El Gobierno prepara un modelo de financiación que recorta la propuesta del tripartito catalán
Solbes y Sevilla defienden la competencia de recaudación e inspección para el Ejecutivo central
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado la iniciativa ante el reto del modelo de financiación autonómica, planteado por el Ejecutivo tripartito de la Generalitat de Cataluña, y ha decidido elaborar su propio modelo, cuyas bases explicará el jefe del Gobierno en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, en julio, con la que arrancará la negociación con las comunidades autónomas.
El modelo de financiación autonómica, en el que trabajan el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se basa en que cada administración -central, autonómica y local- recaude y gestione sus propios impuestos, con lo que "aumenta la autonomía fiscal" de las comunidades para afrontar sus necesidades financieras.
El Ejecutivo propone un modelo de espacios fiscales separados para cada Administración
La agencia tributaria estatal y la autonómica recaudarán sus tramos y se coordinarán
Pero el Gobierno central se reserva la competencia del principio de igualdad de los derechos de los ciudadanos y la solidaridad interterritorial. Lo que se traduce en que el Ejecutivo mantiene la competencia de recaudación e inspección en las autonomías. En este sentido, las líneas generales del modelo recortan las exigencias del Gobierno tripartito catalán, que pretendía recaudar todos los impuestos y ceder al Estado un máximo del 50% de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales.
El ministro de Administraciones Públicas señala que el Gobierno, con la iniciativa de marchar hacia un modelo de "espacios fiscales separados" para cada administración, trata de "aumentar la soberanía y la responsabilidad fiscal" de las autonomías. Y, a la par, pretende "poner punto final" a la situación actual en la que las comunidades autónomas, que participan de todos los impuestos con la Administración central, menos el de sociedades, "cuando tienen necesidades financieras descargan su responsabilidad enfrentándose al Gobierno central, pidiéndole el aumento de más porcentaje".
Las comunidades disponen actualmente como "espacio fiscal propio" de tributos propios -patrimonio, sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, juego, venta minorista de hidrocarburos, medios de transporte y electricidad- y un tramo del IRPF (33%), IVA (35%) y de impuestos especiales -alcohol, hidrocarburos y tabaco- (40%). El único impuesto no participado por las comunidades es el de sociedades, y el Gobierno central ya ha adelantado que con la reforma del modelo no lo va a descentralizar.
El ministro precisa que se trata de sustituir el actual modelo de todo es de todos y todos contra el Gobierno central por la responsabilidad de cada gobierno autónomo ante sus ciudadanos, de modo que si una autonomía necesita más dinero para responder a sus necesidades financieras, aumente sus impuestos, con la capacidad normativa de que dispondrá o, dicho de otra forma, "que cada palo aguante su vela".
Sevilla aclara que "se trata de terminar con un modelo paradójico, por el que algunos gobiernos autonómicos han suprimido impuestos, como el de sucesiones, o han rebajado otros, como el de patrimonio, y luego han reclamado dinero para la sanidad al Gobierno central. Lo que se trata es de ir hacia espacios fiscales separados, donde cada administración tenga sus mecanismos fiscales, de modo que si necesita dinero pueda utilizarlos autónomamente sin permiso de otra administración".
El modelo de financiación en que se inspira el Gobierno es el "federal americano", dice Sevilla, y el Ejecutivo pretende aplicarlo en todas las autonomías excepto País Vasco y Navarro, que tienen un régimen fiscal propio.
El nuevo marco defendido por el Gobierno central, que deberá ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera primero y convertido en ley posteriormente en el Congreso, recorta las exigencias que el Ejecutivo tripartito de Cataluña pretende incluir en su reforma estatutaria. En este sentido, el Gobierno central no renunciará a inspeccionar y a cobrar sus impuestos ni en Cataluña ni en ninguna otra comunidad del régimen general, y mantendrá estas competencias en el nuevo modelo.
No obstante, existirá una coordinación entre la agencia tributaria central y la de cada autonomía, de modo que cada una de ellas recaude su tramo correspondiente, lo que resulta otra novedad del modelo. Dicho modelo se basa en el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones del 14-M de 2004, que apostaba por dotar a las comunidades de un espacio fiscal propio.
Zapatero presentará las líneas generales del modelo de financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes de julio, para que posteriormente se debata y apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -que reúne a las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas y a los ministerios de Economía y Administraciones Públicas- en diciembre, con la pretensión de que entre en vigor para 2007.
En la misma sesión de la Conferencia de presidentes, Zapatero presentará un plan de recorte del gasto en la sanidad, que lastra la financiación de numerosas comunidades, sobre todo las más pobladas y más presión migratoria.
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