"Le hemos dado un golpe muy duro al trabajo ilegal"

Gloria Sánchez (Madrid, 1959) cree que la "normalización" de trabajadores irregulares que acaba a las 12 de la noche de hoy es la primera de las realizada hasta ahora que va a permitir aflorar las bolsas de trabajo irregular en toda España. "Es un duro golpe al trabajo ilegal, con el objetivo puesto en mejorar las condiciones de los inmigrantes" y darles estabilidad laboral, afirma.

Pregunta: ¿Qué destacaría del proceso de regularización de inmigrantes que acaba hoy?

Respuesta: Yo destacaría que va dirigido a que afloren los extranjeros que están en el mercado laboral de manera irregular, no a regularizar a cualquier persona en situación irregular. Por eso se ha pedido un contrato de trabajo y que éste se mantenga seis meses, o que el alta en la Seguridad Social se produzca dentro de los 30 día siguientes a la autorización. Hemos buscado la estabilidad laboral e intentado evitar el fraude de las altas [en la SS] de dos días.

"Los sindicatos y las patronales del País Vasco están colaborando"

P. ¿Cree que esta nueva regularización ha propiciado el denominado efecto llamada?

R. Creo que no, porque se exigía estar empadronado antes del 7 de agosto de 2004. Y eso impide regularizaciones posteriores.

P. ¿Cree justificadas las críticas de algunas organizaciones humanitarias?

R. Creo que lo que esperaban era un proceso como otros, en las que se regularizaran personas sin pedir ningún requisito. Y la finalidad de ésta era aflorar a quienes estuvieran en el mercado laboral de manera irregular, reconociéndoles derechos y mejorando su situación.

P. ¿Y los trabajadores que se legalizan, qué porcentaje pueden suponer sobre el total de los que están en situación irregular?

R. Es muy difícil saberlo. Nosotros estimábamos que en Álava podían ser mil y pico, y estamos a día 5 con 1.459 peticiones presentadas y 1.329 admitidas. Esto es un golpe al trabajo ilegal, a la economía sumergida. Pero hay que ser realista y saber que un pequeño porcentaje siempre va a haber, a pesar de que en el País Vasco las patronales y los sindicatos están colaborando.

P. ¿Qué papel va a jugar la Inspección de Trabajo ahora?

R. Ya tiene una instrucción para investigar posibles bolsas de fraude y trabajo ilegal. Lo está haciendo durante el proceso y lo va a hacer, a fondo, después, algo que nunca se ha hecho.

P. A instancias de los ayuntamientos, al final aceptaron también otras formas de acreditar la estancia.

R. Después de reuniones con los ayuntamientos y las organizaciones relacionadas con inmigrantes, y a petición del Defensor del Pueblo, en abril se acordó el uso conjunto de una serie de documentos, como uno que ya existía desde 1997, es decir el certificado del empadronamiento por omisión. No reformamos el proceso como se dijo, sino que utilizamos esa fórmula que ya existía. Además, se ha dado más plazo para aportar ese papel.

P. Ayer SOS Racismo anunciaba que iba a presentar de golpe en Vitoria 400 solicitudes de empadronamiento por omisión

R. Esa es una batalla de SOS con el Ayuntamiento de Vitoria por unas solicitudes de empadronamiento que está en los tribunales: está al margen de este proceso.

P. El certificado de penales es otra novedad.

R. Hemos hecho un gran esfuerzo poniendo en marcha una base de datos con todas las firmas posibles de todas las personas con poder de firma para dar esos certificados en los distintos consulados.

P. ¿Cree que el proceso ha estado bien organizado?

R. Lo dicen también patronal, sindicatos y organizaciones humanitarias. La presentación de solicitudes se ha hecho en oficinas ex profeso para ese fin, en cada una de las tres provincias. Allí se han metido los datos directamente en la base de datos del Ministerio de Trabajo que hace el seguimiento de los requisitos y la concesión de la autorización se remite a las subdelegaciones, condicionada a que en 30 días se produzca el alta en la SS. Cuando la autorización es definitiva, el expediente pasa a la comisaría y de allí a los trabajadores.