Zapatero: "No pararé si puedo acabar con ETA"

El terrorismo y la cuestión territorial ocuparon la parte más importante del bronco debate sobre el estado de la nación y de la oferta política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre ambas cuestiones el Gobierno tendrá que caminar solo al no contar con el concierto del primer partido de la oposición, el PP, que rechazó su petición de apoyo. Pese a todo, el presidente se comprometió a llevar ambos asuntos adelante. También anunció 15 leyes para este año, algunas de envergadura social, como la Ley de Autonomía Personal.

Zapatero, como hizo en su discurso de investidura, hace un año, situó su prioridad en la lucha contra el terrorismo -"la única lacra que perdura desde la transición democrática"- y reiteró que "esta legislatura será de gran trascendencia para esa aspiración tan profunda de la inmensa mayoría de los vascos y de todos los españoles como es el final de la violencia".

"No se va a detener el Gobierno si tiene la posibilidad de acabar con ETA sin pagar un precio político por la paz", precisó.

- Terrorismo. Su compromiso en la lucha contra el terrorismo tuvo una importante precisión, inédita en experiencias anteriores: "Si se diera el caso [de poder lograr el fin de ETA], me comprometo formalmente a acudir ante esta Cámara para explicar los pasos a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España", dijo el presidente.

Con este compromiso de transparencia quiso Zapatero despejar las acusaciones del PP sobre negociaciones con ETA o de haber renunciado a derrotarla, fijando la posición del Gobierno. Aclaró que no existen conversaciones con la banda. Pero, también, apuntó que, si hay posibilidad de hablar con ETA para contribuir al final de la violencia, lo hará, y, cuando llegue el momento, lo notificará al Parlamento.

No obstante, Zapatero advirtió de que el Gobierno iba a ser "muy prudente" y que no quería abrir "falsas expectativas", tras recordar las dos experiencias fallidas precedentes: las conversaciones de Argel, de 1989, pilotadas por el Gobierno de Felipe González, y las de Suiza, de 1998, cuando gobernaba José María Aznar.

Dicho esto, no descartó abrir nuevas conversaciones con la banda. Recordó que ETA está más débil que nunca y que en el último año han sido detenidas 175 personas por su presunta vinculación con la banda. E incluso, ofreció una interesante información sobre la situación de ETA: "El Estado de derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. Lo saben los terroristas y también conocen, hoy más que nunca, la inutilidad de la violencia".

Zapatero también fijó los principios de la hoja de ruta para el final de la violencia. Antes que nada, que "la paz no tendrá precio político", esto es, que el Gobierno no negociará con ETA políticamente y que con la banda de lo único que puede tratarse es el futuro de sus presos. En esto se atuvo a los principios de los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid de 1988.

Se ajustó al Pacto Antiterrorista, firmado con el PP en 2000, para fijar las relaciones con los partidos ante un hipotético proceso negociador: voluntad decidida de acabar con el terrorismo; rechazo a utilizar el terrorismo como arma de confrontación política; disposición de la oposición a apoyar al Gobierno y confianza y unidad entre demócratas.

Y, también, aclaró, ante lo que percibió como una nítida falta de apoyo a un hipotético proceso de paz por el líder del PP, Mariano Rajoy, que el Gobierno seguirá adelante porque "el fin del terrorismo es la gran aspiración de los españoles".

- Cuestión territorial. Zapatero aprovechó el debate para tomar la iniciativa en la agenda territorial; sobre todo, en materia de financiación autonómica al comprometerse a presentar las bases de su propuesta ante la Conferencia de Presidentes autonómicos, que convocará en julio. Esta necesidad le resultaba apremiante a la vista del conflicto suscitado con su Gobierno por la propuesta de financiación autonómica de la Generalitat de Cataluña.

El presidente estableció dos principios para el debate. Se situó en una posición de equilibrio. Por un lado, se comprometió a ampliar la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, con la aprobación de un sistema financiero estable que "proporcione los recursos suficientes para poder ejercer con rigor y calidad las competencias, antiguas o nuevas".

