Los ayuntamientos pactan con el Gobierno catalán participar en los ingresos de la Generalitat

Los ayuntamientos y la Generalitat cerraron ayer las heridas abiertas a raíz del encaje de los gobiernos locales en el nuevo Estatuto y, muy especialmente, en el modelo de financiación autonómica propuesto por el tripartito. Los alrededor de 780 ediles socialistas, entre alcaldes y concejales, que se reunieron ayer en la convención municipal del PSC de Viladecans, lograron satisfacer gran parte de sus demandas en materia de autonomía local (esto es, más dinero) al arrancar un pacto con el Departamento de Economía y Finanzas para mejorar la financiación local.

La resolución sobre el Estatuto aprobada ayer, el asunto estrella de la convención, establece que los gobiernos locales "participen en los ingresos tributarios de la Generalitat", que dicha participación no esté condicionada y que consista en un "porcentaje del total de sus ingresos".

El acuerdo, que concilia a ambas partes, se fraguó bajo dos formatos. Mientras Celestino Corbacho, secretario de política municipal del PSC a la par que alcalde de L'Hospitalet y presidente de la Diputación de Barcelona, entablaba conversación telefónica con el consejero catalán de Economía, Antoni Castells (secretario de economía de la formación y ahora de viaje con el presidente Pasqual Maragall), el secretario general de su departamento, Martí Carnicer, intervenía en la comisión sobre financiación local de la reunión socialista.

Corbacho, que la semana pasada discrepó en público de determinados aspectos de la propuesta de financiación, alabó ayer las aportaciones de Castells y Carnicer a la convención.

La declaración, al igual que la propuesta de financiación autonómica presentada por el tripartito, no entra en cifras. Señala que los municipios deben participar en los ingresos, pero no determina en qué porcentaje. A juicio de Corbacho, no obstante, supone "un paso muy importante" porque por primera vez la Generalitat se compromete a que sus transferencias a las administraciones locales (que constituyen el 0,6% del presupuesto de los consistorios y que en 2005 fueron el 3,7% del gasto total del Ejecutivo catalán) se establezcan a partir de un "porcentaje abierto" y no un "fondo graciable", según varios ediles.

Los ayuntamientos socialistas no quieren permanecer ajenos a un alza de los ingresos de la Generalitat. "No se trata tanto de fijar una cifra como de que los ingresos de los ayuntamientos crezcan al mismo ritmo que los de la Generalitat", aclararon ayer fuentes del Departamento de Economía.

La resolución final, sin embargo, eliminó, en aras de un acuerdo, la parte de la ponencia donde se establecía que la participación en los ingresos de la Generalitat "tendría que ser equivalente al rendimiento de la participación de los gobiernos locales en los ingresos del Estado". Las transferencias del Estado representan el 30% del presupuesto de los ayuntamientos.

Las demandas de los ayuntamientos, sin embargo, también incluyen el mantenimiento de la cesta de impuestos de la Administración central, pero "aumentando" los porcentajes de cesión (sin detallar tampoco cifras) y "generalizando este sistema progresivamente al máximo de municipios, creando un fondo de nivelación para los más pequeños".

La Ley de Haciendas Locales, impulsada por el Gobierno del PP sin consenso, implantó en 2004 un nuevo sistema de cesión de recaudación de algunos impuestos a los ayuntamientos (el 1,6875% del IRPF, el 1,7897% del IVA y el 2,0454% de los impuestos especiales), pero discrimina en función del tamaño de la población y sólo abarca los municipios que sean capital de provincia o de comunidad autónoma, o que tengan más de 75.000 habitantes. Los socialistas catalanes proponen que se amplíe el sistema a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Los municipios también reclamaron que la Generalitat y el Gobierno central -de manera proporcional a sus respectivas competencias que los ayuntamientos están supliendo- resuelvan progresivamente en un plazo de 10 años (en la ponencia marco eran cinco) la financiación de los servicios que les corresponden, cifra que alcanza el 33% del gasto total de los ayuntamientos de Cataluña.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, recordó que el Estatut debe servir para "acercar la administración pública a los ciudadanos a través de la descentralización de los ayuntamientos".

El primer secretario de los socialistas catalanes, el ministro José Montilla, recogió el guante de Clos y recordó que el programa socialista se compromete a traspasar competencias en materia de educación, vivienda, atención primaria y sanitaria y políticas de empleo activas, "siempre, evidentemente, acompañadas de las dotaciones presupuestarias necesarias".