Protestas islamistas marcan los dos años de los atentados de Casablanca
La policía marroquí todavía no ha identificado a los instigadores
Las conmemoraciones fueron discretas. La protesta sigue siendo ruidosa. De ahí que el segundo aniversario de los atentados de Casablanca quedase ayer, en buena medida, relegado en Marruecos por la huelga de hambre de unos 1.200 presos islamistas severamente condenados por tribunales que trabajaron a destajo después de que cinco explosiones causasen 45 muertos -12 de ellos kamikazes- y más de 100 heridos. La policía de Marruecos todavía no ha establecido quiénes fueron los instigadores del atentado.
Los investigadores consideran que se atacó la Casa de España por ser "lugar de perdición"
Ante la estela conmemorativa que, hace 13 meses, inauguraron en Casablanca el rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se concentraron varios centenares de miembros de varias organizaciones no gubernamentales, empezando por la Asociación de Víctimas del 16 de Mayo, y de la comunidad judía.
Al menos dos de los cinco objetivos elegidos por los terroristas estaban relacionados con esa comunidad. Pero fue, sobre todo, en la Casa de España, un club social con restaurante, donde hubo más muertos, entre ellos cuatro españoles, y heridos. Todavía hoy en día los investigadores marroquíes siguen convencidos de que aquello no fue un golpe contra intereses españoles sino una acción contra un "lugar de perdición" donde se bebía mucho y se jugaba al bingo.
Dos años después de aquella matanza la policía marroquí no ha establecido quiénes fueron sus instigadores, pese a que tres de los kamikazes no fallecieron, ya sea porque se asustaron o porque no lograron hacer estallar las cargas que portaban, y actualmente están detrás de los barrotes. La policía apunta, sin pruebas, a Karim Mejati, caído el 11 de marzo en una refriega con las fuerzas de seguridad saudíes, y a Saad Husseini, huido de la justicia. Detrás de ellos planea la sombra del jordano Abu Musab al Zarqaui, el supuesto jefe de Al Qaeda en Irak.
Durante meses el Ministerio del Interior marroquí también sostuvo que Mejati era el instigador del 11-M, pero la policía española no encontró ni rastro de sus hipotéticos viajes a la península. Husseni, su hermano en la lucha, sí que pasó en cambio por Barcelona, a principios de esta década, camino de Afganistán.
En los meses sucesivos hubo entre 7.000 y 8.000 detenciones, 2.112 sospechosos fueron juzgados por tribunales que trabajaron a marchas forzadas y pronunciaron 1.417 condenadas, 17 de ellas a muerte, al amparo de una nueva ley antiterrorista votada apresuradamente. Las organizaciones no gubernamentales marroquíes de derechos humanos y, por supuesto, las asociaciones de beneficencia islamistas denunciaron el carácter expeditivo de aquellos juicios.
Después de varias huelgas de advertencia, los cuatro líderes espirituales del islam radical marroquí organizaron, desde el penal de Kenitra, donde estaban recluidos, una huelga de hambre indefinida que secundan, desde el pasado 2 de mayo, unos 1.200 reos repartidos por una docena de cárceles. Exigen su puesta en libertad.
En el aniversario de la matanza la prensa escrita marroquí dedicó más espacio a la protesta islamista que a la conmemoración. "Los salafistas abofetean la memoria de las víctimas", se indignaba en su portada el diario Aujourd'hui Le Maroc, mientras que el órgano socialista, Al Ittihad al Ichtiraki, se preguntaba: "¿Se disponen los islamistas a pasar de nuevo a la acción?".
Por si no bastase esto, el Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD), la única formación islamista legal, ha recordado, por boca de su diputado Habib Chubani, que "los juicios no fueron justos". "El Gobierno debe estudiar las sentencias caso a caso y hacer su autocrítica", señala. El PJD quiere también enmendar la ley antiterrorista que ha dado pie, sostiene, a muchos abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
A mediados de la semana pasada los contactos desarrollados entre fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia, por un lado, y los líderes de la protesta, por el otro, hicieron pensar que Rabat buscaba una solución negociada a la huelga. Desde el pasado fin de semana da la impresión de que compagina la dispersión y el aislamiento de los jefecillos con intentos de persuasión de los más enfermos para que renuncien a la huelga.
