Los presidentes autonómicos piden más dinero

La propuesta de reforma del sistema de financiación elaborada por la Generalitat de Cataluña, presidida por Pasqual Maragall, ha reverdecido el debate. Este sistema afecta a todas las comunidades, salvo Navarra y el País Vasco. Los presidentes de la mayoría de las autonomías opinan para EL PAÍS sobre el modelo actual y su posible modificación. Para ello responden a dos preguntas clave: ¿Es necesario reformar el actual sistema? y ¿qué propone para mejorar su propia financiación? Los que militan en el PSOE ven más urgente la reforma, pero todos, incluidos los del PP, consideran que hay que hacer ajustes porque el modelo vigente se hizo en 2001 con datos de 1999, y desde entonces la población española ha crecido en cuatro millones.

MANUEL CHAVES (PSOE) ANDALUCÍA

El actual sistema de financiación, fruto del consenso entre el Gobierno y las comunidades, y de éstas entre sí, puede y debe mejorarse. Estas mejoras también deben ser acordadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es conveniente avanzar en una mayor autonomía financiera que permita a las comunidades establecer espacios fiscales propios, con capacidad normativa, de gestión tributaria y de recaudación. Igualmente, debe evaluarse la incorporación de nuevos impuestos a la cesta de tributos compartidos y la creación de agencias tributarias que colaboren estrechamente con la estatal. El criterio básico para calcular la suficiencia tiene que ser la población residente en cada territorio.

Es imprescindible reformar la financiación sanitaria para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad. Ello exige revisar la base inicial de 1999 ya que desde entonces la población española ha crecido en cuatro millones de habitantes.

ESPERANZA AGUIRRE (PP) COMUNIDAD DE MADRID

El modelo actual es válido puesto que tiene los mecanismos necesarios para atender las nuevas necesidades surgidas por el aumento de la población, que en la Comunidad de Madrid es de 650.000 personas. Antes de abordar una posible reforma del sistema de financiación debe desarrollarse el modelo vigente, que fue acordado por unanimidad. No nos oponemos a que se modifique, puesto que cualquier propuesta que convenga a Cataluña, le conviene también a Madrid. La Comunidad de Madrid pondría dos limitaciones: en primer lugar, que nazca del acuerdo entre todas las Comunidades autónomas y el Estado y, en segundo lugar, que recoja el principio constitucional de solidaridad entre las regiones. No podemos olvidar que Madrid es la Comunidad más solidaria y la que más contribuye a la caja común del Estado, a la vez que se ha convertido en locomotora económica de España.

La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones en incremento de población entre 1999 y 2004. Por esta razón, hemos reclamado 1.414 millones de euros en cumplimiento de los mecanismos previstos en el actual modelo de financiación.

FRANCISCO CAMPS (PP) COMUNIDAD VALENCIANA

Uno de los avances más importantes de la política autonómica en España en los últimos tiempos fue la aprobación en 2001 de un modelo de financiación que, por su equidad, contó con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas de régimen común. Dicho modelo es suficiente y estable y ajusta la obtención de ingresos y la gestión de gasto al grado de descentralización alcanzado, además de garantizar la autonomía y suficiencia financiera y la solidaridad entre autonomías. La Generalitat Valenciana considera que este modelo sigue siendo absolutamente viable, si bien es cierto que el escenario de aplicación ha cambiado en algunos trazos, lo que hace necesario el ajuste de alguna de sus variables, primordialmente, la de población.

Desde 1999, fecha que se tomó como base para el cálculo poblacional, la Comunidad Valenciana ha crecido en más de medio millón de habitantes, y la atención que presta en materia sanitaria o de bienestar social, aun ha visto incrementadas más estas cifras. Es, por lo tanto, suficiente, la modificación de las variables poblacional y de desplazados para que la aplicación del modelo siga siendo equitativa, suficiente, corresponsable y, sobre todo, solidaria.

JOSÉ MARÍA BARREDA (PSOE) CASTILLA-LA MANCHA

El acuerdo vigente nació del consenso y avanzó en cuestiones esenciales: aportó más recursos, se basó en una pluralidad de impuestos y se distribuyó de acuerdo a criterios objetivos que inciden en el coste de los servicios públicos. No obstante, es obvio que determinados gastos están creciendo a un ritmo superior que los ingresos como consecuencia de la evolución de la población pero, sobre todo, porque las comunidades debemos prestar a los ciudadanos los servicios esenciales en las condiciones de calidad que demandan y garantizando la igualdad en todos los territorios. Eso justificaría la necesidad de la reforma.

