El plan de convergencia en tecnología propone un pacto de Estado con partidos y comunidades
El Ejecutivo estudia reducir las cotizaciones sociales a las empresas innovadoras
El Gobierno socialista se comprometió, el pasado noviembre, a elaborar un plan de convergencia en materia tecnológica. El objetivo es que España alcance los niveles de innovación y desarrollo que tiene el resto de Europa, y abandone el furgón de cola que ocupa, según todos los estudios, cuando se habla de sociedad de la información. De hecho, y entre los 15 países de la antigua UE, España ocupa el número 12 en el cumplimiento de los preceptos de la Agenda de Lisboa (véase cuadro).
El Ejecutivo encargó esta tarea al CATSI (Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) y nombró como presidente de la ponencia a Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. En la elaboración del borrador han participado administraciones públicas (como la Federación Española de Municipios y Provincias o Red.es), empresas (Telefónica), patronales del sector (AETIC), sindicatos (CC OO) y usuarios (Asociación de Internautas).
En este informe se realiza un diagnóstico muy pesimista de la situación española en lo que se refiere a la innovación. El patrón de crecimiento económico "es insostenible a medio plazo", dicen los expertos. Adolece de capital humano y tecnológico; la inversión en innovación es mínima, al igual que su uso en la cadena productiva, y el crecimiento de la productividad es muy "reducido". Por eso, "España está expuesta a un elevado riesgo de exclusión digital y marginación de la economía del conocimiento, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance".
El CATSI realiza también una dura crítica contra los planes de desarrollo tecnológico que se han elaborado hasta ahora. El informe acusa al Gobierno del PP de haber elaborado planes -como Info XXI y España.es- sin "objetivos claros ni mecanismos de seguimiento", con "recursos insuficientes y una cuestionable administración de los mismos", además de una "insuficiente" coordinación con los ministerios y, en fin, "falta de liderazgo".
Ante este panorama, el Consejo Asesor realiza varias propuestas. La primera es formalizar un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, agentes sociales y las comunidades autónomas, "al más alto nivel", y dentro de la acción del Gobierno para modernizar la economía española. La idea es evitar la proliferación de acciones descoordinadas de ministerios y autonomías, y acordar unas líneas generales de actuación y mecanismos generales de seguimiento. Para ello, se propone la creación de un organismo "de alto nivel" para coordinar los trabajos de los ministerios y orientar su servicio al ciudadano.
Precisamente en este punto, el informe insiste en que hay que implantar el Trámite Único Electrónico, porque es un "derecho", el de garantizar a los ciudadanos que no tengan que dar documentos a la Administración que ésta ya tiene, y que debería gestionar internamente.
El informe sugiere, además, la creación de redes de asesoramiento tecnológico para pymes, el desarrollo de políticas que reafirmen la confianza de los ciudadanos en Internet, la interoperabilidad de las infraestructuras y la necesidad de garantizar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual. El Plan de Convergencia, que debe estar cerrado antes de fin de año, deberá ser aprobado por el Parlamento.
Rebaja en las cuotas
El director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, explicó precisamente ayer que el Gobierno estudia rebajar las cotizaciones sociales a las empresas innovadoras y nuevas empresas, en el marco del Plan de Fomento Empresarial, que elabora el Ejecutivo.
Durante unas jornadas organizadas por el Partido Socialista Europeo, Sebastián dijo que esta medida puede servir para fomentar la innovación tecnológica, y que es preferible a la rebaja del impuesto de sociedades, ya que las empresas innovadoras y de nueva creación no suelen tener beneficios, informa Efe.
Sebastián apuntó que España alcanzará en 2006 una inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del 1,4% del PIB, lo que supone adelantar en un año el objetivo del anterior Gobierno. En todo caso, previó que esta partida será del 2% del PIB en 2010, frente al objetivo del 3% establecido por la Unión Europea, lo que muestra que España tiene todavía un "retraso considerable". El asesor económico del Gobierno insistió en que "la I+D+i es un tema fundamental en la política económica".
[El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó ayer la duplicación gratuita de la velocidad del ADSL que ha propuesto por segunda vez Telefónica. La velocidad más baja de conexión será ahora de un megabit/segundo.]
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