la que se opondrían las víctimas, con el apoyo de una mayoría ciudadana, según reflejan hace años las encuestas y confirma la manifestación de Madrid. El diálogo posible lo sería sobre la forma de hacer compatible la exigencia de justicia de las víctimas y la posibilidad de reinserción paulatina de los terroristas, tras su derrota.

La iniciativa de adelantarse a ofrecer diálogo condicionado es arriesgada pero coherente con la valoración compartida sobre esa derrota política, efecto de la firmeza democrática. Partidos que en el pasado se han mostrado dispuestos a ofrecer contrapartidas a ETA han firmado una resolución en la que se excluye esa posibilidad y se condiciona cualquier diálogo, incluso sobre los presos, al compromiso previo de abandono definitivo de las armas, sin que baste una tregua. Es cierto que el Gobierno ha cometido errores en la forma de plantear el asunto y a veces ha dado la impresión de considerar secundario el apoyo del PP; pero la desconfianza de este partido, expresada en términos sumarísimos y mezclada con insinuaciones calumniosas o inverosímiles, como si la negociación fuera ya un hecho, ha trasmitido la idea de que no se encuentra especialmente incómodo en ese papel.

El PP puso a prueba ayer con éxito su capacidad de movilización, a sabiendas de que la causa de las víctimas suscita una solidaridad suprapartidaria. Pero resulta hipócrita reprochar al Ejecutivo y a los partidos que le apoyaron no acudir a una movilización que iba dirigida claramente contra ellos.