Cualquier modificación debe hacerse contando con el mismo nivel de consenso actual, siguiendo los cauces establecidos (Conferencia de Presidentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cortes Generales y Comisiones Mixtas) y profundizando aún más en la igualdad desde la solidaridad. Por eso, además de la población, se deben considerar otros factores como el territorio, la dispersión, las diferencias de renta o el envejecimiento y se debe garantizar la suficiencia de los recursos hoy y en el futuro, con mecanismos adecuados de autonomía y responsabilidad. En cualquier caso, es una reforma que no debe hacerse en el ámbito de la modificación de los Estatutos de Autonomía ni de la Constitución.

JAUME MATAS (PP) BALEARES

Para revisar el sistema, es imprescindible que, en primer lugar, se apliquen todas las previsiones del modelo en vigor. En el caso de las Illes Balears, por ejemplo, su despliegue nos habilita para acceder a las asignaciones de nivelación previstas por la ley en materia de educación y de sanidad, debido a que nuestro incremento de población ha superado la media nacional por encima del límite fijado por la ley. Y eso significa que tendríamos que estar recibiendo unos recursos financieros adicionales de unos 2.225 millones de euros anuales.

En nuestro se debe contemplar la variable de la insularidad, ya recogida en el actual sistema al amparo del reconocimiento constitucional de las desventajas estructurales que sufren los territorios insulares.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA (PRC) CANTABRIA

Los sistemas de financiación autonómica son adecuados siempre que exista consenso en torno a ellos, como lo ha tenido hasta ahora el actual modelo. Sin embargo, la apertura en este momento del debate ha supuesto la ruptura de ese acuerdo general. Es necesario trabajar para recuperar el consenso y debemos hacerlo entre todos, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Nosotros somos partidarios de más autonomía en la toma de decisiones y un acuerdo en el que cada administración asuma ante los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde ante las modificaciones tributarias. El sistema debe basarse también en la solidaridad, conjugada por el Estado, para favorecer una convergencia mayor entre las regiones. Cantabria tiene dos problemas específicos y diferenciados del resto, como son la dispersión y los residentes no censados, que se concentran sobre todo en la comarca oriental, por la proximidad con el País Vasco, y están recibiendo a cargo de la Administración de Cantabria unos servicios por los que no tributan, lo cual nos genera un problema obvio de financiación. De igual modo, la dispersión de la población en una orografía tan complicada como la cántabra supone un encarecimiento de los servicios frente otras comunidades donde existen modos de vida más concentrados.

JUAN VICENTE HERRERA (PP) CASTILLA Y LEON

Sin duda alguna, todo sistema de financiación es perfectible. Lo pudimos ver en el año 2001 e igualmente se puede plantear ahora. Dicho esto, es preciso tener en cuenta dos consideraciones importantes. La primera es que las eventuales reformas sean, en efecto, para mejorar el sistema, para avanzar en la suficiencia financiera de las comunidades, para garantizar la corresponsabilidad y, muy especialmente, para reforzar la solidaridad entre territorios y garantizar el equilibrio de recursos entre ellos, a fin de que todos los ciudadanos españoles tengan la posibilidad de acceder a un similar número de servicios de calidad equiparable con independencia de su lugar de residencia. La segunda es que este nuevo modelo debe alcanzar un grado de consenso semejante al que ahora está vigente, que fue apoyado, en su día , por todas las Comunidades Autónomas no forales.

Los instrumentos de solidaridad deben ser reforzados. No compartimos en absoluto los criterios de financiación propuestos que defienden el principio de "pagar por renta y recibir por población". La población es, por supuesto, un elemento importante a considerar en la distribución de recursos, pero no absoluto. Hay que valorar algunos rasgos determinantes de esta población que, en caso de Comunidades como Castilla y León, adquieren una importancia determinante. Es el caso, por ejemplo, de su grado de envejecimiento o su dispersión.

MARCELINO IGLESIAS (PSOE) ARAGÓN

Hay que reformar el sistema porque hay un problema vinculado a la suficiencia que está estrechamente ligado a la dinámica del gasto sanitario, que crece cada año a una tasa superior a la del PIB y a los ingresos. Sería preciso realizar de forma inmediata algún retoque en aspectos estrictamente vinculados con la financiación sanitaria, así como en la concreción del concepto de lealtad institucional.

