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Las comunidades del PP acusan a Trujillo de invadir sus competencias

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, sufrió ayer durante casi cinco horas en el Senado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP a su política. Uno de los puntos que obtuvo un rechazo más claro fue la propuesta de que los pisos protegidos no puedan ser vendidos nunca en el mercado libre (ahora se puede hacer 10 años después de comprarlos). El PP amenaza con llevar este asunto al Tribunal Constitucional por invasión de competencias autonómicas, ya que las políticas activas de vivienda están completamente transferidas. Trujillo replica que, si fue constitucional colocar ese tope de 10 años, también lo es ponerlo "en 15, 20, 40 o 90".

El PP logró convocar a sus consejeros, pero las comunidades más importantes gobernadas por el PSOE -Andalucía, Cataluña o Extremadura- no acudieron a la cita con la ministra en el Senado, excepto Asturias y Aragón.

Al concluir la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, después de las constantes críticas de autonomías gobernadas por el PP y del portavoz de este grupo, José Manuel García Ballestero, la ministra defendió la propuesta de impedir la venta libre de las viviendas protegidas, incluida en el borrador del nuevo plan de vivienda 2005-2008 elaborado por el Gobierno.

Trujillo explicó que se pretende evitar la especulación con este tipo de viviendas subvencionadas. Para ello, el comprador podrá deshacerse de esa vivienda, incluso antes de esos 10 años actuales, porque quiera adquirir una mejor o tenga que cambiar de ciudad. Pero no acudirá al mercado libre, sino a una lista de demandantes controlada por Vivienda, donde venderá al precio oficial que esté en vigor para este tipo de pisos en el momento de la venta (siempre por debajo del precio en el mercado libre).

Críticas de los sindicatos

"Tenemos que crear un parque de vivienda pública protegida. Eso es lo que demandan todos los colectivos. No invadimos competencias. Las autonomías tienen tipologías de vivienda propias y allí tienen competencias exclusivas", explicó la ministra. Poco después recibió la crítica de García Ballestero, del PP, quien mostró su rechazo a que las ayudas del plan de vivienda estatal se repartan a las autonomías que cumplan los principios marcados por el ministerio. García Ballestero lo calificó de "chantaje". Trujillo sentenció que es lógico que el Gobierno entregue las ayudas a quienes las utilicen bien.

Pero el plan de Trujillo también se ha topado con algunas críticas de los sindicatos. Fuentes de CC OO afirmaron ayer que, aunque en conjunto el programa es positivo, "quedan aspectos sin concretar", en especial la "falta de una memoria económica" y la "carencia de objetivos cuantificables", informa Servimedia. UGT duda de que logre reducir el precio de los pisos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de mayo de 2005