El ex vicepresidente de Mercalicante declara que Clavero despachaba con el comité ejecutivo

Gonzalo Simón, ex vicepresidente de Mercalicante y miembro del máximo órgano de control de la firma (el comité ejecutivo) admitió ayer ante la juez que despachaba habitualmente con el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, principal acusado por el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa. Simón, imputado en el caso, contradijo el testimonio del alcalde, Luis Díaz Alperi, y dos concejales del PP. Éstos, miembros del comité ejecutivo y también imputados, niegan que el ex gerente les informara periódicamente de sus decisiones contables.

El ex alto dirigente de la firma dice no haber visto nunca el libro de inventariado contable

Gonzalo Simón, ingeniero agrónomo, ocupó la vicepresidencia primera de Mercalicante entre los años 1999 y 2004, en representación de Mercasa -entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y socio tecnológico (con el 49% de la acciones)del Ayuntamiento de Alicante en la empresa agroalimentaria-. Simón también integró, junto al alcalde, el concejal de Sanidad y Comercio, Juan Zaragoza, y el ex edil José María Rodríguez Galant, la comisión ejecutiva. El órgano lo completaba una quinta persona, Segundo Bermejo, también en representación de Mercasa. Éste comparecerá ante la juez el próximo jueves, día 26.

El ex vicepresidente de Mercalicante declaró, en calidad de imputado, ante la juez instructora, la titular del Juzgado número 1 de Alicante, por espacio de seis horas. Al igual que el alcalde y los concejales Zaragoza y Galant, que ya han comparecido también como imputados, Gonzalo Simón mantuvo un argumento similar para rechazar cualquier responsabilidad penal en el agujero contable descubierto en las cuentas de Mercalicante entre los años 1999 y 2002. "A su juicio, todas las decisiones económicas estaban avaladas por los técnicos de la empresa", precisaron fuentes judiciales.

No obstante, Gonzalo Simón sí admitió que, por su condición de vicepresidente del consejo de administración y miembro de la comisión ejecutiva, despachaba habitualmente con el ex gerente Clavero. "Recibí consultas habituales sobre operaciones en la empresa de Clavero, como ocurría con los gerentes de otros Mercas", subrayó. Simón compaginaba su puesto de consejero en Mercalicante con un cargo similar en otras cinco firmas de esas características en España.

El testimonio de Simón contradice el ofrecido a la juez por Luis Díaz Alperi, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. El alcalde mantuvo ante la juez que nunca habló personalmente con Clavero y aseguró que esa función -despachar habitualmente con el ex gerente- la desempeñaba Zaragoza, quien a su vez negó ese extremo y achacó la aseveración del primer edil a "una equivocación". Galant también rechazó contactos con Clavero y, además, negó que tuviera conocimientos en informática. El ex edil del PP fue el encargado de supervisar el frustrado sistema de venta electrónica. El ex vicepresidente también precisó ayer la afirmación de Galant: "Para mí, sí era un experto [el ex concejal] en informática".

Simón, al contrario que Alperi, Zaragoza y Galant, se mostró más preciso a la hora de responder a las cuestiones concretas planteadas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Así, señaló que el presupuesto del plan de expansión del Mercalicante (proyecto del que Clavero con la ayuda de tres empresas tapaderas se valió supuestamente para consumar el desfalco) ascendió a 12,3 millones de euros. Sin embargo, Simón dijo no haber visto nunca el libro de inventariado de contabilidad de 2001 que le mostró Briones. Ese documento contable refleja las cantidades -más de 400.000 euros- utilizadas por Clavero sin autorización. La cifra máxima de la que legalmente podía disponer era de 90.000 euros.

Simón sólo respondió a las preguntas formuladas por la magistrada, el fiscal Anticorrupción -éste encarna la acusación pública, tres años después de comenzar la investigación- y del letrado del Ayuntamiento, pero eludió el interrogatorio del resto de partes, entre ellas la acusación popular, que ejercen el movimiento vecinal y el PSPV.