PSOE e IU estudian hacer públicos todos los informes del CSN

El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que publicar todos sus informes si, como es previsible, prospera la proposición de ley que ayer presentó en el Congreso el diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera. La proposición, aceptada por el PSOE, plantea además la existencia de un órgano asesor al CSN con miembros desvinculados de la industria nuclear. ERC y CiU también son partidarios de reformar el CSN.

El incidente de la nuclear de Vandellòs, el más grave desde 1992, ha acelerado la reforma legal del CSN. La central sufrió corrosión durante años hasta que se rompió una tubería. El CSN, que no había detectado la degradación, realizó un informe muy duro en el que acusaba a la central de primar la producción sobre la seguridad. La presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, envió al Congreso, al Senado y al Gobierno un informe suavizado y los consejeros la obligaron a rectificar.

El PSOE pensaba abordar la reforma legal en otoño. Sin embargo, la diputada socialista Rosario Velasco anunció ayer que apoya "en lo sustancial" la reforma del CSN que acababa de presentar ICV en el Congreso. Herrera aseguró que ha acordado la tramitación con el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba. El texto propone modificar la ley del Consejo de Seguridad Nuclear, de 1980, para darle "más independencia de la industria y más transparencia", según Herrera.

La principal novedad de la propuesta es que todos los documentos del CSN pasarán a ser públicos. "Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a los registros y archivos y, en general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, en curso o terminados". Si los documentos contienen datos confidenciales, el CSN tendrá que tacharlos en la copia que entregue, pero no serán obstáculo para su publicación.

Además, cualquier ciudadano podrá pedir las aclaraciones que desee "para demostrar que las instalaciones nucleares y radiactivas funcionan de forma segura y de conformidad con la normativa". También serán públicas las actas de los plenos (las reuniones del presidente y los cuatro consejeros) y el resultado de las votaciones, algo que hasta ahora sólo se publica en la web interna del CSN. La ley convierte esa web en pública. Para responder a la demanda de información, el CSN deberá crear una nueva unidad administrativa.

La propuesta también establece que los trabajadores de las centrales ("cualquiera que sea su relación contractual o laboral") estarán obligados a informar a la central de "cualquier hecho conocido que afecte o pueda afectar a la seguridad de las instalaciones". Si la central no informa al CSN, el trabajador estará obligado a hacerlo. La ley impedirá a las empresas tomar represalias contra los trabajadores que denuncien a las empresas, algo que ya está contemplado.

Por último, la ley crea un "comité asesor técnico, formado por profesionales de reconocido prestigio, nombrados por el Gobierno a propuesta del Parlamento, los parlamentos de las autonomías con centrales nucleares y organizaciones ecologistas". Sus miembros, nombrados por seis años y que sólo cobrarán por acudir a las reuniones, no podrán tener vinculación con la industria nuclear. El Pleno del CSN deberá someter a este comité "los aspectos más relevantes de su funcionamiento".

Estevan Bolea compareció en el Congreso en abril para explicar el incidente de Vandellòs. Velasco le preguntó si creía necesario reformar la legislación que rige el consejo. "A mí me parece que no. ¿Problemas en el pleno del consejo? Sinceramente, no. [...] Modifiquen lo que quieran, pero el consejo está funcionando muy bien, con unos técnicos que trabajan muy bien", replicó la presidenta.