Vía libre a la Carta de Barcelona

Vía libre para la Carta Municipal. Barcelona tendrá una ley específica que le reconocerá más competencias y una financiación adecuada a los gastos que afronta como gran capital de una área metropolitana en la que a diario se mueven más de cuatro millones de personas. Ese es el espíritu del acuerdo alcanzado ayer entre las tres administraciones -la central, la Generalitat y el Ayuntamiento- y concretado en un borrador de 104 artículos que tiene que ser ratificado por la comisión mixta. La aprobación del texto por el Consejo de Ministros podría producirse antes del verano y el Congreso podría sancionarla a partir de septiembre.

Ese es el calendario que ayer trataron Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, en la presentación del acuerdo alcanzado junto con Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat. Sevilla afirmó que la Carta de Barcelona puede empezar a caminar este mismo año: "Soy el sexto ministro que aborda la Ley de Barcelona y creo que seré el último", afirmó para dar idea de que el acuerdo estaba claro. Clos no ocultaba su satisfacción -"ha sido una negociación intensa y extensa"- y Saura calificó el acuerdo de "hito histórico". La discusión de la Carta se inició hace la friolera de una veintena larga de años. Fue aprobada por el consistorio en 1997 y un año después por el Parlament.

De los 60 millones, 22 se destinarán a los equipamientos culturales y 20 a la justicia de proximidad

La ciudad contará finalmente con 10 juzgados de distrito para dirimir conflictos menores

El Ayuntamiento calcula que el acuerdo supondrá un aumento de financiación de unos 60 millones de euros

El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento alcanzan un acuerdo para una ley especial para la capital catalana

La Carta de Barcelona tiene dos partes. Una que atañe a competencias de la Generalitat -ya negociadas, aunque algunas pendientes de desarrollar- y otra que entra en materias de ámbito general, como seguridad y justicia, entre las más importantes. Eran éstas, junto a la petición de un régimen financiero especial, lo que se empezó a negociar en otoño pasado con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Con el Gobierno del Partido Popular, la Carta fue de un despacho a otro. Sólo se movieron los papeles. No se cerró ni un solo capítulo.

Una de las cuestiones centrales de la Carta de Barcelona era la mejora del régimen financiero por los gastos de subsidiariedad que la ciudad afronta como capital, en especial en equipamientos culturales y en transporte público, que excede de la frontera administrativa de 1,5 millones de habitantes de la capital y que da servicio a una área en la que se mueven más de cuatro millones. Lo que planteaba el Ayuntamiento de Barcelona era tener el mismo tratamiento que Madrid en tanto que es capital de una conurbación similar de hecho. La parte catalana -el Ayuntamiento y la Generalitat- propuso una participación directa en impuestos generales. Concretamente, el 10% del IRPF, el 20% del IVA y el 30% de los impuestos especiales. Resumiendo, ese cómputo suponía un incremento anual de unos 100 millones de euros. El Gobierno no ha querido afrontar la mejora en la financiación por medio de cesión de impuestos más allá de la parte ya reconocida dentro de la participación de impuestos del Estado. Una negativa que obedece, en parte, a la posibilidad de que otras ciudades plantearían reclamaciones similares.

Por eso, en el Ministerio de Administraciones Públicas y también en el de Economía y Hacienda se buscó otra fórmula: la de firmar unos convenios quinquenales para afrontar los gastos de subsidiariedad. Se trata de unos complementos específicos en materia de equipamientos culturales, en la organización de la justicia local y el coste que suponga una Guardia Urbana que actúe como policía judicial adscrita a esos juzgados, y los relativos a los gastos que genera la congestión de tráfico y el transporte público. Esto es, la aportación que hace Barcelona al contrato programa de transporte incrementada: "No puede ser que Barcelona financie una red de transporte que va más allá de sus fronteras y da servicio a centenares de localidades sin que tenga la financiación que corresponde. Es decir, la misma que ya tiene Madrid", ponía como ejemplo Clos. El otro ejemplo es el de los equipamientos culturales.El Ayuntamiento reclamaba corresponsabilidad para afrontar los gastos del Museo Picasso, el Museo de Arte Contemporáneo (Macba), el Liceo, el Auditori y el Palau de la Música. Unas aportaciones que, en conjunto, suponen unos 22 millones de euros anuales -de los 60 que aportará anualmente la Administración central-, según fuentes de la parte municipal de la comisión técnica.

