El Gobierno central espera el plácet de Aguirre para aprobar la Ley especial de Madrid

El Gobieno central no pone obstáculos para que la ciudad de Madrid tenga su propia Carta Municipal, del mismo modo que la tendrá Barcelona en las próximas semanas. Pero el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, exige como requisito previo que el Ayuntamiento madrileño, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, del PP, se ponga previamente de acuerdo con el Gobierno de la comunidad autónoma presidido por Esperanza Aguirre, del mismo partido, como ha sucedido en el caso de la Carta de Barcelona. La Comunidad de Madrid todavía no ha dado el visto bueno al proyecto que defiende el Ayuntamiento de Madrid y que respalda el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio de Administraciones Públicas argumenta a favor de este requisito que la Carta Municipal de Madrid, igual que la de Barcelona, asumirá competencias del Gobierno central y de la comunidad autónoma que necesitan del pacto entre administraciones.

Gallardón con Zapatero

El alcalde de Madrid mantuvo hace unos meses un encuentro con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el que planteó, entre otras cosas, su propuesta de Carta Municipal. Zapatero fue receptivo a la propuesta de Ruiz Gallardón sobre la Carta Municipal de Madrid, pero le reclamó que llegase a un acuerdo con el Gobierno de la comunidad autónoma.

Dicho acuerdo no es posible, por el momento, por las discrepancias entre el Gobierno de Esperanza Aguirre y el de Ruiz Gallardón, que afecta entre otras cosas, al reparto de competencias entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la comunidad autónoma.

El ministro Jordi Sevilla garantiza que el tratamiento que reciba Barcelona por la nueva ley deberá ser equitativo con relación al que recibirá la ciudad de Madrid cuando las administraciones local, autonómica y central alcancen de una vez el acuerdo definitivo. De momento, Barcelona saca una ventaja. Su Ley llegará antes al Congreso.

Con todo, la carta de la capital catalana debería haber contado con luz verde ya el pasado mes de enero. Las reiteradas reuniones del alcalde de Barcelona, Joan Clos, con el ministro Jordi Sevilla y con el consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, desencallaron la situación que tropezaba con dos escollos: la financiación y la justicia de proximidad.