30 años de litigio
El tribunal no culpa a nadie en concreto de la indebida dilación del proceso, aunque enumera los tiempos muertos que afectaron al litigio tras el inicio de la instrucción: el auto de procesamiento fue dictado a los dos años de que llegaran al juzgado, el de Instrucción 9 de Madrid, las denuncias de las víctimas. Para la instrucción fue nombrado un juez especial.
Uno de los principales argumentos de la defensa durante el juicio es que, tiempo después de estallar el escándalo, los afectados renunciaron fehacientemente a reclamar las indemnizaciones que les correspondían, ya que se formó una cooperativa y con los bienes de Promocisa y otras ayudas estatales, casi todos tuvieron finalmente sus casas o recuperaron el dinero que habían adelantado.
No obstante, la sentencia reduce las penas que solicitó el ministerio fiscal (de cuatro años de cárcel para tres de ellos) debido, fundamentalmente, al prolongado tiempo transcurrido entre los hechos y el juicio. "Este juicio revela la incapacidad del sistema legal español para dar respuesta en un tiempo prudencial a un caso con tantos afectados", señalan fuentes jurídicas.
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