Absuelta una ex secretaria de Matas en el caso de espionaje electrónico al PSOE balear
Los jueces señalan que los documentos captados no pertenecían al dominio privado
La Audiencia de Palma de Mallorca absolvió ayer a Francisca Pascual, ex secretaria de Jaume Matas y ahora directora general de Presidencia del Gobierno balear, y al auxiliar Sebastián Vallori, de la acusación de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el caso del espionaje electrónico por pinchazo del correo electrónico de Francesc Quetglas (PSOE) en el Consell de Mallorca entre 1998 y 2000.
La sentencia prueba que por un error técnico en el servidor de Internet utilizado a la vez por la Presidencia del Gobierno balear, que utilizaban Vallori y Pascual, y por el Consell de Mallorca se recibieron hasta 34 mensajes "redireccionados" destinados al socialista Quetglas, en ese momento presidente de la comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca. Los jueces dicen que los envíos eran del ámbito de la Administración y "que jamás pertenecieron ni pudieron pertenecer, por su propia naturaleza y contenido, al acervo de la intimidad o privacidad del denunciante".
El derecho a la intimidad se ve "esencialmente incompatible" con las normas de la actividad de la Administración, que "se rige irrenunciablemente por los principios de publicidad y transparencia".
Quetglas, que recurrirá al Supremo, reclamó, así como la acusación ejercida por IU, una pena de cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación para Pascual y Vallori. La fiscalía, que inicialmente quiso imputar a Matas, al igual que otra sala de la Audiencia -recusada por el PP- cambió su línea por órdenes del anterior fiscal general, Jesús Cardenal, y pidió la absolución.
El caso se inició en 2000 cuando el entonces Gobierno balear de la izquierda (1999-2003) detectó por casualidad un pinchazo, un fallo latente, en Internet en la etapa de mandato del PP. Quetglas afirmó que Matas le espió, tras ver divulgado en el Parlamento uno de sus documentos particulares y del Consell captados de su buzón de correo electrónico.
La Audiencia afirma que el documento exhibido por el presidente, sin que se aclarase su procedencia, "no era ni podía ser secreto", era "público y carente de toda relación con su derecho a la intimidad" porque iba a ser repartido en un foro. Los magistrados subrayan que Quetglas no acusó a Matas cuando hizo público el documento ni al presentar la denuncia sobre el pinchazo.
