El fiscal retira los cargos de lesiones contra dos activistas de Greenpeace

La fiscalía retiró ayer los cargos de lesiones contra Phillip Walter Lloyd y Daniel Rizzotti, dos de los activistas de Greenpeace que participaron el 14 de marzo de 2003 en una protesta contra la guerra de Irak en la base de Rota (Cádiz). Sin embargo, mantuvo la acusación de lesionar a dos guardias civiles para otro de los activistas, Carlos Bravo, aunque rebajó su petición a 14 fines de semana. En total, la fiscalía solicita más de nueve años de prisión para los cinco acusados, en un juicio que ayer quedó visto para sentencia.

En un juicio de más de cuatro horas y media de duración, celebrado en el juzgado de lo penal número 1 de Cádiz, el fiscal retiró los cargos de lesiones al no quedar acreditado que ni el capitán, Daniel Rizzotti, italo-argentino, ni el contramaestre, Phillip Walter, neocelandés, agredieran a dos guardias civiles durante el abordaje del buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, a bordo del cual tuvo lugar la protesta.

No obstante, uno de los siete guardias civiles que declararon como testigos aseguró que el español Carlos Bravo, responsable en aquellos momentos de la campaña de desarme de la ONG, empujó una pesada trampilla situada en el suelo, que daba acceso a los camarotes, hiriendo en el brazo y en la pierna a otros dos agentes.

A pesar de que Bravo sostuvo que él "siempre actuó pacíficamente y llamando a la calma" y de que un fotógrafo y un cámara, llamados a declarar por la defensa negaron estos hechos, el fiscal, Juan Bosco, mantuvo esa acusación contra Bravo. Pero especificó que las considera "lesiones por imprudencia", ya que "no ha quedado demostrado que la intencionalidad fuese hacer daño" a los agentes. Por este delito solicitó al juez, Juan Columna, que imponga a Bravo 14 fines de semana de arresto.

Además, mantuvo las acusaciones de desobediencia y resistencia grave a la autoridad, por anclar en la zona de seguridad de la base de Rota, y "desobedecer una orden determinante y reiterada, poniendo en peligro la navegación en la zona" para los tres activistas, de manera que la petición de las penas queda de la siguiente forma: tres años de prisión para Rizzotti y dos para Bravo y Walter.

Para otros dos pacifistas, la española Maria Teresa Ambrós y el estadounidense Lawrence Martin, la fiscalía también mantuvo la solicitud de nueve meses de prisión por el delito de desobediencia. Ambrós y Martin intentaron colocar una pancarta en una boya en un barrera flotante de la base.

La defensa, a cargo de José Manuel Marraco, solicitó la libre absolución de los activistas porque, en su opinión, "no ha quedado demostrado que entraran en la zona de seguridad de la base, que no estaba señalizada". "¿Ha quedado demostrado que se entorpeció la salida de barcos? No. Se ha dicho repetidas veces que pudieron entrar y salir embarcaciones", declaró Marraco en sus conclusiones.

Asimismo, "las declaraciones de los agentes han sido contradictorias y no se ha podido demostrar que Bravo, un padre de familia ejemplar y que durante muchos años ha trabajado a favor de la paz en la organización, lesionara a los agentes", aseguró. Bravo añadió que es "inconcebible" que él empujara una escotilla para lesionar a los agentes y "no fuera arrestado en el momento". "Primero se detuvo al capitán y a la media hora a mí", añadió y recalcó que no se arrepiente de participar en un "acto pacífico" contra una "guerra injusta".

Tras la vista los acusados dieron las gracias a los más de 80.000 ciudadanos y 40 organizaciones que les han mostrado su apoyo.