Condenado un cardenal italiano por el caso de las antenas de Radio Vaticano

El cardenal Roberto Tucci y el sacerdote Pasquale Borgomeo fueron condenados ayer a 10 días de cárcel (aunque sin aplicación de la pena) por el "envenenamiento electromagnético" provocado por una antena de Radio Vaticano situada en el barrio romano de Cesano. Tucci, como presidente del comité gestor de la emisora, y Borgomeo, como director general, fueron también condenados a pagar un total de 16.000 euros a las organizaciones vecinales y ecologistas constituidas en acusación civil.

El cardenal Tucci, jesuita de 84 años, fue durante años el organizador de los viajes de Juan Pablo II. Además, cuenta con una larga experiencia como periodista en publicaciones católicas y se le considera uno de los componentes más dialogantes y aperturistas del actual Colegio Cardenalicio.

La juez Luisa Martoni consideró probado que, entre 2001 y 2003, la antena de Radio Vaticano en Cesano había superado los límites legales en las emisiones de ondas electromagnéticas, y que el exceso había provocado trastornos en la vida cotidiana de los vecinos. Si se pulsaba en algunos porteros automáticos, por ejemplo, se escuchaba la programación de Radio Vaticano, y los televisores, teléfonos y ordenadores de la zona funcionaban mal.

Efectos en la salud

La sentencia no hacía referencia a posibles daños sobre la salud, ya que ello correspondía a otro sumario aún no concluido. En la zona de Cesano parece registrarse una incidencia de tumores y leucemias ligeramente superior a la media, pero no está probado que ello se deba a la presencia de la antena, junto a la cual funciona, además, un gran radar militar. El pasado 18 de marzo la juez Zaira Secchi encargó un informe pericial que examinara la posibilidad de que los tumores y leucemias, o algunos malestares leves y trastornos nerviosos denunciados en Cesano, pudieran guardar relación con la presencia de la instalación vaticana.

La condena del cardenal Tucci fue posible gracias a una reciente sentencia del tribunal de apelación, según la cual los cardenales no eran ajenos, incluso poseyendo un pasaporte vaticano, a la jurisdicción penal italiana. Codacons, una de las organizaciones ligadas a la acusación particular, consideró que la sentencia era "revolucionaria" y permitiría la conclusión de la causa por presunto homicidio involuntario relacionado con daños a la salud causados por ondas electromagnéticas. También formuló un llamamiento al papa Benedicto XVI para que ordenara el traslado de las antenas de Radio Vaticano "a lugares lejanos de barrios residenciales".

A la salida del tribunal, un grupo de vecinos de Cesano aplaudió largamente a los dos fiscales del caso, Gianfranco Amendola y Stefano Pesci. Los acusados no se personaron.