Inmigración, el año del cambio

A lo largo de este primer año de Gobierno socialista, la defensa, la promoción y la profundización de los derechos han sido la columna vertebral de la política española. Lo más destacable de ese cambio tranquilo no son sólo los resultados que se han logrado, sino también, y eso es muy importante en una democracia tan joven como la nuestra, las futuras repercusiones que tendrán esos avances, ya que cada uno de ellos es, en sí mismo, un punto de no retorno. A partir de ahora no será fácil, por ejemplo, que cualquier futuro Gobierno elimine el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo o que la lucha contra la violencia de género vuelva a no ser considerada como prioridad en España. Cuando las mujeres y los hombres socialistas hablábamos de la necesidad de modernizar la democracia de nuestro Estado, nos referíamos precisamente a eso: a la posibilidad de establecer un nuevo conjunto de mínimos, a la oportunidad de que nuestra sociedad decidiese volver a elevar su propio listón.

Gallardón presentó un plan, pero olvidó incluir a todas las fuerzas políticas y sociales

Emigrar no es un viaje de placer: esas mujeres y hombres dejaron atrás la tierra en que nacieron

El cambio que han experimentado las políticas de inmigración en España sirve para reflejarnos esta realidad. Podemos limitarnos a observar fríamente los resultados: hace un año, el señor Acebes abandonaba el Ministerio del Interior sabiendo que dejaba a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. A día de hoy son esas personas las que asumen deberes y reciben derechos por medio de un consensuado proceso de normalización de inmigrantes.

Pero conviene analizar las causas, los pasos y las repercusiones de la nueva política de inmigración española, comenzando por subrayar lo que ya saben nuestras madres y nuestros padres: que emigrar no es un viaje de placer. Esas mujeres y hombres se despidieron de su familia, salieron de su casa, dejaron atrás la tierra en que nacieron porque necesitaban vivir mejor y llegaron con la esperanza de encontrar un trabajo.

La capacidad que tiene cualquier país de absorber trabajadores es limitada. La solución pasa, evidentemente, por adecuar el número de inmigrantes que entran en España a la capacidad de absorción que tiene nuestro mercado laboral. Numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la OCDE, llevan años señalándolo, pero fue el Gobierno socialista quien trasladó las políticas de inmigración del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo.

El cambio no ha sido superficial, ya que también se aumentó la lucha contra las mafias, se han mejorado las relaciones con los Gobiernos de los países emisores de inmigrantes, y se ha priorizado la lucha contra la pobreza mundial. Las cifras de 2003 y 2004 reflejan que estamos en el buen camino: llegan menos inmigrantes y se detienen más miembros de redes mafiosas que explotan a seres humanos.

Quedaba, sin embargo, por solucionar un problema heredado del anterior Gobierno: ¿qué hacer con la situación de esos cientos de miles de inmigrantes que llegaron a nuestro país antes de agosto de 2004 y lograron un trabajo pero que, por ejemplo, no cotizaban a la Seguridad Social? Lo primero que se decidió fue actuar con total transparencia; posteriormente se apostó por la participación: todos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, las organizaciones de inmigrantes tomaron la palabra. Fue el principal partido de la oposición quien decidió quedarse al margen, todos los demás colectivos trabajaron con generosidad y con sentido de Estado. Estuvieron a la altura, sabían que se estaba diseñando un proceso de normalización de gran calado (aunque durante la etapa del Partido Popular ya se llevaron a cabo algunos otros), y sabían cuáles eran los muchos errores que no debían volver a repetirse: hacía falta establecer un conjunto de mecanismos que permitiesen aunar rigor y claridad.

El consenso articulado en torno al proceso de normalización y al proyecto de Reglamento de desarrollo de la llamada Ley de Extranjería han sido tan notables que pueden señalarse pocos antecedentes en la historia de nuestra democracia. Pero la fuerza de este acuerdo no se limita a sus muchos impulsores, sino que está también en su vitalidad.

Recientemente se flexibilizaron los requisitos para la inscripción en el padrón municipal de los inmigrantes que estaban en situación irregular, pero manteniendo el certificado de empadronamiento como condición indispensable para acogerse al proceso. El Partido Popular ha criticado esta medida, mientras que los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de inmigrantes la han aplaudido. En una democracia sólida y moderna es bastante lógico, por mucho que le enerve al señor Acebes y a los suyos, que un Gobierno sea capaz de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía. Ha pasado mucho tiempo, pero hay quien no ha interiorizado todavía cuestiones tan básicas como ésta.

El Partido Popular decidió no formar parte del consenso, sino que decidió la soledad. Hasta enero se mantuvo el silencio, pero Acebes abrió fuego y se confirmaron los temores: la principal fuerza política de la oposición había renunciado al interés general, haciendo de una cuestión tan sensible como la inmigración un área en el que librar su batalla por el interés particular. Sólo así pueden entenderse muchas de las declaraciones que se han llevado a cabo con el mismo objetivo: sembrar el alarmismo. Cuando Acebes dijo que los inmigrantes llegaban a nuestro país "por tierra, mar y aire", sabía que faltaba a la verdad, pero sabía también que ésa no era otra mentira más; era plenamente consciente de que según hablaba estaba acercando la cerilla a la mecha del racismo y la xenofobia. Tampoco debía ser algo que le preocupase excesivamente a Acebes, ya que durante las dos legislaturas del Gobierno Aznar el racismo se multiplicó por cuatro en nuestro país. Demasiadas declaraciones potencialmente racistas, demasiada homofobia y demasiado odio, pero es más grande el silencio de Rajoy...

Pero la mayoría estamos firmemente convencidos de que la diversidad puede y debe transformarse en una poderosa fuente de riqueza social, cultural y económica. Invito a cualquiera que dude de mis palabras a contrastar las cifras: el anterior Gobierno destinaba cero euros a la integración social de los inmigrantes, el Gobierno socialista incluyó en sus primeros Presupuestos Generales del Estado 120 millones de euros destinados a ese objetivo, que serán gestionados por las instituciones más cercanas a la ciudadanía (los Ayuntamientos).

Gallardón ha presentado un Plan para la Integración de los inmigrantes, pero se le ha olvidado cuál es el primer requisito para que un Plan de Integración merezca su nombre: no excluir, integrar en torno a él a todas las fuerzas políticas y sociales. Como concejal de Madrid, me veo en la obligación de denunciar que la elaboración del documento se ha llevado a cabo sin luces, sin taquígrafos y sin consenso. Madrid merece un verdadero Plan y por esta razón parece adecuado ofrecer al alcalde de Madrid un "Pacto por la Integración y la Convivencia" basado en la lucha contra las mafias que explotan a los inmigrantes, en el rechazo radical de cualquier tipo de declaraciones y acciones que puedan promover el aumento del racismo y la xenofobia, y en la elaboración de un Plan para la Integración de los inmigrantes que recoja también las aportaciones de todas las fuerzas políticas presentes en Madrid, así como los sindicatos, los empresarios y las asociaciones de inmigrantes.

Actuar unilateralmente en política nunca es recomendable. Pero hacerlo en políticas de inmigración significa equivocarse siempre. Ahora es tiempo de esfuerzos compartidos: vamos a seguir intentando que el PP se sume al consenso de inmigración, porque España necesita que el Partido Popular deje de abordar la inmigración sin sentido de Estado. Vamos a ofrecer un pacto en cada ciudad y en cada Comunidad Autónoma. Porque lo que está en juego es un futuro en el que todas y todos queremos ser iguales desde la diferencia de cada cual.

Pedro Zerolo es secretario de movimientos sociales del PSOE y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.