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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Seguro verde

El principio de que quien contamina paga ha sido durante años más un lema bienintencionado que una realidad. Desastres como el de Aznalcóllar, con un coste para el Estado de 240 millones de euros que no han sido reembolsados, han evidenciado la escasa capacidad del sistema de los juzgados y de la Administración para conseguir una reparación rápida de los daños ecológicos y la asunción de costes por parte de los responsables. Es por ello que la futura ley de responsabilidad medioambiental anunciada por el Gobierno supone al menos una esperanza frente a estos desmanes.

La norma, que posiblemente entre en vigor antes de 2007, obliga a las empresas contaminantes a reparar los daños y a suscribir un seguro de responsabilidad. Para ello se les requerirá una póliza, un aval bancario o un fondo económico, cuya cuantía determinará la Administración. Un punto importante de la futura ley radica en que obliga a las empresas a asumir la responsabilidad de las emisiones durante un plazo de 30 años desde que fueron realizadas. Este aspecto no sólo conferirá una profundidad inusual a la acción inspectora de los organismos medioambientales, sino que también supone una seria advertencia para quienes creen que pueden contaminar impunemente por la actual falta de controles.

La eficacia de la ley, sin embargo, ha sido puesto en duda por las propias aseguradoras, que han recordado que no podrán cubrir el riesgo ambiental de todas las empresas afectadas. Hay casos, sostienen las aseguradoras, en que el daño potencial es de tal dimensión que nadie puede asumirlo. Aparte de los problemas técnicos que entraña el cálculo de los efectos ambientales de cualquier actividad, el Ministerio de Medio Ambiente, si quiere llevar a buen puerto la ley, ha de ser consciente de la repercursión económica de su decisión y someterla a debate entre los implicados. Es cierto, como dice la ministra Narbona, que sólo cuando las empresas tienen en cuenta el coste de contaminar, aumenta la prevención, pero no lo es menos que para ello habrá que bajar a la arena del detalle y explicar cuáles son esos costes en cada caso. Algo que todavía no se ha hecho.

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