El PSOE pide apoyo al Congreso para iniciar un proceso de diálogo con ETA si deja las armas

Ante la situación de máxima tensión que vive el PSOE y el PP respecto a la política antiterrorista, el primero decidió ayer no hacer un frente común contra los populares y presentar una resolución en solitario como consecuencia del debate del estado de la nación. El PSOE plantea sin ambages un acuerdo del Parlamento para intentar "un final dialogado de la violencia". Y pedirá el voto a toda la Cámara en la tarde del martes, cuando el pleno del Congreso debata las resoluciones. Ahora bien, hasta el mediodía del lunes el resto de los grupos pueden enmendar ese texto y el PSOE también tendrá la oportunidad de convencer a los grupos para que lo apoyen. También al PP. El texto de gran trascendencia que ayer se presentó recoge "los principios" del Pacto de Ajuria Enea y de Madrid, de 1988, así como del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito con el PP en 2000, aunque no los cita por su nombre.

Los socialistas evitan presentar una resolución conjunta con otros grupos para intentar el apoyo de los populares

El texto recoge párrafos de los pactos de Ajuria Enea y de Madrid, de 1988, y del actual, firmado por el PSOE y el PP

La propuesta formaliza el apoyo a las víctimas y la eliminación del terrorismo del ámbito de la confrontación partidista

"A ETA sólo le queda disolverse y deponer las armas", señala la propuesta. Ahora bien, "si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, se apoyaría el diálogo entre los poderes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia".

Éste es uno de los párrafos de la resolución de siete puntos que ayer entró en el registro del Congreso de los Diputados y que hace oficial el discurso político del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el primer día del debate sobre el estado de la nación, en el que habló de la posibilidad de que pudiera existir un proceso de paz, si antes ETA renuncia a la violencia, se disuelve; y siempre sin pagar precio político alguno.

Después de varias horas de conversaciones con IU-ICV y ERC, además de algún sondeo con el PNV, CiU, CC, y Cha, los socialistas decidieron presentar en solitario su resolución, ya que no quería incluir en su texto la propuesta de CiU, e IU-ICV de crear otro foro contra el terrorismo, diferente al que ya existe entre socialistas y populares.

La resolución habla en nombre del Congreso. "Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia". Y continúa: "Eso se haría respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

Éste párrafo es una copia textual de lo que dice el extinto Pacto de Ajuria Enea. Pero añade algo que no tuvieron en cuenta los políticos vascos en ese mes de enero de 1988, cuando firmaron el acuerdo. "La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia". La resolución señala que el Estado de derecho ha demostrado "su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA sólo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Ésta es la exigencia de la ciudadanía vasca y es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso".

A continuación se recoge uno de los principios fundamentales del Pacto Antiterrorista suscrito con el PP: "Queremos formalizar solemnemente nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política entre los partidos, las políticas para acabar con el terrorismo".

El PSOE dedica un largo apartado a las víctimas: "Ellas son la memoria, el recuerdo, la constatación presente y continua del sufrimiento, de la brutal injusticia que ha provocado el terrorismo de ETA. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad".

La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. "Pero nuestras obligaciones no han terminado. Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente". Y añade: "Su colaboración en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria, ya que nadie como las víctimas para defender los valores de convivencia que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento."

Este texto de cuatro folios tiene en su preámbulo consideraciones sobre la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA. "Hoy la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que nunca, y consecuentemente, aunque ETA puede seguir atentando, es mayor que nunca su debilidad". En la lucha contra los terroristas en España, continúa, "ha habido una determinación absoluta para defender la vida y la libertad, para honrar a las víctimas y para acabar con la violencia definitivamente". Y se saca una conclusión: "Los avances producidos se han debido a la firmeza democrática de la sociedad y a la acción sostenida de los tres factores básicos de la lucha antiterrorista". Se recuerdan esos pilares básicos: la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cooperación internacional y la unidad, y los acuerdos de las fuerzas democráticas.

La resolución elogia a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza, porque de su capacidad y eficacia depende la erradicación de la violencia, "tal y como se está comprobando estos últimos años en la progresiva desarticulación operativa de la banda terrorista". La acción policial erradica el terrorismo, "previene los atentados, persigue a los autores y protege los principios que conforman la convivencia democrática, especialmente el derecho a la vida", indica el texto.

También se elogia a la sociedad española "por la extraordinaria sensatez y moderación con la que ha reaccionado ante la agresión terrorista". Y continúa: "Llamamos a todos los ciudadanos para que, individual y colectivamente, y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en el que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición de las actitudes fanáticas, intolerantes y violentas y por la consolidación de la libertad".

Juntos contra el terrorismo

En el primero de los puntos de la resolución se asegura que el rechazo firme al terrorismo responde a convicciones democráticas y a la fe en la razón y en la palabra. "Y se basa en la profunda y radical falta de legitimidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier idea u objetivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos".

Todo el punto tercero se dedica a invocar la determinación de "trabajar juntos en la finalización definitiva de la violencia terrorista". El sujeto que afirma tal cosa es el Congreso de los Diputados, en el debate del estado de la nación de mayo de 2005.

Los socialistas creen que este texto debe ser asumido por todas las fuerzas políticas, pero ellos no podrán, sin embargo, acceder a lo que pide el PP respecto a iniciar acciones contra EHAK; pero tampoco a lo que ayer le pidió IU- ICV, en la misma línea de CiU. Estas fuerzas políticas pretenden que se cree otro foro para afrontar un posible final del terrorismo.

Los nacionalistas catalanes, reclaman el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, que debe plasmarse en un "nuevo acuerdo global", superando el actual pacto que incluye únicamente a las dos formaciones políticas mayoritarias en las Cortes Generales.

En noviembre de 1998, cuando gobernaba el PP, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, tras la tregua de ETA, una resolución de tres puntos en la que se instaba al Ejecutivo al "más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas" para desarrollar "una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitencia en la forma que mejor propicie el final de la violencia". Asimismo, la resolución se solidarizaba con las víctimas del terrorismo y apelaba al diálogo para llegar al final de la violencia.