Pero, por otro, aclaró que al Gobierno de la nación le corresponden, según la Constitución, "las funciones que se identifican con el concepto mismo del Estado y las que le permiten asegurar la igualdad, la cohesión y la solidaridad entre los españoles". Zapatero precisó que, en consecuencia, tiene la competencia de "dictar bases sobre las materias que la Constitución le atribuye", como la legislación tributaria o la capacidad recaudatoria de la Hacienda central.

El presidente fue aún más preciso al reiterar su compromiso de revisar el actual modelo de financiación autonómica para asegurar la suficiencia financiera de las comunidades y "permitir a cada uno de los actores el ejercicio comprometido de su responsabilidad sobre sus propias decisiones fiscales y el correspondiente nivel de los servicios que está obligado o dispuesto a prestar".

Precisó que la Conferencia de Presidentes autonómicos de julio aprobará la mejora de la financiación sanitaria para incorporarla a los Presupuestos de 2006 y los principios generales de la financiación autonómica que, según el calendario de Zapatero, deberá aprobarse a fines de año en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

- Política social y legislativa. Zapatero quiso dejar clara la continuidad de su política social, una seña de identidad de su política gubernamental en este primer año.Su propuesta estrella es la Ley de Dependencia o Autonomía Personal como cuarto pilar del Estado de bienestar, cuyo objetivo es proteger a quienes no pueden valerse por sí mismos y necesitan ayuda para hacerlo y de quienes doblan su jornada para atender a sus parientes mayores, menores o discapacitados.

También anunció para los próximos meses la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres para "remover los obstáculos que frenan su igualdad real y efectiva". Otra ley que el Gobierno enviará al Parlamento antes del verano es la de independencia de los medios públicos de comunicación para que "dispongan de los mecanismos para su sostenimiento financiero y el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público".

Junto a ello, anunció la subida del Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de "lograr los 600 euros al final de la legislatura", y el aumento de las pensiones mínimas "por encima del IPC". En ese mismo terreno, insistió en su compromiso con la reforma laboral para convertir el empleo temporal en fijo.

Zapatero se comprometió, asimismo, a presentar, para el otoño, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para redefinir la casación ante el Tribunal Supremo, al que se le encomienda la unificación de doctrina, a la vez que se le reconoce la condición de última instancia ordinaria a los tribunales superiores de Justicia. Anunció, asimismo, para este año, la entrada en funcionamientos de 250 nuevas unidades judiciales y de 2.016 nuevas plazas, un 61% más que en 2004.

La creación de la Agencia de Evaluación de la calidad de los servicios es otro de los compromisos de Zapatero para las próximas semanas, junto al nuevo Estatuto de los empleados públicos.

- Política económica. Zapatero hizo una defensa de la política de estabilidad presupuestaria, continuista con la etapa del Gobierno del PP. Anunció un crecimiento del 3% del PIB para este año y una creación de empleo del 4%, que equivaldría a casi 675.000 puestos de trabajo por año. Y pudo presumir de haber absorbido buena parte de la deuda heredada del Gobierno anterior procedente de Renfe, de los astilleros de Izar, la deuda de Andalucía y el fraude del lino al precio de un ligero déficit de las cuentas del Estado, del 0,28%.

Anunció como prioridad presupuestaria para 2006 la investigación, con un aumento del 25%, además de la educación y las infraestructuras, para promover un aumento de la competitividad. Precisó que mantendrá el esfuerzo presupuestario en la dotación de becas, que en 2005 ha tenido un aumento del 10,5% adicional. También anunció que se destinará a la cooperación al desarrollo el 0,5% del PIB para 2008

Y recordó su pretensión de debatir y aprobar la reforma del IRPF en 2006, con el objetivo de "reducir la aportación de las rentas de trabajo y simplificar su realización".