Una financiación, una pobre reforma

El País Valenciano sufre un gran déficit en su financiación. Se trata de una cuestión reconocida incluso por los ex presidentes de la Generalitat Valenciana en las comparecencias de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía: allí se afirmó que, históricamente, los sucesivos gobiernos valencianos han considerado prioritario disponer de competencias, pero dejando en un segundo plano los recursos económicos para ejercerlas.

Los datos corroboran con claridad esta afirmación. Si observamos la década entre 1990 y 1999, en la cual, a nivel competencial, la Comunidad estaba asimilada y tenía competencias parecidas a las CC AA que habían accedido por el artículo 151 de la Constitución (Andalucía, Canarias, Cataluña y Galicia) la diferencia de financiación entre nuestro País y estas CC AA "asimiladas al artículo 151" fue creciendo desde las 13.988 pesetas / cápita en 1990 hasta las 50.528 pesetas / cápita en 1999. Y obviaremos la comparación de nuestra financiación con las Comunidades Forales porque las diferencias son de escándalo en contra nuestra a pesar de que tenemos un nivel competencial similar, si exceptuamos la policía autonómica. Si nos quejamos, con razón, de nuestros déficits en educación, sanidad, servicios sociales respecto al resto de CC AA, debemos saber que el origen está, además de en una mala gestión, en una pésima financiación. Y hasta ahora no se ha dado con la fórmula adecuada para corregirlo.

A finales de la década de los noventa fue concretándose la célebre propuesta de financiación del ex presidente de la Generalitat, el llamado "modelo Zaplana", con el que poco menos que íbamos a atar los perros con longanizas. Pero al margen de la demagogia y la pirotecnia habitual en el personaje, hay que analizar los números oficiales en un momento en que las competencias de educación y de sanidad se han generalizado a todas las CC AA de España. Los números son para echarse a temblar y cualquiera puede acceder a ellos solo consultando la página web del ministerio de Administraciones Públicas. Podemos ver que, en el año 2004, el último disponible, las CC AA de régimen común han disfrutado de una financiación per capita de 2.784 euros. Las de régimen foral, que tienen financiación por concierto económico, han tenido una financiación de 3.605 euros. ¿Y el País Valenciano? Pues una ridícula financiación de 2.324 euros per capita, la última de todas las CC AA (incluidas Ceuta y Melilla) si exceptuamos a las Islas Baleares, que están algo peor que nosotros. Si miramos los números del año anterior, nuestra financiación es aún comparativamente peor.

¿Qué quiere decir esto? Hagamos algunos números sencillos. El diferencial negativo por capita de los valencianos respecto al españolito medio es de 460 euros en 2004. Si lo comparamos con las CC AA forales asciende a 1.279 euros, más de la mitad de lo que percibimos los valencianos. En nuestro País, según el padrón municipal de 2004 vivimos 4.543.304 personas. Una sencilla multiplicación nos da un déficit global de financiación de, aproximadamente, 2.090 millones de euros respecto a cualquier comunidad autónoma española de promedio. Conviene compararlo con el presupuesto de la Generalidad. En 2005 ascendió a 10.552 millones de euros, lo que convierte nuestro déficit en el 19,8% del total del presupuesto valenciano. Si nos atrevemos a compararlo con las CC AA forales, Navarra y el País Vasco, la diferencia es vergonzosa: Supone más de la mitad de todo el presupuesto de la Generalitat.

La conclusión en estos momentos de reforma estatutaria es evidente: quien no se plantee como máxima prioridad el tema de la financiación en la reforma del Estatuto de Autonomía del País Valenciano está olvidando uno de los primeros problemas de nuestro país, por no decir claramente el primero. Tenemos la mayor deuda per capita de toda España, la situación financiera de la Generalitat es tan crítica que son continuos los rumores de que tiene que pagar hasta sus nóminas con la ayuda de centros financieros de grandes centros comerciales. Los niveles de calidad de los grandes servicios públicos (camas de hospital por mil habitantes, centros educativos públicos, residencias de tercera edad etc.) están entre los peores de todas las CC AA españolas.

Ante esta grave realidad, el Sr. Camps, como presidente del PP valenciano, se niega a que tengamos Agencia Tributaria Valenciana mientras que su compañero de filas catalán, el Sr. Piqué, lo acepta con normalidad. ¿Por qué Rajoy discrimina a los valencianos respecto a los catalanes, por qué se lo permite al PP catalán y no lo permite al PP valenciano? ¿O es que Camps es tan timorato que no se atreve a plantear lo que hace su homólogo catalán a pesar de ser el primer perjudicado por ello como máximo responsable del Consell? ¿No será que el "regionalismo bien entendido" hace a Camps incapaz de afrontar adecuadamente el problema?

Por cierto: los andaluces, que tienen una financiación autonómica considerablemente mayor que la valenciana (del orden de unos 600 euros superior a la nuestra), han reivindicado y conseguido que se les reconozca una deuda histórica por la mala financiación de sus competencias. Los catalanes, que están algo mejor financiados que nosotros, han iniciado una reivindicación similar. ¿El PP y el PSPV se han planteado alguna reivindicación similar de nuestra deuda histórica frente al estado? Hasta el momento no hemos oído nada al respecto. Mucho nos tememos que su sumisión frente al gobierno central les impida similar osadía. Y ya pagaremos la deuda de la Generalitat, de 9.345 millones de euros, entre todos. Sin financiación, pobre reforma. "¿Serà per diners?", que decimos aquí.

Joan Ribó es Síndic del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, Verds, Entesa.