La inspección médica cuestiona la labor de la comisión de expertos de Leganés

La comisión de expertos creada por la Consejería de Sanidad de Madrid para evaluar las sedaciones terminales aplicadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) es un "órgano alegal, sin autoridad y creado ad hoc por Sanidad para intentar forzar unas conclusiones a las que no ha llegado la inspección médica". Ésta es la valoración que la Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios hace del grupo de sabios con el que Sanidad pretende aclarar si las sedaciones constituyen mala praxis médica. Las sociedades científicas y el Colegio de Médicos han rechazado formar parte de la comisión.

El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, anunció el 22 de marzo la creación de un comité de expertos para estudiar si las sedaciones terminales aplicadas en Leganés se ajustaban a la buena práctica médica y remitir sus conclusiones a la fiscalía. Lamela anunció que la comisión estaría compuesta por médicos de la Comisión de Mortalidad del hospital y tres expertos indepedientes y explicó que su intención era asegurar la objetividad y credibilidad del grupo de sabios e implicar a los médicos de Leganés en la investigación.

Seis semanas después, sin embargo, todos los miembros activos de la comisión han sido nombrados por Sanidad. Los médicos de Leganés, las sociedades científicas y el Colegio de Médicos de Madrid, además de por el PSOE, IU, CC OO, UGT, las asociaciones de vecinos y de defensa de la sanidad pública han cuestionado su objetividad e indepenedencia.

Las últimas críticas a la comisión llegan ahora de los inspectores médicos de la Comunidad de Madrid. Los inspectores son los funcionarios especialistas encargados de garantizar la buena práctica médica. La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en su artículo 140.1, confiere a la inspección "la realización en su ámbito territorial de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en la legislación sanitaria vigente".

Irregularidades

Los inspectores de Madrid han investigado dos veces las sedaciones terminales aplicadas en las urgencias del hospital Severo Ochoa, de Leganés. En la primera inspección, en 2003, concluyeron que no existía ninguna irregularidad. En marzo de este año encontraron "irregularidades administrativas", pero no pudieron "afirmar o descartar" mala praxis médica en la aplicación de las sedaciones terminales.

La Asociación de Inspectores, que agrupa a la mayoría de los 170 inspectores de Madrid afirma que Lamela "parece que quiere utilizar a la comisión de expertos para puentear la ley y forzar unas conclusiones prefijadas que no son las alcanzadas por los inspectores en sus investigaciones".

"El órgano legalmente amparado para realizar este tipo de investigaciones es la inspección médica, y no proceden órganos alegales paralelos", concluye la Asociación, que en un comunicado califica de "precipitada y desafortunada" la actuación y las decisiones de Lamela en la crisis de Leganés.

La polémica ha rodeado a la comisión de expertos desde su creación. La Consejería de Sanidad y los médicos del hospital de Leganés discreparon sobre quiénes debían formar parte de ella. Los facultativos consideraron que dos de los tres expertos independientes elegidos en un principio por Sanidad no ofrecían "garantías de independencia y objetividad", según un comunicado emitido hace un mes por la Junta Técnico-Asistencial del Severo Ochoa, en la que están representados los trabajadores del centro.

Los médicos de Leganés, además, acusaron a Lamela de haberles engañado porque negociaba en público con ellos la composición del grupo de expertos cuando Sanidad ya había dictado la composición mediante una Resolución.

Sanidad y los médicos se reunieron en la primera semana de abril, sin alcanzar ningún acuerdo. El día 8, un portavoz de Sanidad afirmó que la negociación estaba "abierta" y que previsiblemente concluiría en una reunión convocada para el día 13. Sanidad finalmente anunció por sorpresa en la noche del 12 de abril la composición del grupo de expertos.

Sin embargo, la directora general de Calidad e Inspección de Sanidad, Elisa Borrego, había firmado una semana antes, el día 7 de abril, la composición que luego resultó ser definitiva de la comisión de expertos. Ésta incluía a seis miembros designados por Sanidad, entre ellos los dos recusados por los facultativos de Leganés. Sanidad, además, se negó a hacer pública la composición de la comisión y su método de trabajo.

Los otros tres miembros delgrupo de expertos debían ser elegidos por el Colegio de Médicos de Madrid, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y la Organización Médica Colegial (OMC). Ninguno de ellos, sin embargo, forma hoy parte de la comisión.

La Secpal rehusó formar parte de ella desde el primer momento por su falta de independencia. La OMC tomó en un primer momento la misma decisión, aunque tras la elección de Isacio Siguero como presidente, éste se mostró partidario de incorporarse al grupo, algo que aún no ha hecho. El Colegio de Médicos ha seguido el camino inverso: primero designó a su experto, pero rectificó y lo retiró tras la decisión adoptada por una asamblea de médicos.