Rechazo unánime de los grupos parlamentarios

Los cuatro grupos con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, PP, IU y PA) coinciden en oponerse al proyecto del Gobierno catalán de definir en su Estatuto de Autonomía el modelo de financiación autonómica al que aspira.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, afirma que "cualquier propuesta que afecte al sistema de financiación de una comunidad de régimen común afecta al resto de comunidades", por lo que destaca que Cataluña no puede decidir establecer una relación bilateral con el Gobierno central para fijar su financiación. "Es cierto que los estatutos hablan de cuestiones generales de financiación autonómica. Otra cosa es la pretensión de concretar principios distintos a la LOFCA

[Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]", asegura Gracia, quien añade que cualquier modificación debe resolverse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos. "Respeto la iniciativa de Cataluña, pero debemos opinar todos y que se canalice a través del CPFF sin perjuicio de que haya reuniones bilaterales", afirma.

El portavoz del PSOE subraya que la propuesta catalana supone un cambio sustancial del sistema vigente y que su aplicación afectaría a materias tan importantes como las inversiones del Estado o la solidaridad interterritorial.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, apunta que Andalucía debe "decir un no sin tibiezas". "Es inconstitucional. Limita la disponibilidad de fondos y supone una mutilación de la igualdad y la solidaridad", afirma Sanz, quien destaca el consenso que logró el actual sistema. Sanz destaca que el plan del tripartito "pasa del reparto por población a hacerlo por el esfuerzo fiscal y el PIB, lo que, a su juicio, "es una agresión intolerable a Andalucía". Pese al rechazo público del presidente de la Junta al plan, Sanz considera que Manuel Chaves no ha sido suficientemente contundente en rechazar el plan de la Generalitat.

Concha Caballero, portavoz de IU, apunta que hay que decir "no" al sistema que propone Cataluña porque "plantea un modelo social y territorial diferente. La solidaridad se cuestiona y también el papel del Estado para igualar a los ciudadanos". Caballero destaca que la limitación de la solidaridad es "un concepto de derechas", algo "incongruente" con la ideología de los tres partidos que forman el Ejecutivo catalán. Apunta también como elemento negativo que se pretenda "repartir las inversiones por el PIB de cada comunidad".

El portavoz del PA, José Calvo Poyato, recalca que "un sistema que pueda aumentar los desequilibrios es inasumible". "El criterio de la población y el territorio es fundamental para atender la cobertura de los servicios que se da a los ciudadanos", dice Calvo, quien ve "especialmente grave introducir elementos que limiten la solidaridad". "No quiero privilegios, pero sí igual que los demás", añade.