La basura tiene plan, pero faltan las instalaciones

Tras seis años de gobierno del PP sin avanzar apenas en la solución a la falta de plantas para tratar y eliminar las basuras prevista en el Plan Integral de Residuos (PIR) de 1997, el Consell de Francisco Camps se marcó como reto poner orden en el caos y los conflictos que, como el bloqueo del vertedero de Dos Aguas, hacen viajar periódicamente los desechos por toda la Comunidad Valenciana y fuera de ella. Con ese fin, la Consejería de Territorio y Vivienda introdujo cambios en el PIR, que dividió las comarcas en 18 zonas con sus correspondientes equipamientos, de los que sólo se habían aprobado tres. El mapa se ha modificado, se han introducido mecanismos de "flexibilización" para facilitar la presentación de ofertas de las empresas, y la consejería impulsa, a la par que vigila, la creación de los consorcios de municipios que deben adjudicar las plantas y vertederos. El acelerón ha permitido que estén ya aprobados todos los planes y la consejería espera que a mediados de este año se hayan constituido todos los consorcios. En varias zonas hay proyectos e infraestructuras en marcha, pero el camino para completar los servicios necesarios, que el PIR estableció en un plazo de cinco años, aún se antoja largo y sembrado de conflictos. Prueba de las dificultades de gestión de los planes zonales es el ejemplo de Valencia y su área metropolitana, en la que la entidad que reúne a 43 municipios -el Emtre, controlado por el PP- tiene el documento de las instalaciones aprobado desde la pasada legislatura y sólo ha adjudicado la planta que sustituirá a la de Fervasa, que se sale de sus costuras y reenvía basura a otros vertederos. El Emtre también ha tropezado con la ilegalización del vertedero de Dos Aguas, un problema cuya solución deberá refrendar Territorio. Otro ejemplo reciente del persistente problema de las basuras se sitúa a caballo entre Abanilla (Murcia) y La Murada (pedanía de Orihuela), donde murió un trabajador sepultado por la basura de un vertedero que el empresario Ángel Fenoll dice que está en la comunidad autónoma vecina y una sentencia ubica, sin permisos, en terreno oriolano. La consejería no ha intervenido en el asunto, que sí investiga la Fiscalía.

La consejería ha introducido cambios que buscan agilizar la gestión de los residuos