El alcalde de Orihuela contrata con la mutua de la mujer de un concejal
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, ha contratado el seguro obligatorio y demás servicios médicos inherentes a la Ley de Prevención de Riegos laborales con una mutua cuya representante es la mujer del concejal del PP y secretario autonómico de Agricultura Antonio Rodríguez Barberá. El PSPV considera ilegal la adjudicación porque se han fraccionado servicios para eludir el preceptivo concurso público. El Ayuntamiento adjudicó en 2002, mediante acuerdo de la comisión de gobierno, el seguro obligatorio por accidente y enfermedad profesional del personal de la corporación (500 trabajadores, entre funcionarios y empleados eventuales) a la firma la Fraternidad Muprespa, empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales, medicina de trabajo y asistencia sanitaria. Posteriormente, en 2004, amplió el contrato a los servicios obligatorios derivados de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (medicina preventiva y asistencia complementaria). Por este concepto, facturó en 2003 al Ayuntamiento unos 30.000 euros.
Hasta 2002, el Ayuntamiento tenía contratadas las pólizas de seguros y los servicios médicos complementarios con la firma Mutuamur. La gestora de los seguros de Fraternidad Muprespa en la zona y su representante ante el Ayuntamiento es Asunción María Lozano Gálvez, esposa de Rodríguez Barberá. En 2002, Rodríguez Barberá era el concejal delegado de Hacienda de Orihuela y diputado provincial.
Para José Manuel Espinosa, interventor de Orihuela hasta mediados del pasado mes de febrero, la adjudicación inicial del primer contrato y su posterior ampliación es ilegal. El funcionario asegura que se han fraccionado las cuantías del contrato en varios tramos, aunque se trata de un mismo servicio. Espinosa fue destituido en el cargo tras autoinculparse de haberse apropiado de unos 30.000 euros de las arcas públicas. Espinosa mantiene que el "90% de las adjudicaciones que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos años son ilegales". En base a esta denuncia del funcionario, la oposición ha realizado una investigación que constata que el alcalde ha adjudicado contratos por valor de más de tres millones de euros mediante el sistema de contratación verbal, fórmula expresamente vetada en la ley.
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco García Ortuño, abunda en la denuncia del ex interventor sobre la ilegalidad del contrato, "que vulnera claramente la ley".
Medina no respondió ayer a la llamada de este periódico para conocer su versión.
