Liderar el 'sí' a la Constitución europea

El no mayoritario de la ciudadanía francesa y holandesa a la Constitución europea no es un sí a otro proyecto diferente. En consecuencia, no contiene una alternativa que pueda ser una solución de futuro. Todos los análisis y encuestas coinciden en señalar que en esos noes convergen diferentes mensajes, malestares, temores y propuestas, muchas de ellas contradictorias. En ese sufragio del rechazo hay pues de todo; antieuropeísmo declarado y la pretensión de más Europa; ansia de castigo a Chirac y desautorización de una clase política desgastada que no escucha a los ciudadanos; temores al paro, a los emigrantes, a la ampliación... A los votantes de izquierda que han dicho no, habría que preguntarles: ¿una Europa más social con Sarkozi y Fabius de líderes, la Merkel en Alemania y el repudio de los emigrantes? ¿Es que es posible continuar en el siglo XXI con la cultura permanente del no sin alternativa, que practica cierta izquierda, cuando lo que la gente exige son propuestas en positivo que resuelvan sus problemas? Seamos serios. El varapalo francés y holandés no alumbrará una UE más inclinada a lo social. Es el éxito, esperemos que momentáneo, de los que desean el descarrilamiento del proyecto político de Europa, que ya lo dan por hecho antes de acabar el proceso. El triunfo de los que quieren más mercado y menos política, más atlantismo y menos autonomía. Es una ingenuidad pensar que este voto de protesta lo puede liderar una izquierda que sale partida en pedazos del referendo y que ha sido, por desgracia, en la parte que lidera Fabius, la principal responsable de que éste se pierda en Francia. El debate y el resultado de la consulta francesa, así como los recientes desenlaces electorales en Alemania e Inglaterra denotan una notable crisis en sectores determinantes de la socialdemocracia europea, que conviene analizar con rigor. La cuestión no es hoy capitalismo sí o capitalismo no, sino qué tipo de democracia política y social deseamos construir en Europa que sea capaz de influir en la solución de los problemas globales. El debate real entre la derecha y la izquierda, aunque no se explicite, es sobre la concepción de la democracia, esto es sobre el contenido de la idea de ciudadanía. Por eso es tan trascendental la aprobación o no de la Constitución europea, porque se trata de dar, por primera vez, un paso significativo en esa dirección -la Constitución es, sobre todo, pasar de la ciudadanía única del Estado-nación a la ciudadanía europea compartida- o quedar estancados que es, en las actuales circunstancias, tanto como retroceder. Porque la Unión actual, con la moneda única, ya no se sostiene sin proyecto político común, ya que, de lo contrario, además de no influir en el espacio global, Europa corre serio riesgo de regresar a las peleas económicas entre las naciones que la forman.

Ahora bien, qué hacer cuando la mayoría de franceses y holandeses han dicho que no. ¿Se puede frenar el proceso de ratificación en curso? ¿Es realista pensar en una renegociación del Tratado constitucional? El dar por concluido el proceso de ratificación sería, a nuestro entender, un acto contrario al espíritu y la letra (artículo IV-447) del Tratado, una acción antidemocrática y una burla para aquellos países que ya han aprobado el texto constitucional, ya sea por vía parlamentaria o por medio de referendo, que es el caso de España. De esta suerte, la peor de todas las hipótesis sería la decisión de truncar el curso de las ratificaciones, pues aparte de que no resuelve ningún problema, sería tanto como reconocer que hay países que cuentan más que otros, ciudadanos de primera y de segunda y, además, sentar un precedente letal para el futuro de la Unión, pues no se podría volver a pedir el voto a ningún ciudadano de un país que no perteneciera a los considerados "imprescindibles". La idea de que se puede renegociar algún aspecto del Tratado para hacerlo más digerible a la ciudadanía de los países del no es, en este momento, irreal, absurda y contradictoria. Porque renegociar, ¿qué contenidos y en qué dirección? ¿Acaso el no de los franceses tiene el mismo significado que el de los holandeses o, en su caso, el de los ingleses o polacos? No nos damos cuenta de que si modificamos la Constitución para dar satisfacción a los que han votado negativamente tendríamos que repetir la ratificación en los países que la han aprobado ya, en el caso de España, mediante un nuevo referendo. Y si entonces alguno de estos países rechaza el nuevo Tratado ¿qué hacemos? Volvemos a negociar y así hasta el infinito o acabaríamos -ironías del destino- en el mismo texto que tenemos ahora, que es el que hizo el consenso.

