Guipúzcoa acuerda con la Fiscalía medidas que mejoren los centros de menores extranjeros

La Fiscalía se ha comprometido con la Diputación de Guipúzcoa a dar los pasos precisos para cumplir el protocolo de actuación con los menores extranjeros no acompañados. El Ministerio Público ha trasladado además a la institución foral las medidas que puede tomar para atajar los comportamientos agresivos de algunos chicos. Ambos son los dos principales acuerdos alcanzados entre estas instituciones para resolver la crisis de los centros que atienden en la provincia a los menores inmigrantes, cerrados parcialmente tras la baja médica de toda la plantilla.

El Departamento foral para los Derechos Humanos es el responsable de la acogida con carácter urgente a los menores inmigrantes no acompañados. Para ello cuenta con un centro en Urnieta con nueve plazas. Esta instalación se quedó pequeña hace ya un par de años, por lo que, a la espera de abrir un segundo centro fijo, el pasado febrero habilitó una solución temporal que ha ido cambiando de ubicación. La última: el albergue de Hondarribia. El Departamento para la Política Social, mientras, es el encargado del acogimiento residencial, paso posterior al de urgencia, para lo que tiene abierto otro centro en Martutene, también con nueve plazas.

Los 27 educadores encargados de atender a estos menores en los tres lugares citados venían quejándose desde hace tiempo de las condiciones en que trabajan ante la Diputación, que mantiene un convenio para prestar este servicio con la Cruz Roja. Los empleados critican una política que no tiene en cuenta los distintos perfiles de los chicos. Se quejan también de la sobreocupación de los centros de acogimiento de urgencia y la indefensión de sus monitores ante las amenazas de algunos de los acogidos.

Las "continuas amenazas y graves agresiones" de un grupo de chicos a otros menores y a los integrantes del equipo educativo que venía trabajando en Hondarribia fue la gota que colmó el vaso. Sus nueve monitores cogieron la baja el pasado 4 de mayo y el centro se cerró. A los dos días les siguieron los empleados de Urnieta y Martutene, centros que se reabrieron el día 9, pero sólo de 21.00 a 09.00 y con trabajadores contratados por Cruz Roja a través de ETT.

Ante esta situación de crisis, la diputada de Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, de EA, compareció ayer ante las Juntas Generales, a petición propia y de toda la oposición. Allí explicó que el segundo centro fijo de acogimiento de urgencia se abrirá "dentro de unos dos años" en un edificio de propiedad foral en Donostialdea "con una plantilla y una estructura en función de las necesidades". Para ello, la Diputación aprobó una partida de 1,2 millones de euros en julio pasado. Mientras, y como solución transitoria, tiene ya "apalabrado" un centro en alquiler en un lugar que no desveló y que abrirá en breve.

Marín subrayó que la atención a los menores extranjeros requiere la colaboración de todas las instituciones y aseguró que ahora no se está cumpliendo el protocolo establecido, según el cual, antes de derivar a estos chicos a un centro de urgencia, la Ertzaintza y Osakidetza han de comprobar que efectivamente son menores de edad. La Fiscalía se ha comprometido con la Diputación a instar a los organismos implicados a que cumplan el Reglamento de Extranjería. El año pasado, el 22% de los jóvenes a los que se les practicaron las pruebas correspondientes era mayor de edad.

La Fiscalía ha comunicado también a la Diputación que, cuando se produzca una amenaza o agresión en un centro de menores, sus responsables podrán denunciarlo de inmediato en el juzgado de guardia. La mayoría de incidentes se producen de madrugada y, hasta ahora, había que esperar al día siguiente para presentar la denuncia. Además, la ley prevé la detención del menor agresor durante 24 horas. Estas medidas pueden tener "un efecto disuasorio", pues los chicos tienen una sensación de "impunidad", comentó la diputada.

La diputada de Política Social, Esther Larrañaga, del PNV, relató que su departamento prepara un nuevo modelo de acogimiento residencial, según el cual los centros estarán especializados en virtud de las necesidades específicas de los menores y de su edad. "Estas líneas pueden casar con las peticiones de los monitores", dijo. Remarcó que los menores que viven en el centro residencial, con "plazas suficientes", no son "especialmente conflictivos".

Varios de los monitores se concentraon ante la sede de las Juntas Generales mientras se desarrollaba el debate.