La financiación, un juego de suma cero

La financiación autonómica, el mecanismo que distribuye los recursos entre las comunidades, ha irrumpido con fuerza en el debate político tras el plan que ha presentado la Generalitat de Cataluña. El Gobierno que preside Pasqual Maragall ha planteado incluir en su Estatuto de Autonomía la creación de una Agencia Tributaria autonómica que recaudaría la totalidad de los impuestos cedidos parcialmente a las comunidades (IRPF, IVA e impuestos especiales) y el de sociedades. El proyecto prevé que Cataluña cedería un máximo del 50% al Estado. Es decir, un sistema similar al régimen foral del País Vasco y Navarra, conocido como cupo.

Esta propuesta ha sido rechazada por el resto de comunidades y cuestionada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El argumento principal es que una comunidad de régimen común como Cataluña no puede concretar su financiación en el Estatuto y que este asunto no puede tratarse de forma bilateral con el Estado, sino resolverse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro en el que están el Gobierno central y todas las comunidades autónomas.

Los expertos sostienen que la propuesta catalana resta recursos a la "caja común"

Pero, ¿qué consecuencias tendría la aplicación de este plan? Los expertos consultados y la Administración autonómica destacan la imposibilidad de hacer una proyección fiable sobre su repercusión, entre otras cuestiones porque los datos que hay son de 2002, el primer año de funcionamiento del sistema actual, y hay que ver su evolución.

El modelo vigente, consensuado por todas las comunidades, establece que el Estado cede a las autonomías el 33% del IRPF de lo que se recauda en su territorio, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco). El Estado completa el dinero para las autonomías que lo necesiten con el fondo de suficiencia.

José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, explica que en 2002 el 51% de la financiación autonómica de Andalucía procedió de sus recursos tributarios, mientras que el 49%, del fondo de suficiencia. En el caso de Cataluña, el 83% llegó de sus tributos y el 17% de este fondo.

Con su fórmula, el Gobierno catalán espera obtener una financiación adicional de 2.400 millones de euros al año, lo que le daría suficiencia financiera plena, pero dinero que se restaría a la caja común. Sánchez Maldonado afirma que para que todas las comunidades ganasen con este sistema, Andalucía, por ejemplo, tendría que quedarse con el 75% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. Pero esto generaría un problema. "El Estado se quedaría sin nada", dice Sánchez Maldonado, "esto es un juego de suma cero", es decir, lo que gana un jugador, lo pierde otro. Madrid es, de largo, la que más ganaría.

Diego Martínez, profesor de Teoría Económica de la Universidad Pablo de Olavide, también echa sus cuentas acerca de lo que Andalucía necesitaría para tener un grado de autonomía financiera similar al de Cataluña: la participación de Andalucía en el impuesto sobre la renta "debería doblar a la catalana" y en el IVA, "un incremento de entre 10 y 15 puntos sobre la Generalitat". Martínez, miembro del Centro de Estudios Andaluces, señala que es "inviable" que el modelo de Cataluña se extienda al resto de España. "Las fórmulas del cupo vasco y la aportación navarra están diseñadas con un importante sesgo a favor de las haciendas de los territorios históricos y su extensión al resto del país dejaría sin recursos, casi literalmente, a la Administración central", afirma.

Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, señala que "no se pueden sacar números exactos". "La propuesta es bastante ambigua. El documento dice que la Generalitat seguiría con un mecanismo de contribución, pero no dice cuánto. Lo único claro es que se reduciría la aportación de Cataluña a la caja común y esto supondría menos recursos", añade.

Luis Ángel Hierro, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Sevilla y diputado socialista, afirma que "habría comunidades que no ingresarían dinero suficiente para prestar servicios" y que se "necesitaría más fondo de suficiencia, pero el problema es que Cataluña limitaría sus recursos". Hierro añade que el plan de Cataluña es "inaceptable" por dos cuestiones. Primero, por "la imposibilidad" de que una comunidad pueda recaudar todos los tributos. "Eso no existe en ningún país del mundo", afirma. Y segundo, porque no se pueden "poner límites a lo que aporta cada territorio".

¿Y si Andalucía asumiese tal cual la propuesta catalana? "Con los datos de 2002, la cesión del 50% del IRPF a Cataluña supondría que esta comunidad tendría unos ingresos adicionales 1.720 millones de euros, mientras que Andalucía tendría una financiación adicional de 901 millones. Cataluña obtendría el doble de financiación adicional", afirma Sánchez Maldonado.

Un argumento que esgrime la Generalitat para defender su propuesta es que su esfuerzo fiscal es superior al de la mayoría de comunidades. Los cuatro expertos consultados impugnan esta tesis. "Es una barbaridad hablar de balanzas fiscales. Va contra todos los postulados progresistas", afirma Sánchez Maldonado, quien precisa: "Los territorios no pagan impuestos. Los pagan los ciudadanos y no hay presión fiscal superior entre unos territorios y otros". Por su parte, Luis Ángel Hierro añade: "Poner límites a la tributación que hace una agrupación de personas en un territorio no es lógico".

De cara al futuro, De la Fuente destaca que la población debe seguir siendo la principal variable para el reparto de recursos entre las autonomías y que habría que avanzar en la capacidad normativa que tienen las autonomías, es decir, en la capacidad para subir o bajar impuestos. Idea que corrobora Sánchez Maldonado: "Hay que buscar más dinero y dar más responsabilidad fiscal a las autonomías, que han sido irresponsables y han bajado los impuestos con deducciones, salvo el céntimo sanitario que introdujeron Asturias, Madrid, Cataluña y Galicia".