Los afectados de Ardystil demandan el estudio epidemiológico

La presidenta de la Comisión de Afectados por el Síndrome Ardystil, Amparo Pascual, denunció ayer que el colectivo que representa sigue sin conocer los resultados del estudio epidemiológico a cuya elaboración se comprometió la Consejería de Sanidad hace tres años. Pascual advirtió que 16 de los 72 afectados por el síndrome no se han sometido todavía ninguna prueba médica.

El desarrollo de secuelas al síndrome Ardystil y de efectos secundarios al tratamiento de la fibrosis pulmonar preocupa a los antiguos trabajadores del sector de la aerografía textil que quedaron afectados. El colectivosolicitó la realización de un estudio epidemiológico exhaustivo a cargo de "un equipo de expertos" que analizase a los afectados y elaborase un estudio sobre las patologías que denuncian haber desarrollado los afectados.

Pascual denunció que este estudio es "incompleto" y se ha ampliado a personas que sólo pasaron unas horas en las empresas de aerografía textil donde se desarrolló el síndrome. "Hay 16 afectados que aun no han sido citados por los médicos para realizar las pruebas que deberían haber comenzado hace dos años". Añadió que el resto de enfermos están aún pendientes de pasar los últimos exámenes por lo que no disponen de ningún dato concluyente.

Los afectado solicitaron a la Dirección General de Salud Pública la realización de este estudio como prueba para poder demostrar ante un tribunal las incapacidades que con el tiempo han desarrollado los ex trabajadores del sector de la aerografía. Sin embargo, las "trabas" de Sanidad a la hora de iniciar los informes médicos han retrasado, según Pascual, su ejecución y han evitado que los estudios llegasen a tiempo del juicio.

Esta denuncia coincide con el traslado ayer a la Audiencia de Alicante de la sentencia del Supremo a los recursos presentados al primer fallo. La Audiencia reclamará la aplicación de la sentencia, contra la que no cabe recurso, a los condenados, el inspector de Trabajo, Alfredo Ortolá, y los empresarios Vicente Pla, Vicente Almiñana, Juan José Cortés, José Morcillo, José Fernando Vercher y Carmen Alcaraz que paguen las multas impuestas que van desde los 3.005 euros a los 500 y el ingreso en prisión de la propietaria de Ardystil, Juana Llácer. Esta última, condenada a seis años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria profesional grave, anunció su intención de solicitar un indulto que tramitaría la Audiencia. El tribunal investiga además un posible alzamiento de bienes por parte de uno de los empresarios condenados para evitar el pago de la multa.