El PSOE denuncia ante el fiscal las obras de la M-30 junto al río por "delito ambiental"

El grupo municipal socialista ha presentado una denuncia ante el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, en la que pide que investigue si las obras de reforma de la M-30 en su tramo oeste, junto al Manzanares, implican un delito contra el medio ambiente y otro por prevaricación cometidos presuntamente por el equipo de gobierno municipal. Los socialistas aseguran que los trabajos obligarán a talar o provocarán daños en 2.075 árboles y afectarán al patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona. El Gobierno regional, del PP, y el central, del PSOE, autorizaron en su día la obra de la M-30 junto al río, aunque imponiendo condiciones para preservar el ecosistema de las terrazas del Manzanares.

La denuncia presentada ahora por los concejales socialistas Óscar Iglesias y Pedro Santín dibuja un duro panorama provocado por las obras de la M-30 entre el nudo sur y el paseo del Marqués de Monistrol, un tramo que el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón quiere soterrar en un túnel de seis kilómetros para sustituir la calzada por una "alfombra verde" y peatonal. El PSOE considera, sin embargo, que en el camino para crear esa alfombra verde serán destruidos cientos de árboles, vulnerando, además, la normativa urbanística municipal.

Según la denuncia, 2.075 árboles de más de 20 especies, y algunos centenarios, se verán "afectados" por las obras: sobre todo cipreses, álamos, plátanos, olmos y acacias, pero también magnolios, cedros y olivos. Unos serán talados, y otros resultarán seriamente dañados como consecuencia de los movimientos de tierras y la circulación de maquinaria, que "levantarán polvo y emitirán partículas que, al depositarse sobre las hojas de los árboles, deteriorarán su estado fitosanitario y provocarán un cierto descenso de su actividad fotosintética", reza el texto.

Además, el PSOE acusa al gobierno municipal de saltarse la normativa urbanística porque las obras "afectan a zonas verdes protegidas por el Plan General de 1997, que no pueden ser afectadas sin proceder a la previa modificación de la calificación del suelo". Entre esas zonas verdes destaca el parque de la Arganzuela, donde las máquinas harán desaparecer 265 árboles. Los socialistas aseguran que ésos son los datos que figuran en los proyectos de obra aprobados por la Concejalía de Urbanismo.

Ningún responsable de esta concejalía quiso realizar ayer comentario alguno sobre la denuncia presentada por el PSOE. El pasado febrero, el director general de Patrimonio Verde, Federico Sepúlveda, admitió que las obras en todo el anillo de la M-30 (no sólo en el tramo del río) provocarían la tala de 8.900 árboles, pero aseguró que, a cambio, las empresas adjudicatarias están obligadas a reponer después 89.000 ejemplares, casi diez veces más.

La denuncia del PSOE no sólo se ocupa de la naturaleza; también alerta de una eventual "destrucción" del patrimonio cultural y arqueológico de las llamadas Terrazas del Manzanares, catalogadas como bien de interés cultural desde 1993 y que esconden "yacimientos del paleolítico superior, mesolítico, neolítico, así como restos valiosos de la edad del bronce, del hierro e, incluso, del periodo romano". Toda esta riqueza arqueológica "puede desaparecer irremisiblemente al no haber adoptado el Ayuntamiento ninguna medida de protección", sostienen los socialistas. Y añaden a ese patrimonio amenazado monumentos históricos "irreemplazables" como la ermita de la Virgen del Puerto, el puente de Segovia y el de Toledo.

Precisamente la adopción de medidas para proteger el patrimonio arqueológico y cultural es una de las condiciones que tanto la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, como la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo dependiente del Gobierno central, del PSOE, impusieron al Ayuntamiento cuando le autorizaron a acometer las obras de la M-30.

Permiso condicionado

La Comunidad dio el visto bueno al proyecto, tras pensárselo durante meses, en abril del año pasado, pero obtuvo, a cambio, de Ruiz-Gallardón el compromiso de que cumpliría 28 "condicionantes medioambientales" para minimizar los daños al entorno. La Confederación Hidrográfica del Tajo -organismo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por la socialista Cristina Narbona- hizo lo propio en diciembre de 2004: autorizó la obra, pero siempre y cuando el Ayuntamiento cumpliese una serie de requisitos -para garantizar, sobre todo, la capacidad de caudal del río-. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, afirmó entonces que todas esas condiciones ya estaban incluidas o en vías de ser incorporadas al proyecto, y aseguró que las cumplirá.

El concejal socialista Óscar Iglesias afirmó ayer que no ve "ninguna contradicción" en el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Narbona, autorizase la obra y el PSOE denuncie ahora un supuesto delito contra el medio ambiente.