¿Protegidos o espiados?

La sacudida que ha producido en el Ayuntamiento de Málaga el conocimiento de un informe confidencial de la Policía Local sobre las actividades públicas y privadas de una concejal del equipo de gobierno ha generado incertidumbre, desconfianza y muchas incógnitas entre los miembros de la corporación. Hasta el extremo de que incluso se ha llegado a cuestionar la conveniencia de que todos los ediles dispongan de escolta. Esta decisión fue tomada por acuerdo de todos los grupos políticos tras el asesinato de José María Martín Carpena en julio de 2000, y la retirada requeriría del mismo consenso.

Ningún grupo político cuestiona la labor individual de los escoltas, con quien los concejales comparten muchas horas de convivencia diaria. Lo que el informe sobre Rosa Agüera ha puesto en entredicho es el uso político que puede llegar a darse a la información de la que dispone la policía sobre las actividades de los concejales, quién tiene acceso a ella y para qué fin.

El informe contiene valoraciones que dejan en mal lugar el trabajo de la edil Rosa Agüera

Los dos grupos de la oposición están convencidos de que existe esta intencionalidad y culpan de ello al coordinador del área de Seguridad, Carlos Rubio, a quien atribuyen un cierto "afán controlador" desde su etapa como subdelegado del Gobierno en la provincia.

Rubio asegura que "jamás" ningún mando ni cargo político ha encargado un informe como el de Rosa Agüera, pero reconoce haber tenido acceso a la información que los escoltas suministran a sus jefes sobre los movimientos de los concejales que, en teoría, únicamente deben servir para mejorar el servicio de protección.

Curiosamente, tras la filtración del informe que desató una tormenta política, ningún miembro del equipo de gobierno dio la cara, y se dejó la reacción en manos de Carlos Rubio, que convocó una conferencia de prensa en la que ciñó el problema exclusivamente a la filtración de un informe confidencial, algo que consideró puede constituir una actuación delictiva.

Poco después, el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, se desmarcó y cuestionó que se hagan informes sobre la vida privada privada de los concejales. De nuevo se ponen de manifiesto las diferencias internas en el seno del PP.

Rosa Agüera, concejal del Distrito Centro, pertenece al grupo más afín al presidente provincial, y la dirección del partido medió para que continuara en su cargo en la última remodelación de concejalías que realizó el alcalde, Francisco de la Torre.

Carlos Rubio, fichado por el alcalde tras su cese como subdelagado del Gobierno, está enfrentado a Ramírez, y sondeó las posibilidades de una candidatura alternativa a éste en el último congreso provincial. Cuando se incorporó al Ayuntamiento, Rubio, que es también coordinador de distritos, llevó consigo como director del de centro al que fue su jefe de gabinete en la subdelegación, Juan Francisco Gutiérrez, que ha mantenido sonoras discrepancias con la concejal.

Al margen de su convencimiento de que existen informes confidenciales sobre otros concejales, la oposición está convencida de que en el caso del realizado sobre Agüera había una intención de dejar en mal lugar a la edil.

Por ello creen que el informe, elaborado por un cabo de la policía con los datos suministrados por el escolta, contiene valoraciones sobre el poco trabajo de la edil. Entre otras cosas se afirma que se demora como norma general entre una hora y media y dos horas, y que tras asistir a misa, a la peluquería y a comercios, sólo permanece en el distrito "entre media y una hora". También se afirma que "no suele acudir al distrito por las tardes" y que "en los últimos tiempos parece ser que acude a los lugares que conoce que el señor alcalde tiene algún acto previsto, aunque no le haya avisado para tal efecto".

Según el equipo de gobierno, la intencionalidad del informe era poner de manifiesto el descontento del escolta con un horario exigente desde las 8.30 hasta las 00.00 horas "y de forma continuada". Son comentarios que en nada tienen que ver ni con la mejora de la protección, ni con la reivindicación laboral del escolta y que hacen sospechar a concejales de de la oposición y del Gobierno que son espiados.