Los citados convenios de subsidiariedad tendrán que pactarse en una comisión tripartita de la Administración central, la autonómica y el Ayuntamiento, y su plazo de vigencia será de cinco años. Por tanto, los convenios se tienen que pactar, no estarán enmarcados en ninguna ley y su liquidación se llevará a cabo dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, no deja de ser una fórmula que, en definitiva, requiere de un acuerdo político porque no hay un automatismo, como lo sería la cesión de impuestos.

¿Y si la voluntad política desaparece? Clos esquivó la pregunta, aunque un alto responsable del Ayuntamiento de Barcelona auguró que algo así no ocurrirá porque sería como arrebatar un reconocimiento de régimen especial que está regulado por una ley, aunque ésta no entre en los mecanismos de financiación complementarios.

En cuanto al monto total que esos convenios pueden suponer, Clos no quiso dar cifra alguna, sólo la aproximó: "Más de la mitad de lo que pedíamos" (la cifra era de 100 millones de euros). Fuentes de la comisión técnica negociadora afinaron: alrededor de 60 millones de euros de forma progresiva. Porque los cálculos ya se han hecho y se ha calculado, por ejemplo, que el coste de la justicia local será de unos 20 millones de euros al año.

Todo ello se discutirá en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona el 17 de junio, dos días después de que la comisión técnica ratifique el borrador. Un pleno que, a buen seguro, será polémico ya que debería ratificar el apoyo unánime que tuvo el texto inicial de la Carta en 1997. Eso si no hay contratiempos de tipo jurídico.

Algunas de las principales competencias que la Ley de Barcelona reconoce son las siguientes:

- Justicia local. Habrá 10 juzgados, uno en cada distrito de la ciudad, que atenderán los conflictos menores que genera la convivencia. En materia penal, por ejemplo, desde las faltas como riñas o peleas entre vecinos hasta lesiones leves. En materia civil, reclamaciones inferiores a 3.000 euros -por ejemplo, el impago de deudas de comunidades de vecinos- y en contencioso-administrativo por sanciones del Ayuntamiento, en especial multas. El pleno del consistorio propondrá una terna de jueces -deberán ser licenciados en derecho- y al Tribunal Superior de Justicia le competerá la elección. La aprobación de ese nuevo tipo de juzgados requiere la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, a su vez , modificará las competencias de los tribunales superiores de justicia de las autonomías. Esa reforma está prevista para antes de que finalice este año. La fórmula de los jueces de distrito se podrá implantar en otras ciudades.

- Policía judicial. La Guardia Urbana de Barcelona tendrá carácter de policía judicial adscrita a los juzgados de distrito. Por otra parte, se creará un cuerpo auxiliar de agentes -muy probablemente los vigilantes de las áreas verdes de aparcamiento- que controlarán el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulación cometidas en vías urbanas competerán al alcalde y será el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar vehículos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre. En materia de sanciones se reconocerá la capacidad de la Hacienda municipal para instar el cobro de multas impagadas por ciudadanos no residentes en Barcelona. Se trata de un número muy elevado de sanciones que, en muchas ocasiones, no se pueden liquidar.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendrá más representación en los órganos de decisión de instituciones, organismos y empresas de infraestructuras. En el puerto, por ejemplo, en el que hasta ahora participaba con el 10%, lo hará con el 20%. En el aeropuerto, donde hasta ahora no tenía participación, la tendrá. Y lo mismo ocurrirá en los órganos gestores de Renfe y en la demarcación de costas, una materia que hasta ahora competía al Ministerio y al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat y a la que se sumará el consistorio.

- Equipamientos culturales. La principal novedad no serán más competencias, sino mejor financiación. Hasta ahora, el consistorio hacía frente en solitario a las facturas de museos como el Picasso, y la ciudad reclamaba simplemente el mismo trato de financiación que tienen el Museo del Prado o el Reina Sofía, ambos en Madrid.