El Gobierno aboga por adecuar el Pacto Antiterrorista a la nueva situación de Euskadi

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera vigente el Pacto Antiterrorista, pero cree que debe adecuarse al nuevo escenario político vasco. "Los principios del Pacto se mantienen mientras ETA exista, pero la situación del País Vasco no es la misma que hace cuatro años cuando se redactó el texto. Su articulado está vigente, pero la situación a la que respondía el preámbulo ha cambiado", señalan fuentes gubernamentales. Zapatero aludirá, previsiblemente, a esta cuestión el miércoles en el debate sobre el estado de la nación y el PSOE querría consensuar una resolución en ese sentido con todos los partidos.

El Ejecutivo estima que la situación del País Vasco requiere "tener los ojos muy abiertos, pero también mucha prudencia". Hay algunos aspectos que dan pie a la esperanza, como el hecho de que ETA lleve casi dos años sin matar -un hecho inédito desde 1972-, que dirigentes sanguinarios de la banda, como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, se hayan pronunciado en una carta contra la continuidad del terrorismo, y que los líderes de la ilegalizada Batasuna proclamen su deseo de que la violencia acabe.

Pero otros datos aconsejan prudencia, como la ausencia de un pronunciamiento de la banda que, además, en una reciente publicación mantenía sus objetivos terroristas mientras siguen las sospechas de que es la responsable del reciente robo en Francia de cuatro toneladas de clorato sódico para fabricar explosivos.

En ese contexto, el Gobierno considera plenamente vigentes los principios del Pacto Antiterrorista, en contradicción con lo que le reclaman los partidos nacionalistas. De manera más precisa, el Ejecutivo mantendrá su presión policial y judicial sobre ETA y no hablará con la banda o su entorno hasta que garantice el cese definitivo de las armas. También sostiene que la paz no tendrá un precio político, esto es, que si ETA desiste, no hablará con ella más que de la situación de sus presos.

El Gobierno está convencido de que la situación de debilidad por la que atraviesa ETA es resultado de la presión que sobre la banda y su entorno, la ilegalizada Batasuna, ha ejercido el Pacto Antiterrorista que, a su vez, fue una consecuencia de los dos procesos de conversaciones de paz fallidos, el de Argel en 1989 y el de Zúrich en 1998, en que, según coincidieron el PSOE y el PP, la dirección de la banda no tuvo voluntad real de lograr la paz.

Sin muertos ni Lizarra

Pero el Ejecutivo socialista cree también que el contexto en que se produjo el Pacto Antiterrorista ha cambiado. En diciembre de 2000, cuando socialistas y populares firmaron el pacto, ETA había matado a 21 personas desde la ruptura de la tregua, producida un año antes, en una campaña de exterminio de los no nacionalistas del País Vasco. Tampoco el PNV y Eusko Alkartasuna (EA) habían denunciado el Pacto de Lizarra-Estella, el acuerdo de unidad nacionalista, avalado por ETA, que les vinculaba a Herri Batasuna, su brazo político.

De ahí que el Pacto Antiterrorista de diciembre de 2000, en su preámbulo, exija como "requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político con el PNV y EA" que "rompan con el Pacto de Estella y el abandono de sus organismos", en referencia a Udalbiltza, la asamblea de municipios integrada por alcaldes y concejales de PNV, EA y la después ilegalizada Batasuna, que excluyó a los representantes de los partidos no nacionalistas.

El Gobierno de Zapatero toma nota de que aquella Udalbiltza ya no existe y de que el PNV y EA no se mueven en las coordenadas del Pacto de Estella. El Ejecutivo estima también que el encuentro que Zapatero mantuvo con el lehendakari en funciones, el jueves pasado, confirmó que Ibarretxe y el PNV ya no está una estrategia de unidad nacionalista y la exclusión de los no nacionalistas. El PNV se ha mostrado dispuesto a formar parte de una ponencia parlamentaria de reforma del Estatuto vasco con participación de todos los partidos.

El Ejecutivo se muestra preocupado por la dura reacción del PP ante la reunión de Zapatero con Ibarretxe, que vino precedida de los ataques de los dirigentes del primer partido de la oposición por no haber impugnado ante los tribunales la lista del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera).

En este último caso, el Gobierno insiste en que se ha ajustado al "espíritu y letra" de la Ley de Partidos y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige sobre la ilegalización de un partido que se pueda probar una "actuación delictiva grave, continua y reiterada", que no se ha producido en EHAK por su breve recorrido.

En el caso de la reunión de Zapatero e Ibarretxe, el Gobierno cree que el PP, "además de ignorar que no se trató de ninguna negociación sobre ETA, no quiere reconocer que la situación del PNV ya no es la que tenía cuando firmó el Pacto de Estella".

El Gobierno también considera vigentes otros dos principios del Pacto Antiterrorista, recogidos en el primer punto del mismo, y que "el PP vulnera". Por un lado, que "al Gobierno le corresponde dirigir la política antiterrorista" y que los partidos de la oposición deben apoyarle. Y, por otro, que hay que eliminar del ámbito de la confrontación política y electoral la lucha antiterrorista.

El Ejecutivo cree necesario abordar estas cuestiones con el PP para recomponer la unidad democrática. Confía en poder hacerlo, pasadas las elecciones gallegas del 19 de junio, y también en comprometer a todos los partidos democráticos en un acuerdo unitario que tenga en cuenta la nueva situación vasca y que sirva para "el final de la violencia de ETA".