Las comunidades ven insuficiente la financiación de la ley educativa

Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias consideran insuficiente la financiación de la reforma educativa presentada el martes por el Ministerio de Educación. Las comunidades reclaman especialmente al Gobierno que financie las plazas de educación infantil para los niños de tres a seis años que ellos ya han implantado. La nueva ley obliga a ofrecer las plazas a todos esos alumnos, mientras que antes eso era voluntario. Los consejeros se reúnen hoy con el ministerio en la Conferencia Sectorial para tratar esta cuestión.

Cataluña ya ha realizado la primera etapa del proyecto de implantación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) pero, según la consejera de Educación de la Generalitat, Marta Cid, "no se ha recibido un euro para aplicarlo" por parte de la Administración central, que tiene la competencia exclusiva para regular esta obligación.

El despliegue de la gratuidad de esta etapa educativa -cuya obligatoriedad estableció el Gobierno del PP con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y es una de las medidas de esta norma que no fue paralizada por el Gobierno socialista- costará en Cataluña 135 millones de euros en 2006, cifra que, según Cid, el Gobierno español debería asumir. En cambio, la Administración central sólo aportará 25 millones, según la memoria económica de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que el martes dio a conocer el ministerio. Cid reclama 1.520 millones de euros para poner al día las cuentas del sistema educativo en Cataluña.

El consejero madrileño de Educación, Luis Peral, del PP, denunció que, según esa memoria, los fondos del Gobierno central para garantizar la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años se van a destinar a las comunidades que "no hacen los deberes", informa Efe. Peral dedujo "graves incumplimientos" al comparar el programa electoral del PSOE con la inversión adicional para la LOE propuesta por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo.

No va a llegar nada del "dinero de todos" a Madrid para la gratuidad de los 3 a 6 años, pues esta comunidad ha hecho ya el esfuerzo de alcanzar el objetivo con un coste anual de 314 millones de euros anuales, según Peral. La consejera de Educación andaluza, Cándida Martínez, del PSOE, destacó que el ministerio ha "cumplido su promesa" de presentar la memoria económica para la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) durante los próximos cinco años, si bien, señaló que, aunque no ha analizado el texto con profundidad, no sabe "si será suficiente o no" con la cantidad anunciada, "si tendrán que ser más y, en vez de 6.000, tienen que ser 10.000 millones" u otra cifra, informa Europa Press.

En cambio, el consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Alejandro Font de Mora, del PP, lamentó en un comunicado la "falta de consideración" hacia las comunidades autónomas que ha demostrado el ministerio al no haber consensuado el documento, "de marcado cariz técnico", en la Comisión General de Educación, a la que asisten directores generales y secretarios autonómicos. Font de Mora aseguró que los primeros análisis de su departamento han detectado "insuficiencias importantes en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana".

"Muchas de las propuestas se aplican en Canarias desde hace años", matizó el viceconsejero de Educación en las islas, Fernando Hernández Guasch, quien advirtió de que algunas medidas presentadas como novedades "no lo son tanto" y tienen poco de reforma, como "la jubilación anticipada, Internet en las aulas, gratuidad en el segundo ciclo de Infantil y el incremento en becas", informa Juan Manuel Pardellas. "La jubilación anticipada viene desde 1990, la implantación de Internet en las aulas desde hace cinco años, la gratuidad desde la LOCE de 2002 y el incremento de becas siempre se ha producido en todos los presupuestos generales del Estado", indicó Hernández Guasch.

Según el consejero, de acuerdo con la memoria económica del ministerio, a Canarias le correspondería el 5% (unos 300 millones de euros, de los que e 150 los aportaría el Ejecutivo canario), en correspondencia a tener en su territorio el 5% del alumnado total en el Estado. Hernández Guasch apuntó que esta cantidad prorrateada en cinco años supondría un "incremento razonable" del gasto en Educación de esta comunidad (1.250 millones de euros anuales).