España exige mantener hasta 2013 el saldo positivo con la Unión Europea

El Gobierno aborda la fase caliente de la negociación de los presupuestos de la UE para 2006-2013 con preocupación por la dificultad creciente del marco europeo y metas adecuadas a las circunstancias. Fuentes gubernamentales indicaron ayer, en vísperas de la visita que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero realizará a Luxemburgo, el martes, para preparar el Consejo Europeo de junio, dos objetivos que parecen líneas rojas: consolidar el reconocimiento del problema español y rechazar todo arreglo que convierta a España en contribuyente neto antes de 2013.

Son propósitos mínimos ante una cumbre de perspectivas muy inciertas, y, como tales, modestos. La propuesta de febrero de 2004 con la que la Comisión Europea abrió el debate ya concede a España un saldo neto de 5.000 millones de euros para todo el septenio considerado, de modo que las finanzas españolas con Bruselas no pasarían al rojo hasta el año que el Gobierno se fija como meta.

La especificidad del paso español, derivada del efecto combinado del aumento vertiginoso de sus contribuciones -un 55% más-, debido al fuerte crecimiento de la economía, y a su salida abrupta del Fondo de Cohesión, debida al descenso de la renta media comunitaria tras la ampliación, ha sido, por otra parte, doblemente reconocida por la presidencia luxemburguesa en su propuesta de abril y en la del pasado 19 de mayo.

Queda, sin embargo, el hecho de que los contribuyentes netos rechazan esta propuesta luxemburguesa, al tiempo que exigen que el techo de los recursos propios de la Unión se reduzca hasta el 1% del PIB comunitario, frente al 1,24% propuesto por la Comisión. Un techo del 1% convertiría a España en contribuyente neto desde 2011, con un saldo negativo de 355 millones.

"Si se negocia mal, el saldo neto negativo podría llegar ya en 2007", asegura uno de los protagonistas de las conversaciones. "El escenario es muy difícil", añade la misma fuente, aludiendo a las complicaciones que se acumulan cada día en el plano político: la convocatoria en Alemania, para otoño, de unas elecciones que vuelven inverosímil cualquier acuerdo antes de esas fechas y los efectos derivados del proceso de ratificación de la Constitución europea. Sobre todo en Francia, aquejada incluso antes del referéndum de inestabilidad manifiesta, y en el Reino Unido, que, en cuanto pasó su prueba electoral, abrió con estruendo la pelea por su cheque, una cuenta particular que, si nadie lo remedia, costará a los europeos, según cálculos españoles, unos 43.000 millones entre 2006 y 2013.

Madrid lucha, entre tanto, por contener la caída en picado de los 48.700 millones de euros que Bruselas le transfirió en el septenio precedente, y es normal que mire al cheque británico, sobre todo teniendo en cuenta que su aportación actual de 700 millones de euros anuales a esa compensación está llamada a doblarse en pocos años. En esa pelea no está sola, ya que 24 de los 27 países implicados en los presupuestos a debate -que incluyen también a Bulgaria y Rumania- rechazan una concesión a Londres que ha dejado de tener cualquiera de las justificaciones que la hicieron posible, en los años ochenta.

"Al margen de que el Reino Unido se beneficia hoy de la Política Agrícola Común casi tanto como Italia, es absurdo que Bulgaria o Rumania, que no llegan al 35% de la renta comunitaria, tengan que compensar financieramente al tercer país más rico de la Unión", comentan las fuentes consultadas.

Para el caso español, resultaba más que deseable que se cumpliera el calendario luxemburgués de cerrar la negociación de las perspectivas financieras bajo esta presidencia, en el Consejo del 16 y 17 de junio.

En julio, la presidencia pasará al Reino Unido, y, con el problema del cheque, no cabe esperar nada. Luego la dirección de la UE irá a Austria, con el referéndum británico pendiente todavía, para cerrar el año 2006 con la presidencia de Finlandia, un país que carece de peso político para imponer los inevitables arreglos de ultimísima hora. Todo ello, sin incluir el cataclismo que puede desencadenar, el próximo domingo, un no de Francia a la Constitución europea.

Difícil arreglo

El hecho de que la propia Francia y los 10 nuevos miembros tengan prisa por concluir el debate, como España, no abrirá las puertas del arreglo en estas circunstancias.

Zapatero defenderá, no obstante, el martes en Luxemburgo la posición española. Pedirá a la presidencia tres años más de fondos de cohesión, adicionales a los dos que contempla la propuesta luxemburguesa; lamentará que ésta haya rebajado los recursos de la solidaridad del 0,41% al 0,37% del PIB comunitario; exigirá que se supriman los recortes a las política de desarrollo rural, pesquero y medioambiental y que crezcan las ayudas a las regiones ultraperiféricas.

Todo ello para arañar recursos que hagan cuadrar la cuenta. España asume la pérdida de 20.000 millones de euros en transferencias por su crecimiento económico y de otros 15.000 millones, como coste de la ampliación. Quedan 13.000 millones de los 48.000 cobrados en el último septenio. Sobre éstos va la puja.