Una auditoría sostiene que Adigsa pagó pisos usados por encima del precio de mercado

Una tasación revela que lo abonado supera en el 15,51% el valor real en 2003

El fiscal que investiga las supuestas comisiones por obras realizadas por empresas públicas durante el Gobierno de CiU dispone desde esta semana de un nuevo informe. Una auditoría encargada por los actuales responsables de Adigsa sostiene que la empresa realizó diversas compras de vivienda usada durante el año 2003, siempre a través de intermediarios, y que acabó pagando hasta el 15,51% más del valor de los inmuebles en el mercado.

El último Consejo de Administración de Adigsa tuvo mucho trabajo. Además de analizar las facturas presentadas por una empresa que carecía de contrato, fue informado de la existencia de una auditoría realizada por Intervalor Consulting Group en la que se analiza una muestra de las compras de vivienda usada realizadas por la empresa pública en 2003, el último año del Gobierno de CiU.

El informe incluye una tasación de los inmuebles con el valor actual y el que tenían en el momento de ser adquiridos. Y una de las conclusiones es que esos pisos se pagaron a una media del 15,51% por encima de lo que era en aquel momento el precio de mercado. En todos los casos actuó un intermediario "tipo Penín", según la información que recibió el consejo. La expresión remite a Josep Maria Penín, pariente lejano de Felip Puig, que actuó de intermediario con Adigsa en la época en que esta empresa dependía del consejero de Política Territorial de CiU.

Las viviendas se adquirían para ser rehabilitadas y destinadas posteriormente al alquiler social. Seis de ellas están en la localidad de Salt (Gironès), cinco en la ciudad de Tarragona, tres en Reus (Baix Camp) y el resto en Òdena, Igualada y Santa Margarida de Montbui (Anoia).

El informe señala que el valor conjunto de estos pisos asciende a 1.549.950 euros en el momento actual, aunque en 2003 su valor, antes de ser rehabilitados, era de 1.137.830 euros.

Un portavoz de CiU explicó ayer que el Gobierno que presidía Jordi Pujol tenía, efectivamente, un programa de compra de vivienda usada para ser destinada a alquiler social. Y añadió que el precio máximo en estos casos, que nunca fue superado, estaba fijado por un decreto del Gobierno central. Asimismo cuestionó la posibilidad de una tasación global de las viviendas.

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