El pacto de Valencia acelera las reformas

La aprobación por la Cortes valencianas, el próximo 1 de julio, del primer estatuto que se reforma en la nueva etapa territorial pondrá en marcha un "proceso imparable", en palabras del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El acuerdo lo sellaron esta semana el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, del PP, y el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla.

El Gobierno central considera que el anunciado proceso de reformas estatutarias, que el PP veía con muchas reticencias, va a ser ahora "más fácil que antes" por "haber entrado el partido que preside Mariano Rajoy en la agenda territorial del Gobierno". El Estatuto reformado de la Comunidad Valenciana cumple los requisitos fijados por La Moncloa: Se sitúa en los límites marcados por la Constitución y cuenta con un amplio consenso, superior a los dos tercios. "Se ha desdramatizado la situación porque la reforma del Estatuto valenciano ha demostrado que las amenazas del PP, de que España se rompía, no se han cumplido. Este partido, su líder, Rajoy, ha dado el paso de aceptar el proceso. La única duda que ahora le queda es hasta dónde está dispuesto a llegar en las demás reformas", señala Sevilla.

El Gobierno estima que el pacto de Valencia "no fija ni el mínimo ni el máximo para las demás reformas estatutarias", aunque "ejercerá su influencia" en ellas. "No queremos reformas fotocopiadas. Queremos que cada una responda a las necesidades de cada comunidad", dice Sevilla, que resalta, además, que "el PP acepta competencias en la Comunidad Valenciana que no aceptaba en Cataluña o que en su día rechazó", como la descentralización de la justicia o la creación de una agencia tributaria autonómica concertada con la agencia estatal.

El Gobierno calcula que antes de fin de año y, previsiblemente, antes de que el Parlamento de Cataluña reforme su Estatuto, se unirán a la presentación de reforma de la Comunidad Valenciana en las Cortes españolas los estatutos de Aragón y de Andalucía. El Ejecutivo contempla como reformas "más complicadas", además de la catalana, las de Canarias y Baleares. En el primer caso, porque el borrador conocido "vacía de competencias al Estado, al amparo de ser las islas reconocidas en la Unión Europea como región ultraperiférica", y en el segundo, por las apreciaciones del presidente balear, Jaume Matas, del PP, que ha adelantado que "exigirá lo mismo que reclame Cataluña".

Las complejas reformas de otros dos estatutos, como el vasco y el gallego, quedan aplazadas. En el primer caso, hasta que se constituya la ponencia parlamentaria, previsiblemente en otoño. En ella, PNV y EA presentarán el plan Ibarretxe como una propuesta de partido. En el caso de Galicia, la reforma se retrasará al otoño, al menos, porque antes tienen que celebrarse las elecciones del 19 de junio y constituirse el nuevo Gobierno.

No obstante, el pacto valenciano ya ha marcado algunas pautas que, sin duda, seguirán las demás autonomías: la descentralización de la justicia, por la que los tribunales superiores de las comunidades serán la última instancia; la creación de la agencia tributaria autonómica, concertada con la estatal; la participación autonómica en la Unión Europea; la posibilidad de disolver las Cámaras anticipadamente; la incorporación de la inmigración y las nuevas tecnologías a los estatutos, entre las más importantes. La situación de las reformas de los estatutos es como sigue, según la información y criterio del Gobierno:

- Antes de fin de año, en las Cortes. El Gobierno prevé que tras la reforma del Estatuto valenciano se presentarán en las Cortes españolas antes de fin de año los estatutos de Aragón y Andalucía. El Ejecutivo pone un solo reparo al Estatuto valenciano reformado, su segunda disposición adicional, porque "condiciona el Estatuto a lo que hagan otros". La disposición dice: "Cualquier modificación de la legislación del Estado, que con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas, será de aplicación a la comunidad valenciana, considerándose ampliadas en esos términos sus competencias".

La reforma del Estatuto de Aragón está "muy avanzada". La ponencia parlamentaria, con el apoyo inicial del Ejecutivo -PSOE y Par (Partido Aragonés)- se constituyó en febrero. A juicio del Gobierno central, sólo plantea un problema: "La exigencia de bilateralidad entre el Ejecutivo central y el aragonés en la negociación de la financiación autonómica".

La ponencia de reforma del Estatuto de Andalucía, puesta en marcha por el presidente Manuel Chaves, socialista, se constituyó en junio de 2004, y el texto está "muy avanzado". Previsiblemente lo apruebe el Parlamento andaluz antes de fin de año, con el apoyo del PP. El Gobierno central califica el texto de "trabajo muy fino" porque "ha actualizado el Estatuto de 1980, recogiendo los retos nuevos, como la inmigración, las nuevas tecnologías, o los derechos sociales".

En cuanto a la reforma del Estatuto de Cataluña, el Gobierno confía en que pueda estar en las Cortes españolas para fin de año. La reunión de próximo 11 de junio de los principales líderes de los partidos catalanes marcará la pauta. El Gobierno tiene, asimismo, "muchas esperanzas" en que el "acercamiento" producido esta semana entre una delegación suya y otra del PSC sobre el contenido de la reforma "fructifique en un acuerdo".

- En 2006, en las Cortes. El Gobierno calcula que las reformas estatutarias de Canarias (gobernada por Coalición Canaria), Baleares, Castilla y León, Ceuta, Melilla (gobernadas por el PP) y Asturias (PSOE) podrían presentarse en las Cortes españolas en 2006. La de Canarias se presenta para el Gobierno como "una de las más complicadas" porque al reclamar, en el borrador del Estatuto, la condición de "región ultraperiférica de la UE" exige para las islas "todas las competencias del Estado, con la única excepción de Defensa, alta inspección y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Baleares, con una reforma del Estatuto "avanzada", pretende, según su presidente, Jaume Matas, contar con las mismas atribuciones que Cataluña. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentará un texto en junio. Ceuta y Melilla cuentan con el aval del Gobierno central y del PP para pasar de ser ciudades autónomas a comunidades autónomas.

- Pendientes de ponencia. Es el caso del País Vasco y Galicia, que este año han tenido o tienen elecciones autonómicas y, por tanto, sus ponencias parlamentarias se constituirán en otoño. Navarra (UPN) cuenta con una comisión de autogobierno, pero su pretensión principal en la reforma, la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que le vincula al País Vasco, está condicionada a la reforma de la Norma Fundamental. La Rioja (PP) dispone de una ponencia extraparlamentaria, de la que saldrá un texto en 2006. Madrid (PP) tiene una ponencia paralizada. Castilla-La Mancha (PSOE) ha manifestado, a través de su presidente, José María Barreda, su voluntad de que haya reforma. Extremadura (PSOE); Murcia (PP) y Cantabria (PRC en colaboración con el PSOE) no han expresado aún voluntad de reforma.