Una apuesta de futuro para el campo andaluz

Han pasado tres meses desde las heladas que a finales de enero y en las semanas posteriores golpearon el campo andaluz. Tiempo suficiente para reflexionar sobre lo ocurrido, mirar hacia delante y tomar las medidas necesarias para evitar, en lo posible, que una situación de incertidumbre y enfrentamiento como los que hemos vivido a lo largo de estos meses se vuelva a repetir.

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca han reaccionado con rapidez para dar respuesta a las lógicas demandas de los agricultores afectados. Pero la capacidad de actuación de la Administración se topa por una parte con las limitaciones que la estricta normativa comunitaria impone a las ayudas de Estado y que ha conducido en más de una ocasión a tener que devolver ayudas aprobadas sin tener suficientemente en cuenta esas restricciones; por otra parte, se topa con la opción "no conceder ayudas o beneficios para paliar las consecuencias de los daños causados por riesgos asegurables", ratificada en el vigente acuerdo de bases para la elaboración de los planes de seguros agrarios combinados para el trienio 2004-2006 y firmado por el Ministro de Agricultura del Partido Popular (PP) Arias Cañete. Una decisión con la que el PSOE se ha mostrado y se sigue mostrando de acuerdo, al igual que en su día se mostraron las Organizaciones profesionales agrarias.

Conviene recordar aquí que la Ley de Seguros Agrarios fue aprobada en el año 1978 como fruto del consenso que presidió la transición y como un compromiso recogido en los Pactos de la Moncloa "para proteger al agricultor de las consecuencias derivadas de acaecimientos catastróficos", a instancias de las organizaciones profesionales agrarias democráticas recién legalizadas. "Con la Ley", según ha señalado acertadamente Fernando Burgaz, experto y Director de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios desde el año 2002, "se optó con claridad por el sistema de seguros agrarios como el instrumento más idóneo para compensar los daños ocasionados por las condiciones climatológicas desfavorables, dejando de lado los sistemas de ayudas directas. Al eliminar la posibilidad de declaración de zonas catastróficas a consecuencia de riesgos asegurables, se ha dotado del sistema de una mayor estabilidad".

El espíritu de consenso y colaboración que presidió la elaboración de la Ley se ha mantenido a lo largo de sus ya 25 años de vigencia. Año tras año, la cobertura de los Seguros Agrarios Combinados se ha ido ampliando; la subvención estatal al coste de los seguros ha crecido en paralelo, desde los 18 millones de euros del año 1981 a los más de 224 millones de euros del Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados del 2005. Por nuestra parte, las Comunidades Autónomas también cofinanciamos las primas, en el caso de Andalucía con un aporte suplementario de más de 5 millones de euros.

En estos momentos, el sistema de seguros agrarios de España es uno de los más avanzados de la Unión Europea (UE). Como tal ha sido estudiado y muy positivamente valorado por la Comisión Europea en su Documento de Trabajo sobre Herramientas para la gestión del riesgo para la agricultura europea de enero del 2001, que ha dado lugar recientemente a su Comunicación sobre Gestión de riesgos y crisis en agricultura.

A pesar de los avances logrados, la tasa de aseguramiento es baja, y más aún en Andalucía, donde en promedio no alcanza un 20 % de la superficie, aunque varía mucho según sectores. Esa baja tasa de aseguramiento se origina, según los expertos, en varios factores, como la insuficiente información y la poca percepción del riesgo. Hay también, y así lo han reconocido los responsables de la Administración, cuestiones que mejorar. La última reunión de la Comisión Nacional de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), el pasado 5 de abril, anunció la creación del Observatorio de la calidad del seguro agrario y todo un conjunto de propuestas para superar las limitaciones en la definición de los contratos de seguro que se han puesto de manifiesto en los últimos meses.

Pero no podemos echar piedras sobre nuestro propio tejado. La incertidumbre y el riesgo forman parte desde siempre de la actividad agraria en nuestro clima mediterráneo. Hoy los factores de incertidumbre son aún mayores, según reconoce la propia Comisión Europea. A los riesgos meteorológicos tradicionales, incrementados por el cambio climático, se añaden aquellos originados por la mayor movilidad de animales y plantas en un mundo sin fronteras, las mayores exigencias de calidad y el progresivo abandono de la política de precios garantizados.

En este escenario, seguir mejorando y consolidando nuestro sistema de seguros agrarios es la mejor apuesta de futuro para nuestro sector agrario. Una vez tomadas las medidas que van a permitir recomponer nuestra capacidad productiva, nos toca a todos, sector y Administración Pública, seguir trabajando por la mejora de los seguros y la difusión entre los agricultores de la cultura del aseguramiento, para que las incidencias meteorológicas no sigan absorbiendo las energías que todos debemos dedicar a la mejora de la competitividad y de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro sector agroalimentario.

Desde estas páginas, invito a las organizaciones profesionales agrarias, a las cooperativas y a los agricultores y ganaderos a participar en un debate vivo y constructivo para la mejora de los seguros agrarios, para lo cual la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha puesto ya en marcha un grupo de trabajo y se compromete a tomar a corto plazo algunas otras iniciativas que facilitarán la participación de todos los interesados.

Isaías Pérez Saldaña es consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.