El único camino sensato y acorde con lo pactado en su día es seguir con el proceso de ratificaciones, pues todos los países tienen el deber y el derecho de aprobar o no el texto constitucional mediante los mecanismos que tengan establecidos. En noviembre de 2006, el Consejo Europeo deberá examinar el resultado y tomar las decisiones que procedan de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los pueblos europeos y con criterios de firmeza en los objetivos y flexibilidad en los tiempos. Y entonces, no será lo mismo que los países del no sean cinco, o sean diez o tres. No es la primera vez que en la Unión países que en un principio se quedaron fuera luego volvieron a votar en sentido afirmativo. Al día de hoy, la afirmación que hacen algunos de que sin Francia, Holanda, Inglaterra y, en su caso, Polonia, no es posible construir la UE, es una reflexión-trampa que no conduce a ninguna parte si es pretexto para la parálisis. En el fondo, lo que se está queriendo decir es que esta Constitución no vale, como si hubiera una alternativa real a la misma. Ya sabemos que sin esos países no se puede construir la unión política de Europa. Pero lo que no se puede hacer es tirar la toalla y dar la batalla por perdida cuando hay una mayoría de países y de ciudadanos que están a favor de la Constitución. Por el contrario, lo que tiene que hacer España y otros Estados es liderar el sí a la Constitución y ayudar a crear las condiciones para que los que hoy han rechazado el texto en el futuro lo puedan aprobar. Lo que no se puede es abordar una empresa tan ardua como la construcción política de Europa, con tan poderosos adversarios, con dirigentes políticos que al primer contratiempo serio les tiemblan las piernas y sólo piensan en la retirada.

En 2006, el Consejo Europeo deberá establecer un calendario final. En realidad, la parte institucional de la Constitución no puede entrar en vigor antes de 2009, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo. Ese es el tiempo político razonable que tenemos para encontrar un nuevo consenso sobre el texto aprobado por todos los gobiernos y por la mayoría de los ciudadanos, permitiendo así a Francia, Holanda y otros países con dificultades unirse, en el futuro, al tronco común.

En nuestra opinión, el rechazo de un parte de las poblaciones al Tratado no es tanto a la Constitución en sí misma -pues dentro de ella se podrán desarrollar diferentes programas más o menos sociales- sino a las actuales políticas que se practican en la mayoría de los Estados europeos, que los ciudadanos juzgan alejadas de sus aspiraciones. Así, la Constitución se ha convertido, en ciertos países, en la cabeza de turco de todos los malestares, entre otras razones porque los propios gobiernos, en demasiadas ocasiones, han convertido a la Unión en responsable de sus propias incapacidades. Por lo tanto, la cuestión no es interrumpir el proceso de ratificación de la Constitución, que debe continuar, sino escuchar con atención los mensajes de los ciudadanos y orientar las políticas en la dirección que desea la mayoría. La UE no puede permanecer de brazos cruzados durante el periodo de ratificación hasta noviembre de 2006. Debe, por el contrario, articular políticas que permitan recuperar el crecimiento económico, atacar el desempleo y dar garantías de pervivencia al modelo social que los europeos hemos construido y deseamos conservar. Si logramos estos objetivos, es muy probable que, en un tiempo políticamente útil, los países que hoy han dicho no puedan reconsiderar su posición.

Ese es el mensaje que los líderes y las instituciones europeos deberían hacer llegar a los ciudadanos. La Constitución es la principal referencia en positivo hacia el futuro de Europa. No hay alternativa a la misma.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Diego López Garrido es secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE y miembro de la Convención Europea. Carlos Carnero es eurodiputado socialista, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y de la Convención Europea.