Condenados tres de los implicados en el escándalo inmobiliario de Promocisa

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas de entre seis meses y un año de cárcel a los tres principales implicados en el caso Promocisa (la estafa inmobiliaria que afectó hace casi 30 años a cerca de 3.000 familias humildes de la región). Promocisa quebró y dejó paralizados varios proyectos urbanísticos en Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba.

El caso Promocisa se ha convertido en el proceso judicial más largo en la reciente historia de España y en uno de los mayores escándalos inmobiliarios de la transición española. La Sección Séptima de la Audiencia madrileña ha apreciado en los encausados las atenuantes de dilación judicial indebida (por la descomunal lentitud del proceso, casi 30 años) y la de reparación parcial del daño, ya que los responsables de la inmobiliaria Promocisa, cuando saltó el escándalo, a finales de los setenta, cedió a las familias afectadas todo el patrimonio de que disponía.

Los condenados son Josefa Polo, quien hoy tiene más de 80 años y es viuda de uno de los principales artífices de Promocisa; Luis Béjar y Luis Constantino. El cuarto acusado, José Arias, director de una oficina bancaria, ha sido absuelto, porque el tribunal entiende que Arias mantuvo la cuenta especial en la que una parte de los afectados depositaron los ahorros y que el dinero fue destinado al fin inherente a este tipo de cuentas.

Dilación indebida

La sentencia entiende que en ningún caso los afectados renunciaron a su derecho individual a reclamar una indemnización por los perjuicios causados y que es lícito que sean resarcidos. El caso Promocisa afectó a unas 3.000 familias que adelantaron entre dos y tres millones de pesetas de las de entonces por la compra de una vivienda. Pero Promocisa, en lugar de levantar las casas, invirtió el dinero de las letras en suelo y en pagar a proveedores, pero casi no puso ladrillos. Al ver los afectados que Promocisa no hacía las casas dejaron de pagar las letras o exigieron la devolución del dinero y la constructora fue a la quiebra.

En suelo llegó a tener un patrimonio valorado en 2.000 millones de pesetas de las de entonces, pero casi ningún dinero líquido. Cuando saltó el escándalo e intervino el Gobierno central, Promocisa cedió los terrenos a la cooperativa que crearon los damnificados para que éstos levantaran las viviendas. Muchos tuvieron que volver a hipotecarse para conseguir el dinero que les faltaba. La extensa sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid refleja en líneas generales los argumentos susceptibles de condena que expuso el fiscal del caso, Pedro Martínez, durante los cerca de 10 meses que duró la vista oral, que se inició en mayo de 2004.

A la hora de establecer las indemnizaciones, el tribunal ha desglosado los afectados en tres grupos: aquellas víctimas que adelantaron sus ahorros (entre dos y tres millones de pesetas, de las de entonces) y luego no recuperaron el dinero ni las casas; el de quienes sólo recibieron dinero pero no la casa prometida y el de quienes finalmente si accedieron a una casa, aunque mucho tiempo después de los tiempos fijados. A la hora de fijar las indemnizaciones, el tribunal se ha basado en los propios testimonios de los afectados, en lo que éstos dijeron en el juicio haber entregado a Promocisa y no recuperaron, y a ellos, en algunos casos, les ha sumado el correspondiente interés legal, un 6%.

Para la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid no fue fácil localizar, después de tantos años, a todos los afectados. Algunos habían muerto, entre ellos el principal responsable de Promocisa. Aunque eran cerca de 3.000 las personas estafadas, el tribunal logró citar para el juicio a unas 1.500 y a la postre sólo comparecieron ante el tribunal 738 afectados. Para quienes no acudieron a la vista por causa justificada, el tribunal les permite reclamar sus indemnizaciones por la vía civil.