Aunque se ha producido un aumento de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, todavía el 34% de los recursos que proporciona el sistema provienen del Fondo de Suficiencia. Nuestro interés reside en incrementar nuestro grado de autonomía y capacidad normativa. Para Aragón es crucial también la solidaridad interregional, para lo cual es imprescindible la articulación de algún mecanismo nivelador y no entenderíamos una propuesta de reforma que no tuviese en cuenta dos aspectos adicionales: el esfuerzo fiscal y la lealtad institucional. Desde nuestra defensa del mantenimiento de las variables que determinan el actual sistema, como el peso de la población, desde Aragón creemos fundamental otros factores, como la superficie, la dispersión o la edad de la población. Sí quiero resaltar que cualquier decisión que suponga una modificación del actual sistema debe contar con el consenso entre el Estado y todas las comunidades autónomas.

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL (PP) REGIÓN DE MURCIA

El actual sistema de financiación autonómica nació del más amplio acuerdo, el logrado entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas; y se ha demostrado eficaz, eficiente y justo. Nosotros entendemos que, cuando acaba de empezar a andar en toda su extensión, es posible que haya que ajustarlo. Pero, desde luego, es un magnífico sistema de financiación.

El propio modelo contempla sus procedimientos de actualización, tal como el de la población. En el caso de la Región de Murcia, es preciso aplicar inmediatamente la actualización de población, y así lo estamos solicitando constantemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque estamos dando servicios a los ciudadanos que somos en 2005, recibiendo del Estado la cantidad que nos correspondía por los que éramos en 1999.

V. ÁLVAREZ ARECES (PSOE) PRINCIPADO DE ASTURIAS

Es el momento apropiado para avanzar en el perfeccionamiento del sistema de financiación autonómica aprobado en 2001 y que está siendo sometido a tensiones continuas desde su aprobación, como se demuestra en que la primera liquidación del 2002 ha producido la aplicación de la garantía sanitaria de mínimos en la mayor parte de las comunidades autónomas y ésta sólo existirá los tres primeros años de vigencia del sistema. A todo esto hay que añadir la falta de lealtad institucional del anterior Gobierno de España, que aplicó abusivamente el "yo legislo y tú pagas". La negociación de estas reformas se debe realizar en un foro multilateral.

El sistema actual debe de ser mejorado en sus dos aspectos esenciales: suficiencia financiera dinámica y garantía, sin acotaciones del 50%, de la solidaridad. En el primer aspecto, con ingresos tributarios suficientes para financiar el gasto público y un espacio fiscal propio que permita más amplias competencias normativas y de gestión.

Las comunidades autónomas que, como el Principado de Asturias, no alcanzamos a sufragar nuestras necesidades de financiación con los recursos que el modelo pone a nuestra disposición, debemos poder acogernos a un mecanismo de nivelación, cuyo objetivo explícito de equidad debería pasar por garantizar la igualdad en los niveles de prestación de los servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta también las diferencias que existen en los costes de prestación entre comunidades autónomas.

Nuestro mayor problema es que tenemos una población muy envejecida, con escaso crecimiento cuantitativo, y a la vez, un mayor consumo de servicios sanitarios que dispara el gasto.

ADÁN MARTÍN MENIS (CC) CANARIAS

El actual sistema de financiación común fue el resultado de largas negociaciones de todos los partidos políticos en el ámbito estatal y no debe ser continuamente renegociado en cada legislatura. Ahora bien, lo que sí es necesario es actualizar o revisar periódicamente los parámetros que intervienen en dicho reparto.

En cuanto a la financiación sanitaria debe tener una atención especial para Canarias por el incremento poblacional y por la masiva visita anual de turistas.

En este contexto, el Congreso aprobó en el reciente debate de la Nación una resolución de Coalición Canaria en la que se insta al Gobierno central a que negocie con los sectores sociales y las CCAA un Pacto Social por la Sanidad, que incluya la revisión de la financiación sanitaria y el reconocimiento de los crecimientos poblacionales, así como la compensación por la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos de la Unión Europea o que cuentan con convenios de reciprocidad con España.

Canarias ha experimentado un enorme incremento poblacional en estos últimos años por lo que es absolutamente necesario actualizar las cifras de población para aplicar la distribución entre las CCAA. Principalmente la financiación sanitaria debe considerar en mayor grado la variable población ya que el gasto sanitario está desbordando las cuentas de la CAC.

Con información de: Manuel Cuéllar, Andreu Manresa, Concha Monserrat, Juan Manuel Pardellas, Tono Calleja, Javier Cuartas, Elsa Granda y Francisco Cantalapiedra.