Rajoy afirma que el Estatuto valenciano es el modelo a seguir por otras comunidades
El PP reclama que todas las reformas tengan el doble consenso y no cambien leyes estatales
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer en Santiago de Compostela que la reforma del Estatuto valenciano es el modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas. La reforma estatutaria prevé la creación de un Servicio Tributario Valenciano, un Consejo de Justicia y refuerza el carácter de "nacionalidad histórica" de la Comunidad Valenciana. El presidente del PP regional, Francisco Camps, insistió ayer en Valencia que el pacto con los socialistas "consolida la unidad de España" ante las quejas de algún sector de su partido que teme un cambio en el modelo territorial.
Mariano Rajoy se pronunció ayer, por primera vez, sobre la reforma del Estatuto valenciano tras la romería que el PP de Galicia celebró en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, informa Pilar Marcos. Rajoy señaló que esta reforma es fruto del consenso entre las dos grandes fuerzas políticas nacionales y es el modelo que deben seguir el resto de autonomías.
Sin embargo, el pacto para consensuar la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana -el primero que se tramitará en el Congreso de los Diputados con posibilidad de ser aprobado sin dificultades- no ha estado exento de obstáculos. Los trabajos para reformar el estatuto se iniciaron en las dos legislaturas anteriores, siendo entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, pero ninguno de los dos intentos llegó a buen puerto. A la tercera ha sido la vencida.
Varios han sido los desacuerdos que han tenido que vencer populares y socialistas para pactar la reforma e introducir mecanismos que garanticen que otras posibles reformas -especialmente la catalana- no dejarán el Estatuto valenciano en una posición de inferioridad. Si para el PP era imprescindible que la reforma fuese respetuosa con la Constitución y no modificase ninguna ley del Estado, para los socialistas era condición necesaria la inclusión de una agencia tributaria, un consejo de Justicia propios, así como una referencia explícita a la necesidad de avanzar hacia un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta de manera adecuada el criterio de población.
Antes que Andalucía
"En el Gobierno y en el partido nos planteamos si nos convenía que el Estatuto valenciano fuese el primero en ser aprobado en vez del de Andalucía, pero éste todavía estaba verde y concluimos que, además, tendría menos significación porque no gobernaba el PP", asegura un miembro del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que añade: "Al PSOE le viene bien ahora recalcar lo de la agencia tributaria y la financiación porque es lo que más ha criticado el PP de la reforma catalana".
Para el PP la importancia de la reforma pactada no radica en la agencia tributaria y en el consejo de Justicia porque sus competencias no entran en colisión con las del Estado, aunque varios de sus dirigentes reconocen que estas cuestiones han levantado bastante polvareda en algunos cargos del partido.
El eurodiputado José Manuel García Margallo es una de las personas que participaron en la formulación del PP para reformar el Estatuto valenciano, junto con la responsable de Política Autonómica, Soraya Saénz de Santamaría, y el portavoz en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano. Para García Margallo, que insiste en que el texto aprobado no establece ninguna relación de bilateralidad con el Estado ni menciones soberanistas, la clave de la reforma está en la denominada cláusula Camps -"inspirada por el propio Rajoy"-. Se trata, en realidad, de una disposición adicional incluida en la reforma que permite a las Cortes Valencianas reclamar al Estado cualquier competencia concedida a otra comunidad autónoma.
García Margallo explica que esta disposición adicional permitirá evitar que otras autonomías logren un nivel superior de autogobierno tras haberse aprobado el nuevo Estatuto valenciano por la vía del artículo 150.2 de la Constitución -que permite al Estado delegar sus competencias a las comunidades autónomas-.
Para Camps, el pacto alcanzado con los socialistas dota a la Comunidad Valenciana de un instrumento necesario para seguir avanzando y justifica ya una legislatura que se halla a la mitad. Pese a ello, el presidente del Ejecutivo autónomo ha tenido que escuchar críticas internas, tanto por el proceso de negociación como por su resultado. Con motivo del primer año de Gobierno de Zapatero, Zaplana aseguraba en Valencia hace tan sólo un mes y medio: "Nosotros no concurrimos a las elecciones con ninguna reforma estatutaria". Y ayer, en la reunión de la dirección regional del PP, se volvieron a pedir nuevas explicaciones por parte del presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España.
Por su parte, el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Joan Ignasi Pla, reconoce que el acuerdo sobre el Estatuto "abre espacios en otras comunidades autónomas". Para Pla, lo importante es que tanto en materia de justicia como de financiación la Comunidad Valenciana estará preparada para asumir nuevas competencias. El PSPV resalta, también, la inclusión en la reforma de un paquete de nuevos derechos sociales y de ciudadanía que quedan consolidados, y el acuerdo realizado en paralelo para modificar o aprobar en esta misma legislatura cuatro leyes autonómicas.
El acuerdo PP-PSPV deja fuera a Esquerra Unida, aliada de los socialistas en Madrid, que duda ahora entre abstenerse u oponerse a la reforma.
El pacto refuerza el bipartidismo
El acuerdo para reformar el Estatuto valenciano, que hoy será presentado solemnemente en el Palau de la Generalitat en Valencia, refuerza la tendencia al bipartidismo en la política autonómica. Las discusiones entre PP, PSPV y Esquerra Unida para eliminar del nuevo Estatuto la barrera electoral -es necesario un 5% de los votos a nivel autonómico para entrar en el reparto de escaños en las circunscripciones provinciales- y trasladar esta cuestión a la ley autonómica correspondiente no han dado resultado. Al contrario, las presiones del PP para evitar que se eliminase la barrera electoral del nuevo Estatuto se han traducido finalmente en un refuerzo de la mayoría PP-PSPV para modificar la Ley Electoral Valenciana. Un texto legislativo que hasta ahora era modificable con una mayoría de tres quintos de las Cortes autónomas y que tras el pacto alcanzado requerirá de dos tercios de la Cámara.
Esquerra Unida y el Bloc Nacionalista Valencià -un partido que carece de representación en el Parlamento autónomo pero que es la tercera fuerza municipal a notable distancia de las restantes- no han hecho del 5% el eje de sus reivindicaciones en la reforma estatutaria. Sin embargo, la consolidación de esta barrera electoral ensombrece sus expectativas electorales. Esquerra Unida, como ha sucedido en el resto de España con Izquierda Unida, ha visto reducir sensiblemente su apoyo electoral en las últimas convocatorias hasta caer por debajo del 5% en la Comunidad Valenciana. El Bloc, en sus mejores resultados conseguidos hasta ahora, se ha quedado a décimas del fatídico 5%.
El acuerdo para reformar el Estatuto de la Comunidad Valenciana no sólo ha reforzado la necesidad de pacto entre populares y socialistas en materia electoral. También se ha reforzado la mayoría necesaria para introducir cambios en la estructura territorial de la Comunidad Valenciana, centrada ahora en las divisiones provinciales.
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