Caldera calcula que sólo 100.000 de los 800.000 'regularizables' se quedarán fuera del proceso

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer, víspera del final del proceso de regularización de extranjeros, que la Administración ya ha resuelto un tercio de las 600.000 peticiones de normalización presentadas. La cifra de solicitantes, según sus cálculos, se situará cerca de las 700.000. "Como habíamos hablado de un máximo de 800.000 posibles legalizables en edad de trabajar", explicó Caldera, "esto quiere decir que se pueden quedar unos 100.000 en esta situación [de irregularidad]", bien por no haber querido acogerse al proceso bien por no cumplir los requisitos.

Los extranjeros con posibilidad de legalizar su situación tienen hasta la medianoche de hoy para cumplimentar la documentación. Una vez cerradas las oficinas y recogidas todas las solicitudes, "todo el sistema se dedicará a controles y análisis de los expedientes" entregados, precisó Caldera. "Posiblemente hoy habrá una acumulación importante de personas", lo que hará necesario un refuerzo de la vigilancia de las fuerzas de seguridad en las oficinas de presentación. "Yo espero que las personas que vayan a presentar sus papeles tengan un comportamiento cívico", añadió.

Caldera está convencido de que en julio habrá finalizado todo el proceso, "con un porcentaje muy alto de aceptaciones, porque quien se presenta en la Seguridad Social tiene una voluntad de limpieza y de legalidad". El ministro, tras explicar que 100.000 "o más" de los regularizables quedarán fuera del proceso, advirtió a quienes no se hayan podido acoger que "se intentará repatriarlos, porque la inmigración tienen que ser legal". Caldera explicó que desde la llegada del PSOE al poder se ha devuelto a sus países de origen a 120.000 extranjeros irregulares.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta a Caldera en la que le reitera su petición de prorrogar 90 días más el proceso de normalización de extranjeros vinculado al puesto de trabajo, al objeto de una mejor conclusión del mismo. Llamazares ve imprescindible la prórroga, dado el número de inmigrantes que finalmente no se ha podido acoger a este sistema.

Divergencia de cifras

La portavoz de Asuntos Sociales del Partido Popular, Ana Pastor, manifestó ayer su total desacuerdo con la política de inmigración del Gobierno, al considerar que ha provocado el "caos y la incoherencia más absoluta". A su juicio, de los 800.000 inmigrantes que calculó el Ejecutivo que se podían regularizar "no hay ni 20.000 que tengan puesto de trabajo", por lo que pidió al Gobierno más "humildad" y que trabaje para construir "una política real de inmigración como la que hacen todos los países europeos", informa Europa Press.

Cada organización sindical u ONG consultada ayer ofrecía un cálculo distinto de las personas que se quedarán fuera del proceso. La Asociación pro Derechos Humanos aseguró que serán 900.000, es decir, todas las que se calculaba que estaban sin papeles y algunas más. El sindicato USO rebajó la cifra a 700.000, mientras que Comisiones Obreras de Cataluña dijo que en dicha comunidad no podrán acogerse al proceso 110.000 inmigrantes de los 220.000 posibles. SOS Racismo, por su lado, cifra la bolsa que quedará en la irregularidad en 500.000 extranjeros. Todos estas cifras se basan en estimaciones.