Un estudio revela que persiste la brecha entre comunidades pese al incremento del gasto

Las últimas evaluaciones internacionales de los sistemas educativos han puesto de manifiesto que no basta con una inversión generosa para la escuela; hace falta también saber cómo y en qué se invierte. Países como Estados Unidos o Dinamarca no han tenido unos resultados acordes a su esfuerzo económico, por ejemplo. ¿Qué pasa en España a ese respecto? La comunidad educativa reclama al ministerio que el porcentaje del PIB destinado a educación se eleve hasta el 6% para equipararlo a las cifras europeas. En la actualidad está en un 4,4%. También se ha repetido a los sucesivos Gobiernos que acompañen sus leyes educativas con una financiación suficiente. La Ley de Calidad del PP se aprobó en la última legislatura sin una memoria económica, y para el proyecto que ahora se debate, la Ley Orgánica de Educación (LOE), hay, por el momento, un compromiso de la ministra María Jesús San Segundo de que se presentará al Parlamento con las cuentas hechas.

Un exhaustivo estudio de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la escuela pública, ha fotografiado el esfuerzo económico efectuado por las comunidades autónomas una vez que las últimas recibieron las transferencias en esta materia. El estudio ha puesto en relación esa inversión con las necesidades educativas satisfechas y los resultados académicos de los alumnos.

De todo ello se obtiene un primer resumen: el esfuerzo en gasto público educativo de algunas comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia ha servido para satisfacer en gran medida necesidades básicas como la escolarización en etapas no obligatorias, pero no encuentra un buen reflejo en los resultados académicos: en esas comunidades el abandono educativo temprano sigue más alto que en las demás, por ejemplo.

Escolarizados

En la década que va de 1992 a 2002 (los últimos años de que se dispone de datos oficiales), las comunidades han ido escolarizando a sus alumnos hasta alcanzar todas niveles parejos. Pero el desembolso económico para ello ha sido bien desigual puesto que no todas partían de la misma situación; en esa década la población escolarizable se redujo en España un 26,7%, aunque esa reducción fue de un 35% en Asturias, frente al 7,4% de Baleares, por ejemplo. La población de 14 a 18 años (edades de educación no obligatoria en esta década) fue decreciendo, pero mientras que en el País Vasco, por ejemplo, se perdió un 41% de esa población, o un 35% en Cataluña o un 33% en Madrid, comunidades como Extremadura acusaron un descenso mucho menor, un 18%; 22,9% en Andalucía, 20% en Castilla la Mancha y Canarias, y 16% en Baleares. Así pues, partiendo de tasas menores de escolarización y con un número de alumnos que no decrecía tanto como en otras, estas comunidades han debido hacer un esfuerzo económico para acercar sus cifras a las del resto. Entre los niños de tres a cinco años el resultado es similar.

Si se observan los datos a partir del año 2000, cuando se completó el traspaso de las competencias educativas, puede verse que el gasto educativo de las comunidades también ha sido bien distinto en relación a su PIB. En 2001 el gasto educativo relacionado con el PIB era un 6% en Extremadura, frente al 2,8% de Madrid, Cataluña y Baleares, por ejemplo, según los datos del citado estudio. La media estatal en ese momento era de un 4%. De esta forma, el gasto por alumno en los centros públicos ese mismo año era similar al de esas comunidades (ver gráfico). "Para que regiones como Extremadura puedan hacer frente a las necesidades educativas, deben emplear buena parte de su PIB porque son comunidades más pobres. Ahí está su esfuerzo", señaló el secretario general de Enseñanza en Comisiones, José Campos.

Resultados

Después de todo esto, ¿qué ha pasado con los resultados? "A pesar del esfuerzo económico que han hecho comunidades como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, los resultados académicos no están a la altura de otras comunidades cuyo gasto educativo respecto de su PIB es mucho menor", añadió Campos. Para ello, como señala el estudio, se apoyan en la tasa de abandono educativo temprano, el tanto por ciento de jóvenes de 18 a 24 años que ha dejado de estudiar sin haber sacado su título de secundaria posobligatoria.

Estos datos los extraen de la Encuesta de Población Activa, en la que se pregunta a los jóvenes de esta edad por los estudios que pueden acreditar. La tasa de abandono se redujo de 1992 a 1997 en 10 puntos, del 41% al 31%. De ese año a 2002 bajó otros dos puntos, hasta un 29%. En 1992, el 54% de los alumnos castellano-manchegos de esas edades salía al mercado laboral sin su título, mientras que sólo el 26,8% lo hacía en el País Vasco. Diez años más tarde, las diferencias van del 37% de Extremadura, una cifra similar a la de Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía, al 12% del País Vasco. Aunque todas han mejorado en este aspecto, en esta variable las diferencias relativas se han incrementado entre comunidades. "Una explicación posible es que el esfuerzo económico realizado para satisfacer carencias que arrastraban desde hace años les ha impedido dedicar esos recursos a la calidad educativa y a la mejora de los resultados escolares", explicó Campos.

A juicio del sindicato, "las comunidades que tenían mayor población escolar que atender, que han hecho mayores esfuerzos financieros y que, sin embargo, han empeorado en su posición relativa en los resultados, debieron haber sido objeto de especiales medidas de compensación educativa de carácter territorial".