CC OO reclama más recursos educativos para la compensación territorial

A la vista del estudio elaborado por CC OO sobre el esfuerzo económico de las distintas comunidades autónomas y sus resultados educativos, este sindicato reclama una "mejora de la financiación que sea suficiente y equitativa". Piden que el Gobierno eleve el gasto educativo hasta el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), en sintonía con lo aprobado por el Consejo Escolar del Estado. Y que se incremente el número de becas para mejorar la "equidad entre los estudiantes".

Mediante el "desarrollo de convenios" entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, reclaman la cofinanciación de medidas educativas en aquellas zonas más desfavorecidas y que "se garantice la aplicación de las medidas que recoge la nueva ley: atención a la diversidad del alumnado, refuerzos y apoyos escolares, clases desdobladas en grupos para mejorar el rendimiento académico y disminuir el número de alumnos por clase". Medidas similares se han reclamado en el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de representación de la comunidad educativa.

A juicio de los responsables de este sindicato medidas como éstas y otras de compensación entre los distintos territorios "incrementarán el gasto público educativo en el 0,5% del PIB en el plazo de aplicación de la ley y se logrará una mayor equidad territorial". Para ello exigen que el ministerio financie "exclusivamente o con ayuda de las comunidades" parte de esas actuaciones. Consideran que, de esa forma, "mejorarían las tasas de escolarización, de recursos y de resultados y se reducirían las diferencias entre las comunidades".

Inmigrantes

Tampoco olvidan en el sindicato reclamar una "asignación preferente" a los centros que escolarizan un porcentaje mayor de alumnos de entornos socioeconómicos y culturales desfavorecidos, o a colectivos con más necesidades educativas, como los hijos de inmigrantes. Otro de los factores de calidad para el que esta organización reclama vigilancia es la tasa de titulación y formación de la población adulta. Los acuerdos internacionales determinaron que en 2010 tiene que haber un 12% de la población activa realizando actividades de aprendizaje permanente.

La financiación ha sido durante años el caballo de batalla de los sindicatos y de la comunidad educativa en su conjunto. Comisiones propone la creación de un "observatorio de la financiación educativa" que evalúe periódicamente los recursos que se emplean en el ámbito escolar.