Tergiversar Bolonia

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se está llevando a cabo en el Estado español con demasiadas dificultades y corre el peligro de verse convertido, en realidad, en el Espacio Español de Educación Superior, alejado de lo que se está haciendo en el resto del continente (con muy pocas excepciones), con unas características muy diferentes de las que se han ido definiendo desde la ya lejana (aunque aquí casi ni se haya empezado a aplicar) declaración de Bolonia de 1999.

El reciente comunicado de Bergen, acordado el pasado viernes por los ministros de Educación Superior, reitera la necesidad de cumplir con los objetivos del proceso de Bolonia. Cuando se ha alcanzado el "paso del ecuador" hacia 2010, en que se supone que el sistema europeo estará ya plenamente en marcha, España comienza a definir dificultosamente los estudios de grado (el bachelor en la nomenclatura anglosajona).

El método que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha diseñado para ello está causando una alarma más que justificada y, al mismo tiempo, perjudica seriamente el proceso de convergencia con Europa, ya que hay quien está asimilando la propuesta de eliminación de titulaciones como Humanidades o Historia del Arte al propio proceso.

En realidad, tanto la declaración de Bolonia como las de Praga, Berlín y Bergen (gobiernos), o las de Salamanca, Graz y Glasgow (universidades), así como la comunicación de la Comisión Europea del 20 de abril "Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa", (...) apuestan claramente en el sentido contrario al que lo están haciendo las subcomisiones del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) responsables de confeccionar un catálogo de "títulos", es decir, de denominaciones, de grado.

El propio concepto de catálogo ya es una aportación carpetovetónica al proceso, al menos en su interpretación de lista cerrada, fuera de la cual las universidades estarían ofreciendo unas enseñanzas con el mismo profesorado y los mismos medios pero que, al ser "propias", carecerían de carácter "oficial" y sus estudiantes quedarían al margen de la financiación pública y excluidos de los beneficios de una titulación "oficial", como becas, acceso al doctorado o reconocimiento en el acceso a la función pública. ¡Intenten explicar esto a un colega europeo! Tal vez le dirá que a sus titulados, que no proceden de ningún catálogo (hay alguna excepción), sí les corresponden todos esos derechos en España, ya que son "oficiales" en su país.

Creo que el protagonismo dado al CCU debería ser objeto de reflexión. En efecto, la estructura del CCU ha quedado desfasada.

En concordancia con las recientes propuestas de la Comisión Europea, las universidades deberían gozar de más autonomía para decidir qué estudios desean impartir, y los gobiernos autónomos deberían ser los responsables de evitar establecer una regulación excesiva previa de los procedimientos y facilitar, por tanto, mayores márgenes de decisión a las universidades que permitiría también a éstas una mayor especialización, un mejor aprovechamiento de sus recursos, de sus capacidades y de sus oportunidades de ser útiles a la sociedad.

La capacidad de propuesta de titulaciones oficiales (si se insiste en mantener el concepto) con validez en todo el Estado debería corresponder a las universidades y la potestad de su aprobación debería recaer en el gobierno del Estado y los gobiernos autónomos, dada su responsabilidad sobre las universidades de su territorio.

La relación de titulaciones debería ser, pues, fruto de este diálogo universidad-gobierno y debería contar con la participación de los agentes sociales, pero no debería ser una herramienta definida a priori y que impusiese márgenes estrictos. Además, si el MEC llevase a cabo una elevada restricción del catálogo, en la práctica estaría invadiendo las competencias de programación e implantación de titulaciones de los gobiernos autónomos, ya que no podrían decidir sobre aquellas titulaciones que quedasen excluidas.

En algunos sectores del mundo universitario se está produciendo una interpretación sesgada de los principios de la declaración de Bolonia. Esta interpretación, que se basa en exigir un grado de "generalidad" excesivo para todas las titulaciones de grado (dejando la especialización exclusivamente para los posgrados), comporta reducir demasiado el número de titulaciones del catálogo. Este enfoque va en contra de la flexibilidad antes mencionada.

Las titulaciones de grado deberían ser suficientes para cubrir las necesidades de la sociedad en distintos ámbitos y permitir que personas con dicha titulación puedan ya ejercer una actividad profesional. Por ejemplo, titulaciones como Ciencias del Mar, Enología, Humanidades, Filología catalana, gallega o vasca, Biotecnología, Ingeniería de Minas o Textil, etcétera, son o pueden ser muy relevantes, cada una en su entorno o ámbito, incluso irrenunciables, como lo es para Cataluña la Filología catalana. Además, el hecho de que exista un número elevado de titulaciones no ha de inducir a una proliferación de titulaciones en cada universidad. El uso eficiente de recursos corresponde a la Generalitat, en nuestro caso, a través de la financiación, el control de la calidad y la autorización de nuevos estudios.

De acuerdo con estos principios generales, el procedimiento que se está siguiendo para establecer el catálogo de grado presenta varios puntos a mejorar. El Ministerio de Educación y Ciencia, con consulta previa a los gobiernos autónomos, debería establecer unos criterios mínimos, de carácter general, para todo tipo de titulaciones; en particular, debería limitar la duración máxima de las titulaciones de grado a 180 ECTS, por coherencia con lo que se ha establecido en la mayoría de países europeos y con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y titulados. Una coherencia que permitiría el establecimiento de titulaciones compartidas con otras universidades europeas, objetivo clave del proceso.

También hay que replantearse el protagonismo en el proceso de unas subcomisiones constituidas de manera bastante aleatoria -aunque sea en una primera etapa-, puesto que pueden formular propuestas sobre titulaciones que a menudo no afectan a las universidades a las cuales representan sus miembros, y sin posible intervención por parte de universidades potencialmente afectadas.

En conclusión, el ministerio debería proceder a una corrección del procedimiento para establecer el catálogo o, mejor, una relación abierta de titulaciones, de modo que cada universidad pudiera tener más protagonismo sobre los aspectos académicos de las titulaciones que quiere impartir, y cada gobierno pudiera tenerlo sobre los aspectos de financiación, costes, calidad y duración. Sin olvidar, claro está, el compromiso del Gobierno español y de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con el modelo del Estado plural, la particularidad de sus territorios y de sus lenguas.

Es objetivo del Gobierno de Catalunya fortalecer la calidad del sistema universitario y su incorporación al proceso europeo. Desde el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la Generalitat de Catalunya ofrecemos nuestra colaboración al Ministerio de Educación y Ciencia para que la ambiciosa tarea de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior tenga el éxito que la iniciativa requiere. En las actuales circunstancias nos planteamos seriamente nuestra presencia, prácticamente irrelevante, en un proceso que consideramos mal planteado desde su origen. Como en tantas otras ocasiones, Catalunya ha mirado hacia Europa para no perder el tren del progreso. Venimos siguiendo el proceso de Bolonia con atención desde sus inicios y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que el futuro de los universitarios sea un futuro de garantías.

Carles Solà i Ferrando es conseller d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.